VALENCIA. El juzgado de instrucción número 8 de Valencia ha abierto diligencias para investigar a la empresa Eresa por, supuestamente, coaccionar a un trabajador que denunció ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Guardia Civil el borrado de la facturación de esta empresa, concesionaria de la Generalitat valenciana en el concierto de las resonancias magnéticas para los hospitales públicos desde hace dos décadas.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Valenciaplaza.com, los hechos denunciados se produjeron pocos días después de que este empleado, que trabajaba en el servicio informático de la sede central de Eresa, declarara en la Delegación de Hacienda de Valencia, donde fue requerida su presencia para responder a varias preguntas sobre su cometido laboral en el Proyecto MIND. Asimismo, se le preguntó por su declaración cuando fue citado por la UDEF, que investigaba varias denuncias en la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

Los inspectores de Hacienda han interrogado a varios trabajadores de Eresa sobre el Proyecto MIND, subvencionado con más de 2 millones de los Fondos Europeos entre 2009 y 2010 y participado con fondos públicos del Gobierno español, en concreto del Ministerio de Economía y Competitividad. El objeto era comprobar si el dinero del proyecto se había utilizado efectivamente, ya que se les preguntaba cuántas horas habían dedicado en él y qué tareas había realizado relacionadas con MIND.

La denuncia del trabajador se ha interpuesto por un delito de coacciones contra la gerente de Eresa, Marta Saus, y contra los administradores de otras dos empresas, Iberdiagnosis y Sun Chiz. Estas empresas ya han sido investigadas por la Fiscalía en relación a una posible doble facturación a la Conselleria de Sanidad respecto a las llamadas "pruebas de doble ciego" o duplicidad de las pruebas radiodiagnósticas. La investigación está parada, a la espera de un informe de Hacienda solicitado hace meses.

En la querella del trabajador, admitida por el juzgado de Instrucción número 8, también se denuncian los delitos de violación de derechos fundamentales, derecho de indemnidad y no ser represaliado por actuaciones ante la Administración de Justicia. Según su versión, este empleado de Eresa recibió una carta anunciándole sanciones por sus manifestaciones ante la Agencia Tributaria sobre las actividades de su empresa.

En dicha carta, según se asegura en la denuncia, la empresa alegaba la "transgresión de la buena fe contractual". También se le dispensaba de acudir al trabajo, dejándole "sin ocupación efectiva". Por ultimo, el trabajador comprobó que también se le impedía acceder a su puesto de trabajo vía internet -su trabajo era de informático- sin poder ni siquiera acceder a sus nóminas.

Según la denuncia, tras aparecer en prensa la información de que la Fiscalía investigaba a Eresa en el verano de 2014, la gerente ordenó a los empleados "no abrir la puerta a nadie", no recoger ningún tipo de certificados y "borrar toda la documentación y, especialmente, los correos sobre las operaciones vinculadas e instrucciones de trabajo recibidas". Desde entonces, tanto la gerente como el encargado de mantenimiento "se han ido llevando numerosas cajas de documentación", añade el escrito.

ERESA LO NIEGA TODO: "SON DIFAMACIONES"

El trabajo del denunciante consistía en elaborar informes en los que se incluía el número de exploraciones por radiólogo y hospital, siguiendo las instrucciones de Marta Saus, según su relato de los hechos. Tomando como base los listados que mensualmente se habían ido elaborando, confeccionaba listas de pacientes del año anterior en el número que le indicaba la gerente. Si el número de pacientes que se le indicaba excedía del número de pacientes a los que se habían hecho exploraciones el año anterior, tomaba los de otro año y los añadía, según confesó a la Fiscalía. La selección de los pacientes era para hacer estudios de "doble ciego".

Fuentes de Eresa han manifestado a Valenciaplaza.com que son "conocedores de una demanda laboral llena de difamaciones", pero desconocían que se hubiera interpuesto una querella. La admisión a trámite todavía no le ha sido notificada. Según la compañía, existe un conflicto laboral con este trabajador, del que afirma que pidió una indemnización de 45 días por año trabajado y 20.000 euros para dejar la empresa. Respecto a la investigación, Eresa asegura que se hizo una inspección hace un año y medio "y no encontraron nada porque no hay nada, es una denuncia que responde a intereses económicos". 

Eresa forma parte de la UTE adjudicataria del concierto con la Generalitat para encargarse de las resonancias magnéticas en los hospitals públicos. Este concierto, adjudicado hasta el 2018, fue objeto de un informe desfavorable de la Sindicatura de Comptes valenciana, en el que se criticaba el sobrecoste del servicio y se aconsejaba que pasara a gestionarse por el Servicio Valenciano de Salu, que se ahorraría así entre 3,3 y 16,7 millones de euros al año.