VALÈNCIA. "Necesitamos una normativa definitiva para las residencias". Así lo apunta José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), quien señala la necesidad de aprobar el nuevo decreto de tipologías y de sacar las más de 30 licitaciones de gestión de residencias públicas. “No podemos seguir con normas transitorias que cambian constantemente. Necesitamos una regulación definitiva que aporte estabilidad y permita a las empresas planificar con garantías”, señala Toro, quien apunta que los cambios en el marco del actual Gobierno van por el buen camino pero no generan por el momento seguridad jurídica.

Además, señala la necesidad de incrementar el número de plazas en residencias. “Si queremos atender a una población cada vez más envejecida, es imprescindible agilizar los procesos", apunta.. Toro insiste en que faltan entre 20.000 y 25.000 plazas nuevas para dar servicio a las crecientes necesidades de la población. También recalca la necesidad de apostar a por el servicio a domicilio, mejorando las prestaciones que reciben las personas para que puedan recibir la atención que requieren. 

- ¿Cómo se ha vivido el cambio del Govern del Botànic al actual Consell en materia de Servicios Sociales?

- Había esperanza en que el nuevo Gobierno pusiera un poco de orden en la situación que había previa. El Govern del Botànic apostó mucho por incrementar el presupuesto en servicios sociales, avanzar en la prestación de dependencia y en el número de personas atendidas. Pero es verdad que había cuestiones como el decreto de tipologías que no se resolvieron bien. Por eso, teníamos esperanzas en que Susana Camarero cambiara la situación y es el camino que estamos recorriendo.

- Más de 30 residencias públicas de la Generalitat con gestión privada tienen el contrato vencido. ¿Este es un buen escenario para el sector?

- Cualquier elemento que dé inseguridad jurídica es malo. De hecho, con el anterior Gobierno, planteamos que era necesario que los concursos estuvieran en vigor y que fueran saliendo las licitaciones. Eso tuvo relación con el famoso acuerdo de noviembre de 2022, en el que se hablaba de la equiparación salarial y de las mejoras de las condiciones de los empleados. Y en este sentido, señalamos la necesidad de avanzar, pero necesitábamos que salieran las licitaciones de manera inmediata. Pasaron siete meses y no salió ninguna. Y, actualmente, aunque parece que van a salir en el primer trimestre de este año, llevan mucho retraso. Esto para las empresas es un problema, porque no tienen seguridad jurídica y se retrasan los pagos. No se puede trabajar así.

- ¿Y por qué este retraso?

- Creo que porque en su momento se paralizó toda la maquinaria de convocar licitaciones. Yo lo achaco a que el Botànic, en algún momento, se planteó revertir estos servicios a la gestión directa. Se pararon los concursos y la maquinaria de la administración, cuando se paraliza, es muy difícil que recupere el ritmo. Luego vino el acuerdo para la mejora salarial del sector y, después, el cambio de Gobierno. Esto ha hecho que nos juntemos con un retraso muy importante y, de hecho, hay centros que llevan más de cuatro años sin contrato. Es muy difícil de entender. 

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- ¿Hay impagos a las residencias sin contratos?

- En los contratos que están en vigor los pagos están siendo más o menos regulares. No hay una queja generalizada. Sin embargo, en los centros que se encuentran con contratos vencidos, el procedimiento no es el mismo. Se alarga mucho, porque es un expediente de resarcimiento y esto lleva un retraso administrativo en el reconocimiento de la deuda y el servicio, por lo que se tarda más en cobrar. 

- Los trabajadores se concentraron para pedir la homologación de los salarios de los trabajadores de ñas residencias públicas de gestión privada. ¿Qué opina al respecto?

- Los convenios colectivos están para cumplirlos, y éste lo firmaron tanto los sindicatos como Aerte. Apostamos por la mejora salarial del sector, pero ambas partes acordamos que eso tenía que quedarse establecido para las siguientes licitaciones. Por lo tanto, Aerte ha cumplido su parte, ahora toca que la administración cumpla la suya.

- ¿Se podrán asumir estos incrementos de hasta el 32% en determinadas categorías?

- La administración planteaba incrementar los módulos que paga a las empresas que se presentan a los concursos para poder mejorar las condiciones laborales del sector.

- ¿Entiende el enfado de los trabajadores?

- Es normal que la gente esté angustiada por la entrada en vigor de las nuevas tablas, porque el convenio se firmó hace tres años. Pero insisto, nosotros poco más podemos hacer.

- El actual Consell apuntaba a la dejadez del Botànic, pero ellos tampoco han avanzado en las licitaciones. ¿Quién es el responsable de que no se hayan sacado?

- Sin duda, es una responsabilidad compartida. Es verdad que para poder sacarlas querían hacer antes una modificación del decreto de tipologías. Pero la responsabilidad es de ambas partes.

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- ¿Era necesario tantos remiendos al decreto de tipologías? Modificaciones, Plan Simplifica,... ¿No era mejor sacar un nuevo decreto?

- Nosotros apostábamos por un nuevo decreto. Pero el Gobierno, en un primer momento, entendió que había que aprovechar el trabajo que hecho y hacer una reforma. Creo que si volviéramos a mayo de 2023, el Gobierno hubiera planteado un nuevo decreto. Además, el parcheo acaba provocando contradicciones en la normativa. Entonces, creo que si volviéramos atrás, el Gobierno empezaría por un borrador para un nuevo decreto.

- ¿Se sabe cómo va ir encaminado?

- Estamos pendientes de que salga el borrador, que debería publicarse en breve. Habrá que ver cuáles de las más de 1.000 aportaciones que ha hecho el sector se van a recoger. Había un descontento importante respecto al decreto de tipologías por parte de muchas entidades, -con ánimo y sin ánimo de lucro, patronales, asociaciones- y espero que se hayan recogido muchas de las aportaciones.

- A día a de hoy, ¿en qué punto se encuentra?

- Estamos en una situación un poco extraña, porque vuelve a haber inseguridad jurídica. Se han fijado los nuevos ratios con entrada el 1 de marzo de 2025 y 2026. Se ha modificado la capacidad máxima de los centros, que se había quedado en 120 y ahora se ha quedado en 150. En este contexto, necesitamos tener una normativa definitiva porque hay gente esperando a ver si pone en marcha un proyecto nuevo y, para eso, necesitamos saber la globalidad del decreto y conocer los requisitos y necesidades que se van a plantear y, con eso, empezar a trabajar.

- ¿Cuáles son las aportaciones clave que deben estar en la nueva normativa?

- Está claro que el incremento de personal era necesario, sobre todo porque ha cambiado mucho el perfil de las personas que atendemos. Antes tenían más autonomía y ahora hay un nivel más alto de dependencia. Esto también ocurre en los centros de día, en los que hemos planteado un incremento de personal que estuviera acompañado de un aumento de las ayudas de las prestaciones que reciben las personas. Buscamos un modelo que sea sostenible, tanto para la administración como para qye las familias puedan soportar los costes.

- Compromís apuntaba a que los cambios provocarán una masificación en las residencias. ¿Considera que será así?

- Si las residencias se masifican y tienen un ratio alto de ocupación, el problema es que no se han generado en los últimos diez años plazas nuevas. Se han creado muy pocas y casi todas por parte de la iniciativa privada. Si no somos capaces de desarrollar una red capilarizada de atención a personas, el problema que se va a producir es ese. Que no va a haber capacidad suficiente para atender a la gente. Por eso deberíamos seguir avanzando en la creación de nueva oferta.

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- ¿Por qué cuesta tanto avanzar con la aprobación del decreto de tipologías?

- Lo desconozco. Desde Aerte hemos hecho las propuestas cada vez que se ha dado una apertura de información pública o procesos de participación. Hemos tenido muchas reuniones. En diciembre de 2023 pusimos encima de la mesa todas las cuestiones. Es un documento complejo, largo y ambicioso y parece ser que, dentro de la maquinaria de la administración, está costando que el trabajo salga adelante.

- ¿Desde Aerte se está conforme con las modificaciones planteadas hasta el momento?

- Los cambios planteados que se han concretado hasta ahora pensamos que van en la dirección correcta. Se planteaba en el anterior decreto que se trabajara por unidades de convivencia. Puede ser una manera interesante de hacerlo, el problema es que si reduces mucho la unidad de convivencia y el centro es más pequeño, el precio por plaza se dispara. Lo que planteábamos era que, si queríamos ir hacia ese modelo, era necesario ampliar las unidades a espacios más grandes. Si uno va a compartir con 25 personas la unidad de convivencia, me da igual que haya cuatro que seis unidades, porque yo voy a estar en la mía. Si con cuatro es más caro y con seis menos porque se amortizan algunos costes comunes, para hacerlo más viable necesitamos tocar otras dinámicas.

La mejora del ratio que se ha planteado en el decreto con la nueva modificación, que es más baja que la planteada por el Botànic, es un incremento de casi el 45% del número de auxiliares para el año que viene. En una residencia media de la Comunitat Valenciana, que puede tener 85 plazas, tendrá que incorporar 8,5 nuevos auxiliares para trabajar. Se va a dar una mejora de números. No tanto como con el Botànic, pero es más viable económicamente tanto para las arcas de la conselleria como de las propias familias, que estaban preocupadas por saber cómo se iba a pagar esto.

- ¿Cuáles son los puntos críticos que hay actualmente en el sistema de servicios sociales de la Comunitat Valenciana?

- Uno sería el planteamiento de la incapacidad de prestar los servicios que necesita la gente porque faltan recursos.Y hablo de todo tipo y colectivo. Desde personas mayores a gente que trabaja con personas con transtorno mental grave o situaciones específicas, como las de personas con alzheimer, que deberían estar tratadas de una manera especial en este contexto. También la financiación, porque al final muchas familias piden que suban los ratios de personal, los trabajadores piden mejores condiciones salariales, pero todo eso incrementa los costes de residencias y centros de día. Muchas familias no se pueden plantear hoy en día, por el coste económico, llevar a las personas a un centro de este tipo. Entonces, tenemos que ver siempre cómo mejorar el sistema, pero al mismo tiempo acompañarlo de una viabilidad económica o sostenibilidad en el tiempo que permita abordar esto.

- ¿Siguen faltando residencias en la Comunitat Valenciana?

- Prácticamente igual que siempre. En los últimos diez años se han abierto cuatro residencias privadas, casi todas en Castellón. También se ha dado algún cierre. Pero, estamos hablando de que faltan entre 20.000 y 25.000 plazas nuevas. No obstante, creo que también hay que hacer una apuesta por el servicio a domicilio, mejorando las prestaciones que reciben las personas para que puedan recibir la atención que requieren. Por otro lado, los centros de día también son un elemento fundamental.

Durante un tiempo, también pusimos mucho énfasis en las viviendas de personas tuteladas para las personas con problemas de salud mental. Tuvieron un desarrollo muy bueno y cumplen un papel muy importante, pero la financiación de éstas se vio afectada y tuvimos que recurrir a los tribunales para que nos dieran la razón. Lo hicieron con una sentencia demoledora contra el Govern del Botànic y al final van haciendo camino. Poro siempre tenemos un problema, que cuando hay que deshacer lo que está mal hecho, cuenta más que empezar desde cero.

- ¿En qué punto se encuentran las viviendas tuteladas?

- Están bien. Se paralizó el crecimiento de ese tipo de recursos y era una opción interesante. Pero faltaba ajustar la financiación, porque había muchos movimientos respecto a las tarifas que siguen que faltan ajustar. Se está avanzando en la recuperación de la situación previa, pero nos falta camino.

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- En 2022 decía que la Comunitat Valenciana era poco atractiva para las inversiones. ¿Lo sigue siendo?

- Lo que sigue detectándose por aquellos que quieren realizar inversiones en la Comunitat Valenciana es la necesidad de plazas. Ese es el factor principal. Luego, hay tres elementos que son muy importantes para la captación de inversión. Lo primero, que haya un mensaje que llame a la inversión. Y aquí, tanto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como la vicepresidenta Susana Camarero, siempre han hablado de que la Comunitat Valenciana es un sitio para invertir. Luego, falta que haya una normativa sostenible y que los requisitos que exijan puedan llevarse a cabo sin unos incrementos disparados de los costes para las personas, que tienen que pagar la plaza. Esto, con la normativa anterior era muy difícil, y ahora parece que con la nueva sí podría ponerse en un marco atractivo en ese aspecto.

El tercero es que, si hay un llamamiento a la inversión y una normativa que puede facilitarla, lo que necesitamos es que los proyectos salgan rápido. Sin embargo, la oficina técnica tiene un problema muy importante. Falta seguridad jurídica, falta rigor y está provocando realmente que aquellos que quieren cumplir no lo hagan en un plazo corto, sino que los proyectos se eternicen y duren hasta cinco años. En la oficina técnica tenemos mucho trabajo por hacer.

- Pero, ¿cuál es el problema?

- Si le preguntas a la administración siempre dice lo mismo, que es falta de personal. Pero creo que el procedimiento de trabajo no es adecuado, se exigen muchas cuestiones de normativa que dependen de otras competencias. Y después, tengo la sensación de que hay una visión en la oficina técnica respecto a alguien que se acerca para montar un proyecto de este tipo, y es que parece siempre que es un especulado,r en vez de ver que es un proyecto que va a generar empleo, con el que se va contratar a personas y hay que facilitarlo. Hay que tener una actitud de acogida, de acompañamiento y exigencia, por supuesto.

- ¿Es extraño que no se respete dada la nueva visión del Consell?

- La administración tiene muchos escalones y no solo depende de que el de arriba se decida de una manera o de otra. 

- ¿Falta también personal?

- Sin duda. Hay que reconocer que es un trabajo duro, por turnos y con una movilización de las personas, que atendemos de manera física. Hay que cogerlas y levantarlas, y es un trabajo difícil. Pero no me gustaría simplificar en este asunto. El presidente de la CEV, esta semana, en un desayuno que se ha celebrado esta semana, señalaba este problema también está en el transporte y se da de manera global. Un dato importante es, ¿qué población española tenemos ahora en el rango de entre 20 a 39 años? Desde 2002 a 2022 hemos perdido 2,98 millones de personas en ese rango de edad. Pero si nos vamos a la máxima diferencia, que es del año 2008 al 2022, es un 25% menos. Mucha de la gente que está en este rango de edad, es la que se incorpora al mercado laboral y hay poca gente.

Pero es algo que no solucionamos. Estamos permitiendo que la gente venga a Europa o España cruzando el estrecho o saltando una valla, cuando tenemos una necesidad de incorporar a personas para poder trabajar en un sector cómo este o cualquier otro. Es algo que se podría hacer de una manera regularizada y segura para las personas. Esto, con formación en origen, con unos procesos de incorporación de personal emigrante, se podría solucionar o al menos avanzar. Ganaríamos seguridad para las personas que se juegan la vida y para aquellas que tenemos que atender aquí. Otro elemento muy importante es el retraso con las homologaciones  de personal con titulaciones extranjeras. El ministerio propuso hacer un plan para atender en seis meses esta situación y muchos profesionales enfermeros y médicos se están viendo empujados a trabajar en otros sectores porque se les eterniza la homologación del título. El ministerio, que dirige Diana Morant, debería hacer un esfuerzo por solucionar este tema o permitir que el personal, a la espera de homologación, pueda trabajar en los centros a la espera de ésta. 

- ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo la evaluación de la dependencia?

- Una cosa que me parece muy importante de los últimos dos años es la reducción del porcentaje de cuidadores no profesionales. La ley de dependencia dice que un cuidador no profesional es un recurso excepcional. Si la persona quiere estar en su casa no es un problema, pero debería atenderle una persona cualificada. Y para ello, los concursos deben salir con los presupuestos necesarios o contar con el copago de las familias. En el servicio a domicilio pasa una cosa curiosa, cuando le dan una ayuda para una residencia, si le dan 750 euros da por supuesto que la diferencia entre esa ayuda y el coste de ésta lo tendrá que pagar. Sin embargo, las resoluciones de SAD hablan de un importe y unas horas, entonces la gente entiende que ese importe cubre esas horas, pero eso no es así. Hay una parte de copago que debe ser asumida y que la gente pueda ser atendida en su casa.

- ¿Qué es urgente resolver ya?

- Sacar el decreto de tipologías y las licitación es lo fundamental para que el sector tenga una situación idónea, porque calmará las manifestaciones sindicales y la situación de angustia de muchas personas que trabajan en el sector. También habría que establecer un nuevo modelo de concertación. Hoy en día, en la Comunitat Valenciana, si la plaza se concierta por parte de la administración con una entidad sin ánimo de lucro tiene unos requisitos y un precio. Paga más que a las empresa y exige unos requisitos distintos. Esto hace que cuando una persona va a una plaza pública no sabe qué se va a encontrar. Todas las plazas públicas deberían tener el mismo nivel de atención y un precio común. 

El estudio que hizo la Sindicatura de Comptes ya hablaba de que el modelo que funcionaba mejor era el de titularidad pública y gestión privada. Que lo valoraba en calidad de 9,1 sobre 10 y que le seguían las entidades privadas sin ánimo de lucro con un 8,3. Mientras, las residencias públicas con gestión pública tenían un 4,7. No llegaban ni al aprobado, y era difícil de entender. 

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- ¿El Plan Convivint del Botànic ya es cuestión del pasado?

- Cuando preguntamos en su momento nos dijeron que no había una dotación económica suficiente para poder ponerlo en marcha. Nosotros siempre defendimos que la creación de nuevas plazas públicas era importante y había que ponerlo en marcha, pero que no era suficiente. El Plan Convivint de las 25.000 plazas que faltan solo era capaz de afrontar 3.600. Para nosotros era un buen plan, pero era insuficiente. En su momento, planteamos uno de colaboración público-privada complementario al Convivint para poder alcanzar esas plazas, pero no sabemos si se hará o no. En aquel momento era necesario pero insuficiente. 

- Este mes de enero el juzgado ha terminado por desestimar la demanda por la muerte de 15 personas en la residencia de Domus Vi de Alcoi.

- Hay que ser muy respetuoso con el dolor de las familias y con todas las personas que perdieron un ser querido en la pandemia, pero la sentencia de Alcoi lo que ha hecho ha sido refrendar lo que había venido diciendo el sector durante tanto tiempo. Primero, que el comportamiento fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento con la información y los medios que teníamos. La sentencia habla de que no hubo negligencia ni en la entrada del virus, ni en el trabajo que se hizo ni en la propagación del virus. Tampoco se podía achacar el tema de las bajas. Pero, lo importante es que no somos hospitales, que nuestra capacidad de respuesta es limitada, pero que los centros hicieron todo lo posible para abordar la situación que vivíamos. Incluso se adelantaron muchas medidas, como el cierre a las visitas, que fue algo criticado por la administración y luego lo implementaron. Pero la sentencia ha refrendado que los centros hicieron todo lo que pudieron.

- Sanidad creó la oficina sociosanitaria. ¿Ha sido un buen interlocutor?

- Está Manuel Escolano en su coordinación y tenemos una relación muy fluida. Hay planteamientos que se han ido avanzando posteriormente y hay una buena relación. La coordinación sociosanitaria es algo que se lleva planteando desde hace mucho tiempo y que no se podía cerrar desde hace 20 o 30 años. Pero con la oficina se ha dado un paso muy importante y esperamos que se pueda concretar. Hemos funcionado en campañas de vacunación, pero también hay que avanzar en la prescripción farmacéutica. En España, la ley garantiza que cualquier persona tiene derecho a la sanidad pública, y muchas veces, por el hecho de estar en una residencia, no reciben esa atención. El nuevo decreto de tipologías, en 2023, ya recogía que Sanidad tenía que hacerse cargo de esto. 

- ¿Cómo se va a aplicar la reducción de jornada en los concursos públicos?

- Estamos preocupados. Porque por ejemplo, si te presentas a un concurso de SAD y lo haces con una jornada laboral x que marca el convenio, haces la oferta en base a ese número de horas, al igual que los salarios. En este sentido, pedimos que las modificaciones que se produzcan en el contexto de la normativa laboral, deberían entrar en vigor si se produce un incremento del presupuesto para ese concurso si cambian las condiciones. O cuando el contrato venza y entre en vigor el nuevo, se podrán hacer. La ministra de trabajo, que el otro día podíamos escuchar en la sede de la CEV, no lo planteaba porque decía que era algo que venía por Hacienda. Pero en la regulación que se avance sobre ese tema, debería generarse un periodo transitorio donde, o se aumente el presupuesto, o se aplace la puesta en marcha. 

- Hay movilizaciones convocadas para el día 19 en el sector. ¿A qué se deben?

- Estamos un poco sorprendidos. Porque las gestiones integrales no dependen de las empresas que salgan o no, sino que es cosa de la administración. Pero además, en el convenio de empresas privadas hemos hecho una oferta por encima de lo que han firmado UGT y CCOO a nivel nacional. Hemos planteado una mejora sobre el convenio marco. En Madrid lo han firmado y aquí, incluso con mejora laboral, no han querido. Entonces, no entendemos qué está pasando. Entendemos que se podía haber solucionado de otra manera. Nosotros somos favorables a tener convenios en activo y mejorar la estabilidad del sector.
El 19 se concentran para reclamar las gestiones integrales, para los del convenio que no les cuadra para las residencias privadas, los de integración social y acción concertada en menores. Cada uno tiene una situación distinta y unificar en una huelga me resulta extraño.

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 - Apuntaba la conselleria a firmar un convenio común para todos los servicios sociales. 

- Hay dos elementos. Y es que a igualdad de trabajo el salario debería ser el mismo. Pero es que los precios de las plazas concertadas son muy diversos. Una persona en una entidad sin ánimo de lucro va a pagar por una plaza un precio que es el 12% más que a una empresa privada. ¿Por qué vale una plaza de menores 220 euros al día y una plaza de mayores están en 68? Con precios de concierto distintos, no se puede conseguir que la gente tenga una misma tabla. Es verdad que, donde históricamente había más precio de concierto, había más salario. Nuestro convenio de residencias privadas y residencias públicas de gestión privada tenía una diferencia del  20% por los diferentes precios que se pagaban. El sector cuando hay más recursos paga más. Pero para que se dé una equiparación se requiere un proceso más complejo. Pero la negociación colectiva debe estar en el marco del diálogo social. No defiendo que las administraciones estén en las mesas de convenio, sino sindicatos y patronales. La administración debe acompañar, pero no creo en un proceso tripartito. 

- Ya habéis reclamado en alguna ocasión las diferencias entre el concierto con entidades sin ánimo de lucro y las plazas privadas. 

- Cuando el Botánic plantea dos marcos diferentes mostramos nuestro rechazo. De hecho, lo tuvimos que recurrir y hemos ganado sentencias, pero la administración lo ha recurrido y ha ido al Supremo. Nosotros pedimos que se soliciten los mismos requisitos y el mismo importe. Hay un dato importante, y es que de las dos últimas convocatorias que se hicieron para las dos tipologías, el 16% de las plazas se quedaron vacíos. Las entidades sin ánimo de lucro tenían miedo de que, si iban con las empresas, fagocitaran a las entidades sin ánimo de lucro y han sobrado plazas en los dos.