VALENCIA. Llegó la hora de la verdad. Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha entrado en la semana decisiva para su futuro. La nueva Ley del Estatuto de RTVV, que se aprobará en el Pleno de las Cortes Valencianas del próximo jueves, fijará las nuevas reglas del juego de la entidad, mientras que la inminente presentación del expediente de regulación de empleo (ERE) establecerá los efectivos reales de la empresa para llevarlas a cabo.

El objetivo del Consell es dejar encarrilado el asunto antes de las vacaciones de verano. Por ese motivo, se ha tramitado la nueva ley por procedimiento de urgencia y se ha habilitado el mes de julio para su aprobación en el actual periodo de sesiones.

También el despacho Garrigues ha tenido que trabajar a marchas forzadas para presentar su propuesta de reestructuración y poder resolver cuanto antes una reducción de plantilla que llevado esperándose desde hace más de un año. Las medidas son múltiples, pero se puede resumir en siete grandes diferencias:

#1 De 1.800 a 600 trabajadores

En los próximos días está previsto que la dirección exponga al Comité de Empresa el documento base del ERE, que ha elaborado el despacho Garrigues. Fuentes conocedoras del proceso señalan que la empresa prescindirá de 1.200 trabajadores sobre una plantilla de 1.800, con lo que el nuevo modelo de radiotelevisión pública pasará a contar con un tercio del personal actual.

Los primeros despidos están previstos para finales de agosto y principios de septiembre, cuando expire el plazo de negociación del ERE que se debe negociar durante un máximo de 30 días. Este recorte afectará especialmente a los departamentos de servicios técnicos, programas y publicidad, cuya actividad será realizada a partir de ahora por empresas privadas.

#2 De la gestión pública a la privatización de franjas horarias y servicios

Actualmente, Canal 9 subcontrata parte de sus contenidos a distintas productoras, pero el nuevo estatuto ampliará la participación privada a todos los contenidos, a excepción de los de servicios público, como los informativos y las producciones de ficción en valenciano. Los responsables de RTVV podrán contratar a un gestor privado para que comercialice determinadas franjas de emisión de Canal 9 y Radio 9 o, directamente, conceder bajo concurso esas franjas a empresas que pagarán un canon y explotarán esas horas según su criterio.

Igualmente, los servicios técnicos, la producción de programas y el departamento comercial pasarán a ser prestados bajo concesión por operadores privados. Distintas productoras privadas ya han manifestado su interés por esta actividad, para la que se plantean recuperar a algunos de los trabajadores de estos servicios que se vean afectadas por los despidos, debido a su experiencia y nivel profesional.

#3 De la financiación en bloque al Contrato Programa

Tras la aprobación de la nueva ley, la Generalitat Valenciana comenzará a elaborar entre julio y septiembre el Contrato Programa que definirá el alcance de la financiación pública de la radio y televisión valenciana. Actualmente, la Administración autonómica costea el 100% del gasto del ente, mientras que el Contrato Programa cubrirá únicamente los contenidos calificados como servicio público.

Estos contenidos se limitarán a los informativos y producciones en valenciano o de las productoras valencianas (que serán al menos un 20% de la programación), según adelantó el vicepresidente del Consell, José Ciscar. El contrato tendrá una vigencia de tres años y se establecerá entre la Generalitat y la entidad resultante de la fusión de las empresas que actualmente forman el ente público.

#4 Recorte de canales de radio y televisión

El redimensionamiento del personal irá acompañado de un recorte de la oferta de canales, según fuentes conocedoras del proceso. Actualmente, RTVV emite en tres canales de televisión (Canal 9, Nou 2 y Nou 24) y en dos de radio (Radio 9 y Sí Ràdio). De ellos, únicamente Canal 9 y Ràdio 9 obtienen unos niveles de audiencia que pueden competir con el resto de oferta audiovisual.

El fin de las emisiones podría llegar para Nou 2, utilizado como contenedor de programas de tipo cultural y social; para Nou 24, especializado en noticias y contenidos informativos; o para Sí Radio, destinada a contenidos musicales siguiendo el modelo de radiofórmula.

#5 De tres empresas a una sola mercantil

El texto de la nueva ley recoge la creación de una nueva empresa pública, Grupo Radiotelevisión Valenciana SA, a la que se trasladarán parte de los activos de las actuales RTVV y sus filiales Televisió Autonòmica Valenciana (Canal 9, Nou 2 y Nou 24) y Ràdio Autonomía Valenciana (Ràdio 9 y Sí Ràdio). Estas tres empresas serán "disueltas, liquidadas y extinguidas", según el anteproyecto de ley.

Con esta fórmula se persigue que el nuevo ente público nazca sin el lastre de la deuda de más de mil millones de euros, que asumirá la Generalitat, ni con las pérdidas también multimillonarias acumuladas en sus cuentas. Entre los activos que sí se traspasarán (y que servirán para capitalizar la nueva empresa) estarán los inmuebles que ocupa y los equipos técnicos y personales, una vez completado el ERE.

#6 De las manos libres al despido por desviación presupuestaria

Incurrir en déficit y endeudarse de forma injustificada será un motivo de destitución tanto del consejo de administración como del director general. Concretamente, en el caso de déficit, no se tolerará una desviación igual o superior al 7 % del presupuesto; mientras que en la deuda, no se permitirá superar en un 10% tanto del presupuesto de explotación como del presupuesto de capital, "excluidos del cómputo del primero los impuestos y los resultados, y del segundo la variación del capital circulante". Ninguno de estos supuesto se veían contemplado hasta ahora como motivo de cese.

#7 De la designación por el Consell al respaldo de la cámara

La nueva norma recoge como novedad la reducción de 12 a nueve los miembros del Consejo de Administración de RTVV, así como la elección del director general por las Cortes. Todos ellos tendrá un mandado de seis años (ampliable a otros tres), pero la polémica entre los grupo políticos ha surgido a la hora de definir la mayoría cualificada para su elección. Mientras que los consejeros deben ser respaldados por 3/5 partes del parlamento, este apoyo sólo es necesario para el director general en primera ronda.

Si el candidato a director no logra este nivel de acuerdo en primera votación, la exigencia se rebaja a una mayoría simple en la segunda. Para la oposición, esta opción favorece que la elección del nuevo responsable de la gestión de la entidad sea voluntad exclusiva de la formación que tenga la mayoría, convirtiendo en un mero trámite la búsqueda del apoyo mayoritario de la cámara en primera instancia.