VALÈNCIA (EFE). El Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV) ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que entró en vigor el pasado mes de mayo y que elimina los topes mínimos de los aranceles que estos profesionales perciben por su trabajo.

En un comunicado, Begoña Mollá, decana del ICPV, ha alertado del “deterioro del mercado que se va a producir con los nuevos aranceles de máximos y la eliminación de los mínimos”.

Asimismo, ha expresado su preocupación por la más que probable “repercusión negativa en la calidad de los servicios que los procuradores damos a nuestros clientes, puesto que la eliminación del tope mínimo hará que debamos trabajar a cambio de unas retribuciones a la baja que minusvaloran nuestro quehacer, creando una justicia de primera y una justicia de segunda”.

Desde que entrara en vigor el anterior RD que regulaba los aranceles de la procura, en 2003, sus profesionales siguen cobrando la misma retribución frente al 40 % de inflación acumulada durante las dos últimas décadas, lamenta este colectivo.

En total, casi 5.000 de los 9.000 procuradores que hay en España respaldan este recurso, han informado las mismas fuentes.

Begoña Mollá explica que se ha impugnado el RD “en el aspecto formal, relativo a la falta del informe justificativo de la aplicación del test de proporcionalidad y de evaluación del impacto económico de la medida”.

Pero la impugnación se va a extender, añade, “al aspecto material de falta de una justificación de los importes como tarifas máximas teniendo en cuenta que, pese a que se altera la naturaleza del arancel, se mantiene el mismo baremo sin un análisis del impacto en la competencia efectiva que puede generar esa situación y si en lugar de beneficiarla, la perjudica”.

Según explica la decana del ICPV, “la base fundamental es que se parte de una premisa falsa, según la cual se afirma que Comisión Europea fija que los aranceles de los procuradores de la Unión Europea han de ser de máximos. Sin embargo, tenemos una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del año 2016 que avala los aranceles de los procuradores y afirma que los aranceles no se regulan a nivel comunitario, sino que lo ha de hacer el propio Gobierno de España. Por tanto, el derecho de la Unión Europea no exige la supresión de un arancel de mínimos tal y como están hasta ahora”.