VALENCIA. El kilómetro cero de la CV-365 es la encrucijada de la ruina. La salida 4b de la pista de Ademuz, ofrece tres alternativas marcadas por el cierre, el desahucio y la reestructuración. A través de esta vía se puede llegar hasta el edificio de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y, tras una vuelta de rotonda, a Teyoland y Feria Valencia.
La primera empresa ha cerrado el expediente de regulación de empleo (ERE) sobre la totalidad de su plantilla con un coste para las arcas públicas de unos 84 millones de euros y unas condiciones para los trabajadores que pasan por una indemnización de 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades.
Tras un domingo marcado por la incertidumbre, finalmente tanto la Generalitat como la dirección han optado por saltarse la clausula de su última propuesta que exigía la unanimidad para sacar delante el acuerdo, anteponiendo el respaldo del 70% de los trabajadores y de 21 de los representantes sindicales en el comité de empresa a la negativa de los dos únicos representantes de CGT.
Después de dos décadas de gestión que han multiplicado su deuda hasta los 1.200 millones de euros, la anulación del anterior ERE llevó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a abandonar cualquier intento de reflotación y a ordenar el cierre y liquidación de la empresa, lo que ha dejado en la calle a 1.600 trabajadores y ha afectado a una industria audiovisual local con más de 3.000 empleos.
LA REVOLUCIÓN FERIAL
Desde enfrente, Feria Valencia ultima los preparativos para su reestructuración integral. Después de dos ERE que han reducido a la mitad su plantilla, fruto de la situación económica general y de la propia crisis del modelo de negocio de los recintos feriales, el nuevo presidente, José Vicente González, busca hacer borrón y cuenta nueva para disipar cualquier posibilidad de cierre.
En unas semanas, se espera concretar con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia la naturaleza jurídica de la entidad, privada hasta que el Banco de España ordenó contabilizar su deuda como pública al alcanzar el 50% de sus ingresos el dinero inyectada desde el Consell.
La idea actual es establecer una nueva empresa estrictamente privada que asuma la gestión de los certámenes, separada del complejo y toda la deuda que arrastra. La medida iría acompaña de una reestructuración de personal en función de las nuevas necesidades laborales de la empresa.
Por el momento, el modelo de negocio de la nueva sociedad está dando buenos resultados en las pruebas que se han realizado y que pasan por la concentración de certámenes (como se ha hecho con Cevisama, Habitat Valencia y Fimma Maderalia) y por organizar citas feriales en otras ciudades, como Madrid o Barcelona, en función de la conveniencia de los expositores.
Habría que definir a quién corresponde y cómo se articula la comercialización de los espacios del recinto, arrendado en el caso del pabellón 7 a una empresa externa, Teyoland, que no ha conseguido alcanzar los objetivos que había planteado.
DEL IKEA VALENCIANO AL DESAHUCIO
En el caso de Teyoland, la empresa que pretendía ser el buque insignia del negocio valenciano del mueble frente al desembarco de la multinacional sueca Ikea en Alfafar, no ha aguantado el tirón ni un año. La práctica totalidad de sus 300 trabajadores no sobrepasaron los seis meses de su primer contrato temporal y fueron abandonando la empresa ante la imposibilidad de su renovación.
El 27 de noviembre del pasado año, la dirección anunció que echaba el cierre y, antes de agotar el horario de apertura, el edificio pasó a estar desierto. En los pasillos, los restos del material a la venta espera ser recogido por sus fabricante (la mitad valencianos), ya que la empresa pagaba en función de lo que se iba vendiendo y no contabilizan como activos de la empresa.
Aunque el equipo directivo, capitaneado ahora por Miguel Ángel San José, responsable del grupo inmobiliario Daemi, aseguró que se estaban tomando medidas para reabrir el establecimiento, lo cierto es que fuentes conocedoras de la situación de la empresas no se atreven a concretar la manera de hacerlo, pasados ya cuatro meses.
CON LOS MUEBLES EN LA CALLE
Lo que sí está en marcha es el proceso de desahucio demandado por Feria Valencia, arrendadora del pabellón 7, y a la que la empresa adeuda unos cuatro meses de alquiler, unos 300.000 euros. Aunque la intención de la institución es cobrar lo que se le adeuda y, en último extremo, sacar los muebles a la calle, lo cierto es que el tiempo avanza y el proceso judicial sigue su ritmo sin que se produzca el pago.
En todo caso, sin un demandante para sustituir al inquilino moroso, Feria Valencia no tiene especial urgencia en la desocupación del pabellón. De hecho, se siguen generando unos derechos de cobro en favor de la institución que se pueden ejercerse llegado el momento (al estar por delante del resto de acreedores en caso de concurso), sin que traiga consigo un lucro cesante. No se gana nada con un pabellón vacío.
