VALENCIA. Podemos sigue siendo una olla a presión tanto en el ámbito estatal, donde quedan unas pocas semanas para la celebración de la Asamblea Ciudadana Estatal -el llamado Vistalegre II- como de cara a la cita valenciana que se celebrará posiblemente en el mes de mayo.

Más allá del pulso entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón que se produce ante la mirada atenta y decisiva de Anticapitalistas, en la Comunitat se vienen enfrentando dos sensibilidades que apuntan a no bajar el pistón hasta que se celebre la asamblea que decidirá la hoja de ruta política y el liderazgo en la formación morada.

Así, un relevante grupo de críticos -en su mayoría diputados- vienen sosteniendo un pulso con el secretario general autonómico y portavoz parlamentario, Antonio Montiel, y su entorno. Un tira y afloja desarrollado por entregas en diferentes episodios: la última de ellas, a colación del dictamen hecho público por la Comisión de Garantías de Podemos, quien expuso una serie de "claras irregularidades" en algunos proceso de contratación en la formación morada. Unas afirmaciones que fueron rechazadas y argumentadas por parte de miembros de la dirección próximos a Montiel.

No obstante, la cosa no quedó ahí. La dimisión de dos de los cinco miembros que quedaban activos en la citada comisión, ambos cercanos a la actual dirección, propició la disolución del departamento de Garantías, dado que, según los estatutos del partido, la salida de la mitad de los miembros fuerza la desaparición de la comisión. Los dos dirigentes salientes justificaron su marcha por "desacuerdos" con el "proceder" de la presidenta del órgano.

Unas dimisiones que desde el sector crítico no ven casuales. De hecho, alguno de estos dirigentes consultados por este diario desliza que han sido teledirigidas desde el entorno de Montiel después del dictamen desfavorable emitido sobre las citadas contrataciones en el partido.

En este sentido, las citadas fuentes mostraban este lunes su "preocupación" al considerar que Podemos se dirige a encarar un proceso de asamblea ciudadana autonómica sin que exista una comisión de garantías en activo, lo que implica que cualquier problema o discusión en el seno de la formación morada se trasladaría al órgano de ámbito estatal. Una circunstancia que no agrada al sector crítico al considerar que contribuye al "colapso" de la comisión nacional y que, además, evidencia la falta de capacidad de autonomía y control de Podemos Comunitat Valenciana.