VALÈNCIA (EFE). El Gobierno y la Generalitat han resuelto las discrepancias que mantenían en relación con el decreto ley del Consell de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania.

Ambas administraciones han alcanzado un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación establecida para ello, con lo que se evita que la Administración General del Estado recurra la norma autonómica al Tribunal Constitucional.

El Gobierno mostraba dudas sobre los artículos 1 y 8 del decreto, que modifican el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat, aprobado en 2021, y la ley autonómica de impacto ambiental, respectivamente.

En el primer caso, la Generalitat se ha comprometido a promover la correspondiente modificación legislativa para la inclusión de una disposición adicional en la que se establezca que "cuando la norma haga referencia a las infraestructuras de competencia estatal, será de aplicación lo dispuesto en la normativa sectorial específica de carácter estatal".

También se compromete a promover la correspondiente modificación legislativa a fin de suprimir el inciso "sin asumir los riesgos y beneficios de aquella" que aparece actualmente en la redacción del artículo 197.3 del texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

En relación con el artículo 8, en el apartado 3, que modifica el apartado 6 del anexo de la ley de impacto ambiental, ambas partes acuerdan que lo previsto en dicho precepto "debe entenderse sin perjuicio de la legislación básica estatal aplicable".

De esta manera, el Estado y la Generalitat consideran resueltas las discrepancias manifestadas y concluidas las controversias planteadas, según la resolución publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).