VALÈNCIA. La contratación por la vía de emergencia se ha convertido en una medida habitual dentro del Gobierno valenciano liderado por las fuerzas que componen el Pacto del Botánico, PSPV, Compromís y Unides Podem. La expansión de la pandemia y la próxima llegada de los fondos europeos para la recuperación han contribuido decisivamente a acelerar toda actuación relacionada con estos objetivos. Y para ello, el camino más utilizado está siendo la adjudicación por emergencia. Una vía más ágil y eficaz ante este escenario, pero que también conlleva sus peligros por la mayor arbitrariedad y opacidad que implica la capacidad de obviar los procedimientos de control habituales.

En este sentido, tal y como adelantó Valencia Plaza, el Botànic ya se cubrió las espaldas durante el plazo de enmiendas de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 2021, conocida popularmente como ley de Acompañamiento. En la disposición adicional quinta, referida a los fondos para la reconstrucción de la covid-19, se especificaba que las actuaciones que se realicen con cargo a estos fondos se considerarán de emergencia a los efectos previstos en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. 

El artículo 120 de la citada ley especifica la flexibilidad y capacidad de maniobra de la que se dispone ante una situación de emergencia como la descrita.


Sobre esto, en el artículo 65 de la ley de Acompañamiento aprobada recientemente en Les Corts Valencianes, también se detallan los tipos de obras y servicios a las que se puede aplicar esta medida de la contratación extraordinaria.


Precisamente, esta misma semana la Generalitat hizo público el acuerdo del Consell mediante el que se procedía a la declaración "de emergencia, de interés general y de interés público, por razones de excepcional interés público, la ampliación del complejo hospitalario del Hospital Clínico Universitario de València", incluyendo entre sus motivaciones la lucha contra la covid-19.

Pero no será la única actuación en esta línea. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el pasado lunes un plan de choque que permitirá, también a través de medidas como la declaración de emergencia de las obras, "agilizar los procedimientos y acelerar los plazos de las infraestructuras sanitarias".

Fuentes de la Conselleria de Sanidad resaltaron a este diario la importancia de la "agilidad" en los procesos ante el actual escenario de pandemia, aunque admiten que la preocupación no reside solo en el coronavirus, sino también en la necesidad de recuperar el tiempo perdido por culpa de una enfermedad que ha exprimido todos los recursos sanitarios durante meses paralizando en gran medida el resto de la actividad. Es decir, las infraestructuras que se pretenden impulsar no solo van dirigidas a contener la covid o a protegerse de nuevas olas de la pandemia, sino también a reducir todas las listas de espera que han engordado en los últimos meses por la congelación de todo el sistema sanitario.

Ahora bien, no solo las obras están sujetas a este tipo de contratación. Tal y como ha informado este diario, se han producido numerosas compras justificadas en la emergencia sanitaria durante estos meses. Una de las últimas, la contratación de 10.000 pruebas PCR al laboratorio Sistemas Genómicos (del grupo Ascires) mediante el procedimiento de emergencia y sin expediente de contratación, por un precio superior al ofrecido por sus siete competidores por idéntico servicio.