VALÈNCIA. La investigación llevada a cabo hasta la fecha en el caso Azud concluye que el PSPV pudo financiar en B gastos de campañas electorales a través de diversas vías. Una de ellas habría sido la adjudicación de un tramo del trasvase el Júcar a dos constructoras que posteriormente habrían realizado una contraprestación económica que acabó en el partido. Para ello, la jueza cree que se usaron empresas estatales en una operativa que se produjo gracias a que el PSOE gobernaba a nivel nacional.