VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana sigue incrementando su plantilla con la asunción de nuevos servicios que hasta ahora no prestaba, pero la entrada por igualdad, mérito y capacidad se ha convertido en un requisito venido a menos si se tiene en cuenta las últimas decisiones del Consell.
Parecía que la subrogación de los trabajadores del departamento de La Ribera como 'personal a extinguir' iba a ser una situación excepcional y, sin embargo, se ha convertido en la norma en el proceso de recuperación de servicios para la gestión pública.
Ahora es la Conselleria de Igualdad la que planea incorporar a la administración una cantidad considerable de personal laboral bajo esta fórmula al asumir a través del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS) el personal de empresas privadas que están prestando gestión integral en residencias públicas y a las que se les termina el contrato.
Valencia Plaza ya publicó que Igualdad asumiría como 'personal a extinguir' a 27 personas de una residencia de Albocàsser, gestionada por La Saleta. Ahora prepara la subrogación de un centro de salud mental en Bétera, donde el número de personal que asumirá en 2019 es de 61 personas, que actualmente forman parte de la empresa Eulen.
Aunque desde Igualdad aseguraron que se trataba de una situación puntual por tratarse de una residencia de salud mental, desde Aerte, la patronal de las residencias de dependientes, teme que esta continuidad en la recuperación de la gestión de residencias signifique dejar de lado la colaboración público-privada en la gestión de residencias.
Un proceso afianzado por ley
De hecho, el IVASS incluso ha afianzado el proceso de recuperación del servicio en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de 2019. El pasado año, la norma ya justificaba la necesidad de revertir el servicio a lo público "por no resultar conveniente para el interés público en este sector de población especialmente vulnerable, sobre el que la administración tiene una especial responsabilidad".
Ahora, Igualdad ha incluido un punto en el que señala que "finalizado el plazo de duración del contrato de gestión integral del centro de titularidad pública, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar los bienes muebles, inmueble e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados".
"Creemos que las empresas han demostrado un alto nivel de calidad en los centros que gestionan incluso en los peores momentos de la crisis económica y que, por lo tanto, han dejado claro su función y compromiso social con las personas atendidas", señalaba José María Toro, presidente de Aerte.
Desde la patronal de las residencias privadas calculan que son cerca 3.000 empleados los que integran las plantillas de las residencias públicas que se incorporarán paulatinamente en los próximos años como empleados del IVASS sin que, además, el Consell pueda tocar esas plazas, ya que el anteproyecto de la ley de acompañamiento de 2019 ha eliminado la posibilidad de sacarlas en puestos con personal a extinguir,.
