VALÈNCIA. El destino de los bloques portuarios es la piqueta. A ella parecen condenados. Era la apuesta de la Concejalía de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València.  Es la opción también preferida por la Conselleria de Vivienda, o al menos es lo que se puede inferir tras la reunión que mantuvieron este lunes la plataforma de propietarios con responsables de la Generalitat.

La tesis de la administración autonómica les fue transmitida en persona por la consellera de María José Salvador. Una tesis que según ella es la propuesta más “estudiada, rigurosa, realista y viable”. Esto no significa que se tengan por qué derribar. Hay una opción para salvarlos, sí, pero eso supondría un desembolso económico mucho mayor para los 91 propietarios particulares.

Las ventajas del derribo les fueron relatadas por Salvador, quien estuvo acompañada por el director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rafa Briet, y la gerente de la Entitat Pública d'Habitatge i Sòl (Evha), Laura Soto. Desde el principio tanto la consellera como especialmente Briet incidieron en que su alternativa, la reedificación, se planteaba como una solución para ellos, atendiendo a sus problemas y necesidades.

La propuesta planteada por la Generalitat se basa en las ayudas estatales, autonómicas y locales dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a través del Área de Regeneración Urbana (ARRU).  El objetivo es poder ofrecer a los vecinos viviendas de calidad y que sean viables técnica y económicamente y, ante esto, la consellera les hizo ver que "las ayudas previstas para la construcción de un nuevo inmueble son más ventajosas que para la rehabilitación integral".

Según los cálculos realizados por los técnicos de la Generalitat estas ayudas “podrían llegar a ser, como mínimo, de un 65% de los costes de ejecución, a los que se podrían añadir otras ayudas subjetivas, atendiendo a las circunstancias personales de cada vecino, que pueden llegar al 35% del presupuesto, por lo que, en algunos de los casos, se podría alcanzar al 100% de subvención”.

Con estas ayudas se puede llegar a recibir hasta 30.000 euros por vivienda reconstruida por parte del Ministerio de Fomento, un 20%, en el caso del Gobierno autonómico y un 5%, desde el Ayuntamiento. Por ello, explican desde la Generalitat, “se ha estimado que cada vecino podría tener que asumir solo un coste de unos 370 euros/m2 de vivienda, sin considerar las posibles ayudas subjetivas”. En cambio, para las ayudas de rehabilitación, desde el Ministerio se contempla una cantidad solo de hasta 12.000 euros por vivienda y en consecuencia el coste que tendría que asumir cada propietario sería de unos 900 euros/m2.

Mal estado del edificio

Desde la administración autonómica secundaron el análisis del mal estado del edificio y consideraron que, en una situación así, lo mejor para los propietarios era el traslado a un nuevo edificio y a cambio hacer una cesión de propiedad a la administración. En este punto, la Conselleria se abonaba a la tesis planteada por la teniente de alcalde de València, Sandra Gómez, y abogaba por la construcción primero del edificio de realojo que se hallaría en el mismo barrio, a apenas 100 metros de donde se encuentran los actuales bloques, según aseguró la edil socialista.