VALENCIA. La Operación Crucero ha punto final a la impunidad que el empresario Ángel de Cabo Sanz disfrutó durante años en el oscuro mundo de las crisis empresariales. Aunque su nombre no saltó a las primeras páginas de los periódicos hasta que se hizo cargo del grupo Marsans, su actividad como liquidador era conocida por miles de acreedores de las empresas en las que había desembarcado y por no pocos juzgados mercantiles.

La más que fundadas sospechas de que su operativa  escondía un proceso de ocultamiento de los bienes de las compañías de las que tomaba el control nunca habían desembocado en una denuncia judicial lo suficientemente firme para acabar con una práctica en la que el empresario se sintió seguro. Tanto que pasó de las pequeñas empresas vinculadas fundamentalmente al sector inmobiliario a lanzarse a por el que era el mayor grupo turístico de España.

Hace algo más de un año, cuando De Cabo anunció que se hacía cargo de Nueva Rumasa, ValenciaPlaza.com publicó un reportaje sobre el polémico liquidador. Fue la primera ocasión en que el empresario se mostraba públicamente, con unas fotografías facilitadas por su gabinete de comunicación. Hasta entonces, todo lo que le rodeaba era tan oscuro como su actividad. 

Para entonces ya estaba en marcha la investigación judicial que ha acabado con su dentención, con la mayor fianza de la historia si quiere eludir la prisión provisional. Pero pese a que ha sido el caso Marsans el que ha acabado con su trayectoria, lo cierto es que en los procesos de liquidación en los que había participado anteriormente ya se habían puesto de manifiesto operativas de dudosa legalidad.

El proceso siempre era el mismo: compraba la empresa en problemas por una cantidad simbólica, declaraba el concurso de acreedores y, cuando los administradores concursales trataban de poner orden a la situación ni había bienes con los que responder ni dinero de las supuestas ventas que se habían realizado.

La operativa se repitió en Omega Urbacivil, de Alicante, Vías Canales y puertos, de Jerez, o Teconsa, de León. Y en otras empresas en las que De Cabo entraba utilizando sociedades fantasma. En varios informes de los administradores concursales de estas empresas se puso de manifiesto las dudas sobre cómo había actuado el entorno de De Cabo, que tenía en Iván Losasda su mano derecha, también detenido y con la misma fianza multimilonaria.

Sin embargo, no ha sido hasta Marsans cuando se ha puesto fin a la impunidad con la que De Cabo ha actuado. Entre los acreedores que buscaban una respuesta a porqué sus deudas con empresas en las que el empresario ahora detenido se habían convertido en papel mojado fue creciendo la indignación por la libertad con la que se movía De Cabo.

Solo cuando grandes empresas a las que Marsans dejó pilladas, como Meliá Hotels, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur presentaron una querella por un supuesto delito de alzamiento de bienes se desencadenó una investigación lo suficientemente importante para sacar a la luz un entramado que tiene antecedentes que, de momento, no tienen respuesta.