VALÈNCIA. Tras 12 años de que el Sistema de Financiación Autonómico (SFA) permanezca caducado, este viernes se produjo por primera vez una propuesta real y tangible por parte del Gobierno de España para reformar un modelo que perjudica notablemente a la Comunitat Valenciana.  Una aparición, eso sí, que se producía 24 horas después de la escenificación de un acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras (ERC) que evidenciaba los beneficios que la modificación reportará a Cataluña, un gesto que soliviantó a buena parte de presidentes autonómicos.

Tal y como ha informado reiteradamente este diario, los dos grandes partidos, PP y PSOE, habían evitado abordar esta remodelación en sus respectivos mandatos. Primero fue el popular Mariano Rajoy (2011-2018) y después el socialista Pedro Sánchez (2018-2026): ambos hicieron algunos amagos de ponerle el cascabel al gato y abrir el polémico melón del SFA, si bien en todas estas intentonas aparecieron obstáculos inesperados -procés en Cataluña, pandemia, guerra de Ucrania...- y también excusas, para que nunca prosperara la reforma.

En este sentido, resulta necesario explicar que para socialistas y populares siempre ha sido complicado abordar este debate. La razón es la disparidad de criterios y transversalidad de necesidades que se producen en las distintas Comunidades Autónomas (CCAA), además gobernadas a menudo por diferentes signos políticos.

Un escenario que se complica cuando se está hablando de un reparto económico por regiones. Sólo hay dos maneras de afrontarlo: aumentar el dinero a repartir para que nadie pierda (algo que no resulta fácil para ningún gobierno) o redistribuir lo que se está otorgando sin incrementar el montante total (una vía que implica que haya autonomías ganadoras y otras perdedoras). Un contexto que ha contribuido a lo largo de estos años a que ninguno de los inquilinos de la Moncloa viera apetecible enfrentarse a este debate: si a ello se une que las regiones más afectadas eran Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, se entiende (políticamente) que ni Rajoy ni Sánchez (ni tampoco los medios de comunicación nacionales) lo tomaran como una prioridad en más de una década, como se puede apreciar en la propia hemeroteca de este diario.

Con estos antecedentes, lo ocurrido este viernes en la rueda de prensa protagonizada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es casi un evento histórico. Por fin, la dirigente socialista comparecía para detallar el modelo propuesto por el Gobierno de España: un sistema en el que se comprometen a aportar 21.000 millones de euros más a la 'tarta' y en el que la Comunidad Valenciana recibirá 3.669 millones de euros más (casi un 18%) de lo que percibía, siendo la tercera autonomía más beneficiada por detrás de Andalucía y Cataluña.

Una propuesta realmente interesante para la Comunitat, pero también en términos generales si se pretende iniciar un debate sobre la remodelación de un SFA caducado desde hace 12 años. Es decir, se parte de una base en la que el Gobierno de España asume la necesidad de incrementar la partida total, por lo que las autonomías podrían plantear sus alegaciones y propuestas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

No obstante, en el PPCV, además de considerar "lamentables" las "formas" por haberse producido una escenificación previa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras (ERC) sobre el futuro modelo, ya avisaban este viernes a través del portavoz del Consell, Miguel Barrachina, que la propuesta llegaba "siete años tarde". Un argumento cierto, al igual que ocurrió con los seis años en los que gobernaba su compañero Rajoy en la Moncloa, incluso con mayoría absoluta en su primer mandato.

Ahora bien, este reproche resulta un interesante punto de apoyo para preguntarse por qué, efectivamente, llega esa propuesta de reforma justo en este momento. Fuentes socialistas consideran que este era uno de los compromisos de la propia Montero antes de dejar el cargo para encaminarse a las elecciones andaluzas como cabeza de cartel de la formación socialista. Precisamente su región es una de las perjudicadas por el sistema vigente y, de concurrir a las mismas sin haber presentado un modelo siendo ministra de Hacienda, se habría convertido en blanco fácil para las críticas de Juanma Moreno (PP).

Por otro lado, otros dirigentes del partido señalan que, en los últimos meses, la situación de arrinconamiento y desgaste de las siglas socialistas a raíz de los casos de presunta corrupción han agotado la práctica totalidad de temas donde Sánchez puede liderar el debate. Así, lanzarse ahora a la remodelación del SFA puede provocar cierto guirigay en las filas populares, dado que es una reivindicación histórica de algunas autonomías como la valenciana. En todo caso, aunque no provoque una revuelta en el PP, sí es cierto que la propuesta realizada por Montero merece ser estudiada porque supone, esta vez sí, la posibilidad de abrir un debate real sobre una reforma muy necesaria para algunas CCAA. Si el PP se niega, los socialistas siempre podrán esgrimir que han sido los populares los que han rehuido abordar esta cuestión, algo que, por ejemplo, puede servirle a Montero en la campaña andaluza.

No obstante, los populares también tienen contrajuego. El principal es que esta reforma llega por la necesidad que tiene Sánchez de los votos de ERC en el Congreso, algo que se evidenció este jueves con la escenificación del acuerdo con Junqueras sobre la cuestión. Una imagen de primero Cataluña y luego el resto de autonomías que el PP considera inaceptable: ¿pero tanto como para no negociar una reforma del SFA que lleva pendiente 12 años?. Por su parte, el Gobierno de España, a sabiendas de la prerrogativa que ha tenido ERC en este proceso, ha tratado de presentar una propuesta que sea lo más atractiva y generosa posible para que sea difícil rechazarla de entrada.

En este sentido, lo que probablemente mejor demuestra que esta reforma del SFA propuesta por Montero es un golpe de mano político es recordar cómo, durante los últimos años, los socialistas se negaban a abrir el melón de la financiación autonómica porque, aseguraban, necesitaban una mayoría parlamentaria en el Congreso y Feijóo había rechazado negociar la reforma. Ahora, cuando Sánchez tiene posiblemente la aritmética más complicada en la Cámara Baja y sigue sin haber un acuerdo con los populares, sí han considerado que pueden lanzarse a proponer la remodelación del SFA, lo que evidencia que durante mucho tiempo se esgrimieron razones falsas porque no les convenía abordar esta cuestión. Un posicionamiento que, por cierto, también siguió a pies juntillas el PSPV, lo que provocó una grieta en la comisión Per un Finançament Just en la que estaban los partidos políticos y agentes sociales valencianos.

Eso sí, más vale tarde que nunca. La propuesta, a falta de revisar la letra pequeña, resulta interesante para la Comunitat Valenciana y los populares deberán considerarla. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), optó ayer por la prudencia y prefirió no emitir una valoración hasta "estudiarla", si bien insistió en la necesidad de aplicar un fondo de nivelación transitorio.