VALÈNCIA. (EFE). El Ayuntamiento de Gandia (Valencia) debe incrementar en 4,7 millones de euros el epígrafe de deudas a largo plazo del ejercicio 2016, para reflejar adecuadamente la deuda financiera derivada del aplazamiento de ciertos pagos.

Así lo recoge un informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión del Ayuntamiento de Gandia en los ejercicios 2016 y 2017, que indica que, debido a que no se han contabilizado contingencias, el resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016 debe reducirse en 1.085.532 euros, con abono a la provisión para responsabilidades.

Además, afirma que, como consecuencia de la liquidación de la Sociedad Iniciatives Publiques de Gandia, SA (IPG), podrían surgir pasivos contingentes no cuantificados, con incidencia en las cuentas anuales.

El informe señala asimismo que la incidencia de la rescisión de un contrato de obra pública pone de manifiesto una infravaloración del inmovilizado por 9.501.586 euros, así como de la provisión para responsabilidades por 10.301.586 euros, con un efecto neto en la cuenta del resultado económico patrimonial de -800.000 euros.

La Sindicatura de Comptes también indica que la existencia de errores en el cálculo de la amortización implica una reducción del resultado económico patrimonial y del inmovilizado de 2.156.823 euros.

El informe expone que no se cumplen los plazos en la formación y aprobación de las cuentas generales de 2016 y 2017, ni de aprobación y remisión de la liquidación a los órganos competentes de la comunidad autónoma y la Administración del Estado.

Además, refleja que el Ayuntamiento de Gandia no disponía en 2016 y 2017 de un inventario de bienes actualizado, y que no se incluyeron en la Cuenta General de 2016, las cuentas anuales de la Sociedad en liquidación “Iniciatives de Comunicació de Gandia, SL”.

Respecto a la contratación, la Sindicatura expone que durante el ejercicio 2016 el Ayuntamiento ha incurrido en gastos, servicios y suministros que debieron haber sido tramitados mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Añade que no han sido suficientemente justificadas las circunstancias necesarias para hacer la modificación contractual, ni ha quedado acreditado en un expediente analizado que se haya adjudicado el contrato a la oferta más ventajosa.

También se tramitó un contrato por procedimiento de urgencia, que no se ajusta a los casos previstos para la utilización de esta tramitación abreviada.

La Sindicatura recomienda al Ayuntamiento de Gandia implantar un sistema de contabilidad de costes, registrar las operaciones de endeudamiento financiero por su coste amortizado y depurar los cobros pendientes de aplicación, ya que el 54,8% de estos, por 37,4 millones, tiene una antigüedad superior a cinco años