VALÈNCIA. Adelgazar la burocracia, simplificar la tramitación para agilizar inversiones y mejorar la atención de la Administración a la ciudadanía han sido uno de los principales retos que se fijó el Consell de Carlos Mazón desde el principio de la legislatura. Y, para ello, en mayo de 2024, la Generalitat Valenciana presentaba su plan 'estrella' para conseguir este objetivo: el Plan Simplifica. Una norma que, sin embargo, finalmente se aprobó en julio como proyecto de ley, pero que, en esencia, contenía el mismo espíritu, basado en el "principio general de mínima intervención administrativa, pero sin dejar de lado la buena regulación", según expresó el presidente de la Generalitat durante su presentación.

De este modo, la nueva normativa reduce la burocracia en todos los departamentos autonómicos al eliminar o modificar 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y más de 500 artículos. Además, incluye algunas novedades como la creación de la figura de las entidades colaboradoras de certificación y la declaración responsable visada con las que se abre la puerta a la colaboración con colegios profesionales; el Canal Empresa; o impulsa las declaración responsables por encima de la licencia para abrir un negocio, entre otras.

Unas novedades que fueron muy bien recibidas por la mayoría de la industria valenciana, hastiada de los tediosos y eternos procesos, que no en pocas ocasiones han ahuyentado o lastrado inversiones por los largos tiempos administrativos. Un año después de aquel anuncio, la sensación es positiva, pero también existen retos y cuestiones que seguir puliendo en diferentes ámbitos sectoriales. Por lo menos, eso es lo que opinan desde patronales de sectores como la promoción inmobiliaria, las renovables o el metal. Aciertos, sí, pero también deberes por delante para favorecer el desarrollo de nuevos proyectos en tierras valencianas.

Una mayor agilidad en la tramitación de las renovables

Una de las áreas más perjudicadas históricamente han sido las renovables. Tanto es así que el despliegue de estas tecnologías en la Comunitat Valenciana en los últimos años se sitúa a la cola de España, con críticas continuadas por parte de las empresas por el tapón de expedientes pendientes de resolver, con momentos de hasta 400 proyectos en el aire. Por ello, una de las prioridades ha sido incidir en esta materia acotando los plazos y los trámites exigidos, medidas que han aligerado la carga de trabajo. "Estamos bastante satisfechos. Es cierto que aún existe un gran volumen de expedientes pendientes, pero también se han autorizado bastantes y la sensación que tenemos es de agilidad", remarcan desde la patronal valenciana Avaesen.

En este sentido, explican que uno de los grandes problemas era que los proyectos se eternizaban en los diferentes departamentos de la administración porque se iban pasando de Consellerias, exigiendo cada vez nueva documentación. Ahora, en cambio, se requieren informes desde un único departamento y en menos plazo, por lo que un expediente "no va dando tantas vueltas" y se agilizan los tiempos. "La mejor comparativa es que se han aprobados cerca de 1000 MW y los expedientes se mueven, mientras antes no pasaba eso. Todavía hay un tapón, pero porque la mayoría de iniciativas son de hace cinco años y se suman las que van entrando nuevas", comentan.

Asimismo, destacan que "ahora se informa, tanto si se autoriza como si se deniega, y eso es algo importante para el promotor". También, contribuirá la ayuda de entidades colaboradoras en la revisión de las propuestas para cumplir con lo exigido por el sector: que en un año se informe sobre un proyecto, tanto de forma positiva como negativa. Eso sí, reclaman que estas empresas externas y autorizadas puedan precalificar y preinformar para que los expedientes lleguen "más limpios" a los órganos competentes. De igual modo, ponen como cuestión pendiente que la propia autorización lleve implícita la capacidad de hibridación de un parque en temas de baterías y almacenamiento, algo que aún no sucede.

Permisos de obra más rápidos

De igual modo, valoran esta reducción normativa desde la patronal de las promotoras valencianas, Aprova. En su caso, destacan el uso de las entidades colaboradoras en la expedición de permisos de obras. Cierto es que esta colaboración ya existía, pero con el cambio normativo, los promotores resaltan que ahora sí es una realidad porque antes recurrir a ellas estaba al albur de lo que decidiera cada ayuntamiento y ahora está fijado en una ley autonómica de obligado cumplimiento. "Desde entonces fluye más y ha aligerado el tapón de las licencias de obra. Estamos mejor que antes", apuntan.

No obstante, también ponen deberes a la administración. Una de sus exigencias es recurrir a estas firmas acreditadas para las calificaciones de VPO porque los plazos actuales hasta conseguir la provisional pueden llegar a los 14 meses, un tiempo que consideran demasiado largo dada la emergencia habitacional actual. Y sin esa calificación provisional, la obra de vivienda protegida no arranca. 

Asimismo, solicitan medidas para desatascar el tapón de expedientes que hay en el Servicio de Industria y Energía para las conexiones eléctricas y centros de transformación de las promociones porque muchas están acabadas, pero no se pueden entregar sin esa autorización. Un problema que, de hecho, también afecta al sector comercial, que expresa que existe un "atasco brutal" en las autorizaciones de explotación para centros de seccionamiento y líneas de media tensión, lo que impide la puesta en funcionamiento de muchos establecimientos. Por ello, instan a poner más recursos en este sentido y simplificar el trámite.

Desde el comercio, asociaciones como Confecomerç, Anged y Asucova pidieron que las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) tuvieran una vigencia indefinida y así ha sido, por lo que se sienten satisfechos. En cualquier caso, desde la patronal de los supermercados inciden en que se debe resolver el bloqueo en Industria porque eso frena el desarrollo de nuevos negocios. Desde la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) valoran positivamente el decreto de simplificación y la aprobación de las entidades colaboradoras de certificación. "Necesitamos que se trabaje con las direcciones correspondientes de cada departamento y los servicios territoriales para ver qué procedimientos sí y que no podría beneficiarse de la entidad colaboradora, pero valoramos las acciones positivamente", señalan. Actualmente, la patronal también está coordinada con la administración para solucionar el problema de las conexiones eléctricas. "Esto sería potente y ya se está trabajando en ello", destacan.

Mientras, aunque aprecian que en industria muchas cuestiones avanzan por declaración responsable, sí que hay asuntos específicos que piden revisar, como la necesidad de la firma digital de un titular en algunas cuestiones". También señalan la voluntad de la administración por automatizar procesos que eran "muy de formulario". Entre éstas, destacan que aunque estaba automatizada el alta de un trabajador en una obra, por ejemplo, no lo estaba su renovación. "Ayudamos a identificar flecos y se han modificado cuestiones en las que no hacía falta cambiar la norma".

Por su parte, desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) lamentan que el el decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales no estuviera incluido en el proyecto de ley para reducir las trabajas burocráticas. No obstante, ya están en conversaciones con la dirección general pertinente para ver cómo llevar a los colegios de arquitectos los proyectos de los centros nuevos para que pudieran realizar un visado previo. "Esto facilitaría mucho empezar a construir", recalcan.

"La situación de escepticismo alrededor del proyecto era alta"

Desde la administración también están conformes con su avance. "Hemos conseguido casi todo lo que nos habíamos propuesto. La gente me decía que estaba loco por calendarizar lo que iba a hacer y diría que, si hay algo que no hayamos cumplido, estamos en vías de hacerlo", señala el director general de Simplicación Administrativa, Francisco Ortega, a Plaza. "Cuando llegué aquí, la situación de escepticismo alrededor del proyecto era alta. Hay una labor de gestión del cambio a nivel cultural y, para diseñar el plan, hicimos más de 300 reuniones. Tres reuniones por día hábil desde noviembre hasta marzo. Y aunque, como decía, al principio había mucho escepticismo, luego se empezó a ver el impacto", señala, aunque reconoce que la situación generada por la Dana puede haber lastrado algunas cuestiones.

Si se recurre al calendario presentado en la presentación de 2024, cabe señalar que realmente se han cumplido buena parte de los hitos planteados a nivel de normativa que avance en la simplificación vinculada al ámbito empresarial. En junio de 2024 se aprobaba el decreto por el que se regula el Registro de personal funcionario habilitado de la Generalitat, sistema para acercar a las personas físicas el acceso a los procesos telemáticos a la administración. A finales de 2024 se aprobaba en Les Corts el proyecto de ley de simplificación administrativa, que se vio retrasado tras la salida de Vox del Consell. 

En el mes de febrero de 2025 se presentaba el Canal Empresa, una plataforma para agilizar y simplicar trámites burocráticos y asistida con inteligencia artificial. En marzo se daba el visto bueno en el Consell al decreto que regula las entidades colaboradoras de certificación y los entes habilitados en el ámbito de la simplificación administrativa. Por último, en abril de 2025, se aprobaba el decreto de simplificación administrativa y transformación digital, una norma de dimensión organizativa de la propia administración que promueve cuestiones como una mejor gestión del dato o las bases para la automatización de actos administrativos.