VALÈNCIA. La Sociedad Agricultores de la Vega (SAV) cerró el pasado ejercicio de 2024 con una facturación de 148,21 millones de euros, un 7,14% más que el año anterior. No obstante, pese a mejorar su cifra de negocio, la compañía redujo su beneficio un 40% al pasar de los 3,2 millones en 2023 a 1,9 millones, según recogen las cuentas anuales de esta histórica empresa valenciana, con más de 2.000 empleados y dedicada a la gestión de residuos y el tratamiento de aguas.
La compañía finalizó 2024 con un importante volumen de contratos tanto a nivel individual como aliada con numerosas de compañías a través de uniones temporales de empresa (UTE). Entre sus principales adjudicaciones destaca la gestión de residuos y limpieza de un área de la ciudad de València. La firma se llevó a finales de 2023 el primero de los tres lotes de este servicio, que se reparte con FCC y Forvasa, por 525,87 millones de euros (IVA incluido) para los próximos 15 años.
Asimismo, la valenciana se ha llevado el contrato para el servicio de recogida de basuras en Polanco (Cantabria), la limpieza viaria en Vinalesa, así como la limpieza de interiores en Tavernes Blanques y Faura o el mantenimiento y conservación de jardines en Benicarló y Ontinyent. También, durante 2024 formalizó ocho UTE para la realización de obras y servicios en Andalucía, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Valencia, según explica en la memoria de gestión que acompaña a sus cuentas.
La mercantil que preside Ricardo Martínez recuerda las duras consecuencias de la Dana del pasado mes de octubre en su negocio. Y es que SAV cuenta con una nave en Paiporta que se vio gravemente afectada por los efectos de la riada en Valencia. "Este fenómeno provocó inundaciones severas, interrupciones de suministro y daños materiales importantes, afectando temporalmente al normal desarrollo de nuestras actividades", admite la compañía, que apunta a un "importante perjuicio tanto en sus vehículos y maquinaria como en infraestructuras".
Una situación que ha derivado en un incremento en los costes de los servicios, por el encarecimiento de factores estructurales como salarios, energía o suministros, así como por los costes extraordinarios derivados de la recuperación post-Dana. Asimismo, explica que afronta ajustes en los presupuestos de la Administración, que "continúan condicionando nuestros contratos y márgenes".
"Ante esta situación, se han instado las correspondientes reclamaciones al Consorcio de Compensación de Seguros y se han suscrito acuerdos con diversas Administraciones para garantizar la continuidad de los servicios públicos que prestamos, planteando distintas alternativas de sustitución de los medios siniestrados. Aunque a la fecha de formulación de estas cuentas aún no se ha concretado el calendario definitivo de cobro ni la cuantía de las indemnizaciones, confiamos razonablemente en que las compensaciones se resolverán conforme a lo previsto, sin comprometer la operatividad ni los objetivos estratégicos", explica en su memoria de gestión.
En cualquier caso, de cara al ejercicio 2025, sus previsiones económicas se orientan hacia una senda de estabilidad y consolidación. Esta expectativa se apoya en "una cartera diversificada y equilibrada de contratos", que asegura la continuidad de sus actividades operativas a medio y largo plazo, señala la mercantil.