ANDORRA LA VELLA (EP). El Gobierno de Andorra ha aprobado una modificación de la ley de derechos de los niños y los adolescentes que prevé, entre otras medidas, la prohibición de acceso a las redes sociales y SIM obligatoria con control parental para menores de 16 años.
Lo ha explicado este jueves el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Marc Rossell, en una rueda de prensa, según ha informado el Gobierno en un comunicado, en que ha explicado que los niños y adolescentes del país han cambiado, por lo que es "fundamental" que la legislación también lo haga para seguir garantizando su protección, sobre todo en el entorno digital y en línea.
La modificación legislativa se ha elaborado con un proceso participativo que ha incluido niños y adolescentes procedentes de contextos variados del país: participantes de actividades extraescolares, alumnos de la ESO y estudiantes de bachillerato y Formación Profesional.
Rossell ha destacado que las aportaciones hechas se han traducido en acciones concretas dentro de la modificación de la ley, asegurando que la nueva propuesta responde "de forma directa" a lo que los niños y adolescentes han expresado.
Igualmente, también ha resaltado que la ley se ha trabajado de forma transversal en el Gobierno y se han consultado actores "clave" como las asociaciones de madres y padres de las escuelas, el Fòrum de la Joventut y Unicef, entre otros.
Protección
Entrando al detalle, uno de los elementos más destacados es la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales que conlleven un riesgo para su desarrollo y salud mental.
El ministro ha explicado que la medida se acompañará del impulso y la implementación de un sistema de verificación de edad "robusto y fiable", para poder limitar el acceso a contenidos y redes sociales, así como la descarga de determinadas aplicaciones.
Concretamente, se determinará por vía reglamentaria la lista de dichos servicios de redes sociales y, además, para los menores de 16 años los operadores estarán obligados a configurar por defecto una tarjeta SIM específica, de forma que bloquee contenidos inapropiados.
También se contempla que con la compra de un dispositivo móvil las familias reciban información oficial por parte de los comercios sobre riesgos digitales y recomendaciones de uso por franjas de edad.
Un conjunto de medidas que el ministro ha calificado de necesarias para poder garantizar al máximo la protección de los niños y que deben servir para "proteger hoy y empoderar mañana".
Entorno familiar y escolar
El texto legal también estipula que los progenitores y tutores legales tendrán el deber de supervisión activa del uso digital de los niños y adolescentes, por lo que, de forma previa, el Gobierno ya ha impulsado el Centro de Bienestar y Competencias Digitales.
Será en dicho espacio donde los progenitores y tutores legales recibirán acompañamiento e información para poder impulsar una supervisión activa, con guías oficiales con recomendaciones según la edad.
La nueva ley también incluye una nueva situación de riesgo para un menor cuando existe un uso inadecuado o desproporcionado de las tecnologías de la información y la comunicación, o cuando falta una protección o supervisión adecuada en el ámbito digital por parte de los progenitores o tutores legales.
El Gobierno también prevé formación obligatoria y continuada para los menores sobre privacidad, ciberacoso, huella digital y otras competencias, integrándola en el currículo escolar para garantizar que todos los alumnos reciben educación digital.
Finalmente, para garantizar la protección del menor, se facilitará acceso a los canales de denuncia existentes para que jóvenes, adolescentes y familias puedan comunicar cualquier situación de riesgo.
