VALÈNCIA. En julio de 2015, apenas dos meses después del primer triunfo electoral del Botànic en la Comunitat, el número de empleados al servicio de las instituciones públicas valencianas no alcanzaba las 118.400 personas. Ocho años y dos legislaturas más tarde, justo cuando se producía un nuevo relevo político en el Consell con la victoria de PP y Vox, la cifra había ascendido a más de 187.800 trabajadores, lo que refleja un incremento del 58,6% según se desprende del último boletín estadístico sobre el empleo en las Administraciones Públicas actualizado este mes por el Gobierno.
Este dato, no obstante, está condicionado por la inclusión en la estadística, desde enero de este año, de aquellos empleados públicos con contratos inferiores a los seis meses de duración, así como también del personal en formación o en prácticas. Estos colectivos, que hasta 2023 no eran tenidos en cuenta para computar el grueso de la fuerza laboral pública, explicarían parte del salto que se ha producido en la Comunitat especialmente en el último año, pero, aun así, desde 2015 el número de trabajadores al servicio de la Administración autonómica solo ha crecido más en Canarias (59,1%) que en la región valenciana.
Este relevante incremento, que tanto en el caso de la Generalitat Valenciana como en el resto de instituciones públicas autonómicas llega después de años de contención en el empleo público por las políticas de austeridad derivadas de la crisis financiera que estalló en 2008, no cambia el hecho de que la Comunitat Valenciana todavía sea una de las regiones con menor peso del empleo público en relación al total de sus habitantes. De hecho, en julio de este año el conjunto de los organismos públicos valencianos, donde están incluidos también los trabajadores docentes o el personal dependiente de las instituciones sanitarias, contaba con 36 empleados por cada 1.000 vecinos, una tasa que solo mejora a Baleares (35,5), Madrid (32,6) y Cataluña (30,8).
Esta es una situación que ha sido criticada por los sindicatos en repetidas ocasiones, mientras que en el lado opuesto, una de las comunidades que más padece los efectos de la despoblación, como es Extremadura, es con diferencia la que presenta el número más elevado trabajadores públicos en relación a su población, con 56,8 funcionarios por cada 1.000 habitantes. No ocurre así con las tres regiones siguientes, Navarra (51,3), Asturias (50,3) y Cantabria (47,9), que superan en este sentido a autonomías como Castilla y León (43,6) o Castilla-La Mancha (43,5).
Asimismo, y más allá del número total de funcionarios, otra reivindicación recurrente entre los actores sindicales es la falta de creación de empleo público estable, ya que en este tiempo han crecido mucho la temporalidad y colectivos como el personal en interinidad. Así pues, en julio de 2019, justo al inicio de la segunda legislatura del Botànic, la estadística del Ministerio contabilizaba a algo más de 48.800 trabajadores interinos al servicio de la Generalitat Valenciana, una cifra que ascendió a casi 64.900 empleados de este tipo en 2022 y que este año, una vez ya contemplado en el recuento el personal con contrato de trabajo inferior a los seis meses, ha crecido hasta ubicarse por encima de los 86.300 profesionales.
De este modo, en el pasado ejercicio ya había un 33% más de interinos que en 2019, un porcentaje que, con la nueva metodología empleada por el Ministerio, alcanza ahora incluso el 77%. Sin embargo, quizás lo más llamativo de esta situación sea que, una vez actualizado el recuento, el personal en situación de interinidad supera ahora en número a los funcionarios de carrera. En concreto, al servicio de los organismos públicos de la Comunitat Valenciana había, en julio de 2023, unos 86.362 interinos por 81.645 funcionarios de carrera.
Es precisamente este tipo de empleado el que menos ha visto incrementarse su número en los últimos cuatro años, al pasar de poco más de 80.800 trabajadores a los ya mencionados 81.645 actuales, con un aumento del 1%. En ese tiempo, la estadística del Ministerio muestra un incremento del 36% en el personal laboral fijo y del 19% en el laboral temporal. Por su parte, los empleados en formación o prácticas superarían los 5.000, y supondrían un 2,7% del total al servicio de la Administración autonómica.
Así pues, la temporalidad en la Administración de la Generalitat no ha hecho más que verse incrementada año tras año de forma exponencial, como también constata el último informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, que alcanza a cubrir diez años de cambios en el funcionariado. El documento refleja que, en apenas una década, el número de temporales de la Generalitat ha crecido un 128,6%.
