VALÈNCIA. El proyecto del nuevo edificio de oficinas impulsado por Boluda Corporación Marítima en el Puerto de Valencia sigue su tramitación en el Ayuntamiento de València después de que el consistorio ordenase la paralización de las obras por falta de licencia. En este marco, el consistorio preguntó a Puertos del Estado para que informase sobre la legalidad del proyecto en relación al planeamiento urbanístico, pero el organismo rehúye dar información al respecto.
El servicio de Licencias del Ayuntamiento envió el requerimiento el pasado 7 de abril, tres semanas antes de que se ordenase la paralización de las actuaciones emprendidas por la compañía sin título habilitante, para que informase, en concreto, sobre "la viabilidad del proyecto presentado con el planeamiento vigente de aplicación al dominio público portuario", dado que este "únicamente define ese ámbito como sistema primario de infraestructuras portuarias".
Además, le consultaba sobre "si el proyecto de edificio de oficinas resultaría autorizable conforme a las determinaciones" del Plan Especial del Puerto 2, impulsado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y que está en tramitación. Sin embargo, el organismo rechaza aclarar ninguno de los dos extremos, al menos a preguntas parlamentarias realizadas por el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, a las que ha tenido acceso este diario.
La formación valencianista preguntó a través del Congreso de los Diputados sobre este proyecto al organismo de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. Pero sin mucho éxito. El ente señala, en contestación al diputado y en referencia al escrito del Ayuntamiento, que "no corresponde ni a Puertos del Estado pronunciarse sobre la conformidad o no del proyecto con el planeamiento urbanístico vigente" porque dicha materia está "atribuida" a "la competencia exclusiva de esa corporación municipal".
También evita hacer ninguna manifestación sobre el futuro planeamiento: "En relación con la compatibilidad del proyecto con las determinaciones del Plan Especial del Puerto 2 que se encuentra en tramitación, la competencia para determinar la compatibilidad de un proyecto con la legalidad urbanística (incluida la que se encuentre en tramitación) corresponde a la Corporación Municipal", reitera.
Tras conocer la respuesta, el diputado Alberto Ibáñez criticó duramente al Puerto de València al considerar que "nuevamente da la espalda a los intereses de la ciudad", así como al Gobierno central que "se desentiende a favor de una gran multinacional que castiga fuertemente nuestras costas". "Obviamente, sin menoscabar la competencia urbanística del Ayuntamiento de València ni de la Generalitat, no podemos entender que Oscar Puente repita otro brindis con la señora Catalá y Carlos Mazón alejándose del interés general para buscar congraciarse con el señor. Boluda", aseguró.
La iniciativa impulsada por la compañía del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, busca acometer la reforma del edificio de la antigua Unión Naval de Levante así como la construcción de un nuevo bloque de oficinas de 13 plantas con emplazamiento en el paseo Caro del Puerto. Sin embargo, se iniciaron las actuaciones cuando todavía faltaban informes preceptivos en la tramitación municipal.
Así, estaban pendientes de entregar la respuesta de Puertos del Estado pero también otros informes de Sanidad y Territorio, solicitados el 7 de enero, y otro de Cultura y Deportes, solicitado el 30 de enero. Por otro lado, la resolución municipal que ordenó la paralización de las obras recordaba que existía un informe desfavorable del servicio de residuos sólidos, y que según el servicio de Actividades, en otro informe, el proyecto se basa en un planeamiento todavía en tramitación. Preguntadas fuentes del consistorio, no aclararon todavía si estas deficiencias se han subsanado y si se han presentado los informes que faltaban.
