VALÈNCIA. (EFE) Las obras de rehabilitación integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana empezarán en enero de 2022 con una inversión prevista de 24,3 millones de euros, según ha anunciado este jueves la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante la visita al inmueble donde, ahora mismo, se están realizando catas arqueológicas y estructurales de la Real Casa de la Aduana.

Con un plazo previsto de tres años, la sede del TSJ estará rehabilitada y plenamente operativa a partir del último semestre de 2024. Para la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, estas catas son de una "importancia extraordinaria" porque "permitirán un conocimiento exhaustivo del edificio que se incorporará al proyecto de ejecución para impedir retrasos y problemas por déficit de información como ocurrió, por ejemplo, en la restauración del Palacio del Temple".

La Real Casa de la Aduana, sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se construyó entre 1758 y 1802 y en 1828 se transformó en fábrica de tabacos. Posteriormente, en 1914, se adaptó para convertirlo en palacio de Justicia. A lo largo del tiempo se han hecho innumerables intervenciones parciales de todo tipo hasta su declaración como Bien de Interés Cultural, en especial el conjunto escultórico que es obra de Ignacio Vergara, el autor de la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas de València.

Las catas estructurales y arqueológicas empezaron a finales del pasado mes de octubre y, hasta ahora, han permitido reconocer las distribuciones y los falsos techos pertenecientes a la remodelación del edificio llevada a cabo por Vicente Rodríguez a principios del siglo XX para trasformar la instalación fabril en sede de la Audiencia.

Además, se han identificado vigas de madera y revoltones pintados pertenecientes a la época original del edificio construido por Felipe Rubio en la segunda mitad del siglo XVIII, así como forjados de viguetas de hormigón y bovedillas asociados a las actuaciones de Camilo Grau de mitad de siglo XX.

Por otro lado, la intervención está permitiendo valorar con mayor detalle el estado de la antigua estructura de madera, los muros y los problemas de pudrición de las cabezas empotradas de las vigas. Además, se han identificado las intervenciones en los huecos de fachada a la arquitectura interior y que se llevaron a cabo a lo largo del siglo XX.

El proyecto de rehabilitación integral, según Gabriela Bravo, se ha diseñado con una doble perspectiva. Por un lado, hay que adecuar el edificio para que sea "funcional, accesible y sostenible al igual que el resto de los proyectos del Plan de Infraestructuras Judiciales" pero "sin perder de vista su valor patrimonial y cultural".