MADRID (EFE). BBVA Research estima que el déficit público se reducirá hasta el 2,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2025 y hasta el 2,4 % en 2026, gracias a la aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas y a la efectividad de las medidas tributarias aprobadas a finales de 2024.

Esta es una de las conclusiones del "Observatorio fiscal" correspondiente al mes de marzo, que prevé que el déficit se situó en el 3,3 % a cierre de 2024, dos décimas menos que un año antes, debido principalmente al crecimiento de la actividad económica y a la retirada gradual de las medidas adoptadas para frenar el alza de los precios.

El déficit de 2024 se habría situado en el entorno del 3 % del PIB comprometido con la Unión Europea sin las ayudas extraordinarias destinadas a paliar el impacto de la dana de octubre y que se estiman en 0,3 puntos porcentuales del PIB, según la fuente.

El coste de dichas ayudas fue asumido por la administración central, por lo que habría elevado su saldo negativo hasta el 2,7 %.

Por su parte, las comunidades autónomas lideraron el ajuste fiscal del pasado año, seguidas por la Seguridad Social, con déficits del 0,3 % y 0,4 % del PIB, respectivamente; mientras que las corporaciones locales volverían a registrar un pequeño superávit.

El Observatorio destaca que en 2025 y 2026 el ajuste fiscal vendrá determinado por la aplicación de las nuevas reglas fiscales, con las que España deberá asumir un esfuerzo adicional de consolidación entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales del PIB.

Esta corrección favorecerá una senda decreciente de la ratio de la deuda sobre PIB, hasta el 100,3 % del PIB en 2025 y el 100,1 % en 2026, aunque en un contexto de moderación de la recuperación económica.

Así, los economistas del BBVA Research consideran que la mejora cíclica de la actividad y el menor coste de la financiación compensarán parcialmente el incremento de las pensiones y el fin de los gravámenes temporales sobre las entidades de crédito y las energéticas.

A su juicio, con la reforma tributaria en vigor será necesario definir nuevas medidas para cumplir con las reglas fiscales y hacen hincapié en que ha aumentado la incertidumbre sobre la política fiscal, "con necesidades crecientes de gasto asociadas al envejecimiento, la inversión y el gasto en defensa".

En este sentido, opinan que el acuerdo de condonación de la deuda autonómica no soluciona los desequilibrios estructurales de las comunidades y podría introducir incentivos perversos en futuras crisis, al tiempo que reconocen que "la falta de consensos dificulta la adopción de las medidas necesarias".