VALÈNCIA. En 2016, la Comisión Europea condenó a cinco grandes marcas fabricantes de camiones (MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz y DAF) por pactar precios, entre enero de 1997 y enero de 2011, y repercutir en los compradores el coste de cumplir con la normativa de emisiones contaminantes y los sancionó con una multa de 2.930 millones de euros. Esa vulneración de la competencia fue el pistoletazo de salida de una larga batalla judicial emprendida por los damnificados para recuperar el dinero que habían pagado de más al comprar sus camiones. “Fuimos los primeros en empezar con las demandas. A solicitud de uno de nuestros clientes estudiamos el caso, vimos que había una posibilidad y decidimos embarcarnos en el proceso. Sabíamos perfectamente dónde nos metíamos cuando decidimos como despacho defender a los camioneros y pequeños empresarios a los que el cártel de camiones había perjudicado. Estábamos ante una causa tan justa como compleja, que necesitaba de un gran esfuerzo y dedicación. Lo asumimos con todas las consecuencias, porque somos un despacho local y nuestro compromiso está con los pequeños empresarios y no con grandes corporaciones”, explica Ignacio Varona, socio director del área legal de Varona Legal & Numbers.

Ahora, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha condenado a los fabricantes del cártel de camiones a indemnizar a los compradores con un 5% del coste de los vehículos, más los intereses desde la compra. “Es una sentencia que avala el derecho de autónomos y pequeños empresarios a ser indemnizados por el sobreprecio que pagaron al comprar sus camiones”. Pero llegar hasta aquí ha supuesto seis años de investigaciones, procesos, pleitos… un largo camino judicial donde Varona ha conseguido relevantes sentencias favorables a los compradores de camiones en tribunales de toda España: fue uno de los primeros despachos en lograrlas en juzgados de primera instancia, obtuvo la primera sentencia de segunda instancia de toda Europa favorable, y ha sido el primer despacho en celebrar ante el Tribunal Supremo, obteniendo una sentencia estimatoria. Casi un centenar de clientes han confiado en el despacho valenciano para conseguir una indemnización de los fabricantes de sus vehículos.

- La sentencia del Supremo sobre el cártel de camiones supone un gran respaldo al trabajo realizado.

Es una victoria del derecho de la Competencia, obtenido frente a grandes marcas, y va a marcar el futuro de más de un millar de demandas presentadas en juzgados de toda España. Para nuestro despacho es una gran satisfacción, un reto superado y una prueba de tenacidad, rigor y buen trabajo en equipo. Tengamos presente que la decisión de la Comisión Europea recogía la posibilidad de reclamar, pero no decía como tenía que ser el proceso. Nosotros hemos tenido que investigar cómo hacerlo, asumir el riesgo a través del método de prueba y error, buscar los datos para poder hacer los estudios periciales, por no hablar de lo que ha supuesto para los particulares y pequeños empresarios que han tenido que esperar todo este tiempo para que se le reconozcan sus derechos… y todo ello mientras los grandes grupos empresariales a los que nos enfrentábamos dilataban el proceso y ponían trabas.

- Hablas de las trabas y del tiempo, ¿cuáles han sido los problemas más complicados que habéis encontrado?

Estamos hablando de seis años desde que empezamos el proceso hasta conseguir la sentencia en firme del proceso. Es mucho tiempo para nuestros clientes y muchos se han quedado por el camino. Además, existe una directiva europea que determina el plazo de prescripción para reclamar, en cinco años, pero aquí se transcribió tarde y el plazo según la normativa nacional era de un año. Ese es el principal motivo, por el que España ha sido la primera en Europa en tener sentencias de su más Alto Tribunal respecto a la determinación del daño a los perjudicados por el cártel de camiones.

A ello se suma que son procedimientos complejos, donde el que tiene que probar el daño es el camionero perjudicado y las grandes corporaciones no han facilitado datos, han intentado dilatar los plazos al máximo y nos han obligado a traducir a sus lenguas los documentos, algo que nosotros pudimos hacer en plazo gracias a un programa de Inteligencia Artificial desarrollado por una empresa valenciana, también ha habido incidentes relativos al emplazamiento, la legitimación, la territorialidad, las comunicaciones extraprocesales, etcétera, lo cual supone una multiplicación de los recursos judiciales necesarios para conferir el adecuado trámite a los procedimientos.