VALÈNCIA (EFE). Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han denunciado este martes el colapso en las oficinas de renovación del DNI y pasaportes a las puertas del verano pues en la mayoría de las cerca de 300 sedes de expedición de documentación la cita previa supera el mes, con situación especialmente preocupante en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Navarra, Sevilla y Málaga.

En un comunicado, las tres organizaciones lamentan la "incapacidad" de la Dirección General de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para mejorar un servicio público que lleva dos años sometido a una "nefasta" política de gestión en materia de recursos humanos.

Los sindicatos exigen que se deben cubrir los casi 2.500 puestos vacantes de personal no policial ante un escenario que sitúa al límite de la "saturación" una parte importante de las oficinas, pues el sistema de cita previa comienza a acercarse a los dos meses.

Especialmente preocupante -apuntan- es la situación de determinados territorios, como la Comunitat Valenciana, Cataluña, Navarra y las provincias de Sevilla y Málaga, donde la mayoría de los equipos de expedición tienen las citas a dos meses vista, que es la fecha tope de la cita previa.

Otro número significativo de provincias tiene la cita previa entre 40 y 50 días, mientras que, salvo contadas provincias cuya cita está a pocos días vista, para el resto hay que esperar una media de 30 días.

Los sindicatos auguran que este panorama empeorará cuando empiece el período vacacional en la educación primaria y secundaria.

En su opinión, el incremento de citas por hora, la ampliación del horario de apertura de alguna de las oficinas y la posible apertura del sistema a tres meses vista solo sirven para degradar la calidad del servicio público y añadir presión al personal que lo presta.

Tampoco consideran que esté dando buenos resultados la decisión de la Dirección General de la Policía de cubrir los puestos de expedición vacantes con agentes, a quienes para ejercer esta labor se les detrae de tareas de seguridad ciudadana.

De hecho, denuncian que la cobertura de puestos administrativos por parte de funcionarios policiales conlleva un sobrecoste de más de 140 millones de euros anuales para las cuentas públicas respecto de lo que supondría cubrir dichas plazas con personal de Cuerpos Generales de la Administración General del Estado y Personal Laboral.