VALÈNCIA. La reactivación del parque industrial y logístico de Valpark, ubicado en el municipio de Vallada, es uno de los principales objetivos que persigue el ayuntamiento. Se trata de una actuación destacada, ya que actualmente, el consistorio se encuentra entre los más endeudados de España como consecuencia de la deuda que arrastra tras la gestión fallida de esta zona industrial paralizada desde 2009. Para ello, apuestan por la llegada de fondos europeos para cambiar el panorama: de proyecto fracasado, a macropolígono industrial con capacidad para relanzar la comarca de la Costera.

Con este objetivo el consistorio y la empresa Gobernanza Industrial trabajan en un Plan de Resiliencia con el que optar a los fondos europeos y poner en funcionamiento un millón metros cuadrados que, hasta ahora, solo han aglutinado una deuda que asciende a casi 29 millones de euros. Como parte de la defensa de este plan como revulsivo en la comarca, los juristas Alba Nogueira y Andrés Boix han elaborado un informe, solicitado por la administración local, sobre las ventajas del uso de suelo industrial ya disponible, como es el caso de Valpark.

Cabe recordar que el parque industrial de Vallada se encuentra urbanizado al 35% y no se ha realizado por fases, por lo que no hay ninguna parte lista para su uso. En este momento, esta área no dispone aún de agente urbanizador para ser completado, por ello desde la administración local reclaman la utilización de los Next Generation para finalizar la urbanización del parque con el objetivo de su puesta en marcha.

En este sentido, desde el ayuntamiento destacan que numerosas empresas se han interesado por esta ubicación. Su ubicación entre la autovía A-35 y la línea de ferrocarril Valencia-La Encina, un tramo considerado como prioritario por la estrategia europea, o la disponibilidad de parcelas de gran tamaño, sol algunos de los baluartes de este proyecto. A ello se suma que se trata de unos terrenos aptos jurídicamente y estructuralmente transformados. "Se trata de un suelo que puede considerarse a efectos ambientales como transformado, aunque los usos industriales no se hayan establecido en ningún momento por no haberse completado la urbanización", señalan en el informe

Así, el documento elaborado por Nogueira y Boix pone sobre la mesa la tesis de que, en caso de que las administraciones públicas necesiten suelo industrial, utilicen aquel que y esté listo jurídicamente y físicamente. De este modo, frente a otras alternativas equivalentes con la misma finalizad y en una zona similar, defienden el aprovechamiento de aquellos suelos industriales que ya estén en proceso de estar desarrollados, ya que supondría una ventaja "a la luz del marco jurídico vigente en materia de evaluación de impacto ambiental". "El informe plantea es si esto que es de sentido común también es una obligación jurídica, y la conclusión es que sí. A día de hoy cualquier proyecto mínimamente ambicioso de transformación de suelo requiere una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y, poco a poco, estas DIA y la evaluación de alternativas son más exigentes", argumenta Boix.