VALÈNCIA (EFE). El conjunto de las comunidades autónomas, con muy pocas excepciones, ha concedido más importancia en su política fiscal a mantener un determinado nivel de gasto que a la estabilización macroeconómica y, sobre todo, que a controlar su endeudamiento.

Un estudio que publica Fedea este miércoles ofrece una aproximación a las preferencias mostradas por las comunidades autónomas, en el período 2013-2022, a la hora de definir su política fiscal, la primera de las cuales es la provisión de un determinado nivel de gasto público per capita.

Frente a este objetivo, que la entidad de la que son patronos el Banco de España y grandes bancos y empresas del Ibex 35 fija en torno al 40-60 %, aparecen con menor peso relativo la estabilización macroeconómica, por debajo del 40 %, y en tercer lugar la sostenibilidad de la deuda, con un peso del 20 % hace diez años y valores muy próximos a cero en algunas especificaciones y años inmediatamente anteriores a la pandemia.

Los resultados del estudio, que firman Carmen Marín (Fedea) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide y Fedea), registran, no obstante, grandes diferencias entre las 17 comunidades autónomas, que han dividido en tres grupos.

En un primer grupo de gobiernos autonómicos, integrado por la Comunitat Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y, Cataluña, el objetivo de gasto público ha contado con un peso de en torno al 70 %, mientras que el de la sostenibilidad de la deuda se ha situado generalmente por debajo del 10 %.

Los autores conjeturan que, dados sus elevados niveles de deuda, la asistencia recibida de los mecanismos extraordinarios de financiación tipo Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), "ha mantenido unas condiciones de rescate implícito que han debilitado la sensibilidad de su política fiscal al nivel de deuda autonómica".

Un segundo grupo, formado por Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Extremadura y La Rioja, ha seguido un perfil muy similar al identificado para el conjunto de las administraciones autonómicas.

En este caso, el informe llama la atención sobre el hecho de que a lo largo del periodo estudiado algunas de estas comunidades han mantenido perfiles de política fiscal muy parecidos a pesar de estar gobernadas en diferentes legislaturas por partidos de distinta ideología, lo que lleva a "minimizar la influencia de la ideología sobre el diseño de la política fiscal autonómica".

Finalmente, existe un tercer grupo de comunidades, compuesto por Canarias, País Vasco, Navarra y Madrid, en el que la preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública alcanza valores en torno al 30-40 por ciento.

Señala Fedea que las tres primeras son comunidades "bien financiadas en términos relativos, lo que tiene consecuencias evidentes para los niveles de gasto público per cápita de partida" y concentra el foco en la sostenibilidad de su deuda, mientras Madrid, que "no disfruta de una financiación superior a la media", ofrece sin embargo valores de sus preferencias por la sostenibilidad de la deuda superiores incluso a los del gasto público.