VALÈNCIA.-«La ciudad de València y en particular todos los caminos de su Reino están llenísimos de salteadores homicidas, robando a los caminantes el dinero y el vestido, forzando a las mujeres de todas las edades y saciando sus furores con las vidas de los que defienden sus haberes. Las cuadrillas son infinitas, las diligencias ningunas, el peligro inevitable, el miedo general, el poder de V.E. grande, la piedad de S.M. mucha, el invierno temible; el remedio Miñones, la remuneración de Dios, el agradecimiento de los hombres, y la gloria de tal bien de V.E. que la goce».
Los miñones —o minyons— fueron una especie de Cuerpo autonómico policial creado por el regente de los Borbones en Valencia en 1774. Su función, como reclama el texto anónimo que abre este artículo, era poner coto al bandolerismo, un mal endémico de todo el país. Ese mismo fenómeno se acentuó con el desgobierno imparable tras la guerra de Independencia, a principios del siglo XVIII. Entonces se planteó, a nivel estatal, la creación de una fuerza policial que acabara con la impunidad de celebridades de la época como El Tempranillo o El Barquero de Cantillana, que inspiraron, como los mayores recordarán, un éxito televisivo de los setenta: Curro Jiménez.
El descontrol en la España rural no fue más fuerte que las variadas dificultades políticas en la inestable España de la época. La creación de la Guardia Civil se retrasó hasta 1844, cuando el Duque de Ahumada, un militar navarro, consiguió que el Ministerio de la Guerra aprobara el decreto que alumbró al instituto armado. Parcialmente inspirado en los mencionados minyons y otros Cuerpos regionales —los escopeteros de Andalucía o los guardas del reino de Aragón— su verdadero espejo fue la Gendarmería francesa, una fuerza policial encargada de la seguridad en zonas rurales y periurbanas y de carácter militar.
Así, la Benemérita —conocida así desde 1929 por recibir una distinción de igual nombre— nació como «una fuerza civil de seguridad pública» aunque «en cuanto a organización y disciplina, depende de la jurisdicción militar». El carácter castrense de la organización ha permanecido invariable tras varios cambios legislativos y fue consagrado en la constitución del 78. Aunque el Cuerpo está integrado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sus miembros son militares de carrera. Y este es un hecho fundamental en la historia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que cumple 25 años en estas fechas.
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La AUGC es la asociación más representativa del Cuerpo. Trabaja «con el objetivo de defender los intereses profesionales y laborales de los agentes de la Guardia Civil, que son quienes la constituyen, así como el bienestar de las familias que la componen». Es decir, es un sindicato que rehúye la denominación de sindicato. ¿Por qué? La legislación española restringe ese tipo de actividad entre determinados funcionarios, los más notables, jueces y militares. Esta peculiaridad explica el calvario, entre otros, de José Morata.
Morata, nacido en el cuartel de la Guardia Civil de Onda y trabajador de la AUGC en Castellón, fue expulsado junto a otros tres compañeros del Cuerpo a mediados de los noventa por impulsar la primera asociación de guardias civiles. Un cuarto de siglo más tarde aún lucha por su rehabilitación. En enero de 2019 se reunió con la ministra de Defensa, pero ha perdido la fe (que no la fuerza) en que su causa prospere. El Congreso ha aprobado tres proposiciones no de ley para que se restituyan sus derechos y su buen nombre pero ningún gobierno (ni los del PP ni los del PSOE) ha impulsado la correspondiente norma. La rehabilitación tras una expulsión administrativa tiene difícil encaje legal.
