VALÈNCIA. El precio que las Administraciones públicas paguen a las farmacéuticas por los medicamentos será secreto. Los acuerdos "no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte" de los mismos. Así lo ha acordado este jueves la Comisión de Sanidad del Congreso al dar luz verde al informe de la ponencia sobre la proposición de ley del programa de cribado neonatal, documento en el que PP, PSOE y Sumar han 'colado' una enmienda transaccional para blindar la confidencialidad del coste público los medicamentos. 

La enmienda fue firmada por los diputados Elvira Velasco (PP), Rafael Cofiño (Sumar) y la socialista valenciana Carmen Martínez. El voto en esta comisión supone la aprobación definitiva de la norma por el Congreso, pues no se debatirá ni votará en el hemiciclo al tramitarse por vía de urgencia. El texto pasa ahora al Senado, que tendrá 20 días para poder enmendar o tumbar la norma, una cuestión poco probable teniendo en cuenta que el informe ha salido adelante en la Cámara Baja prácticamente por unanimidad.

En concreto, se ha incorporado una disposición adicional en la proposición de ley para modificar los artículos 97 y 106 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. El artículo 97 se refiere a la información económica y ya protegiendo los datos técnicos y económicos sobre las negociaciones entre los entes públicos y las farmacéuticas.

La nueva redacción, no obstante, establece: "Los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas, tendrán carácter confidencial y no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte en dichos acuerdos".

Un solo voto en contra en el Congreso

Todos los votos sobre el informe han resultado sido favorables, salvo dos abstenciones y el 'no' del diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, que precisamente ha denunciado que este blindaje se ha realizado mediante una enmienda transaccional, "por la puerta de atrás" y "sin debate específico". 

"Lo que hoy se vota es una reforma que blinda también por ley el secreto sobre el precio real que las administraciones públicas pagan a las multinacionales farmacéuticas por medicamentos financiados con dinero de todos", ha denunciado este parlamentario durante la comisión. Desde Sumar, Cofiño ha defendido que esta medida resulta un "paso imprescindible" para protegerse frente a la cláusula de nación más favorecida impulsada por EEUU y favorecer la comercialización temprana de medicamentos en España.

En cualquier caso, este movimiento permite al Congreso adelantarse al Tribunal Supremo, que actualmente está decidiendo sobre dos recursos que Civio ha presentado ante las reiteradas negativas del Gobierno a facilitar el precio de los medicamentos. Civio ganó en primera instancia, pero la Audencia Nacional revocó los fallos. Por este motivo, la entidad llevó la situación hasta el Supremo, en cuya decisión, además, fijaría una jurisprudencia. No obstante, la nueva redacción de la norma fija claramente que este dato no pueda darse a conocer a ninguna administración o empresa que no forme parte de los acuerdos. 

Tercer intento de ocultar por ley el precio de los medicamentos

De hecho, Civio ha venido alertando de esta votación a lo largo de esta semana. Según esta organización, se trata del tercer intento de ocultar por ley el coste de los medicamentos: en mayo de 2025 se incorporó al anteproyecto de ley de medicamentos que impulsó el Ministerio de Sanidad y en marzo de 2026 reapareció, ya impulsada por el PSOE y Sumar, como Enmienda 259, en una ley sobre discapacidad. Esta entidad pone especial énfasis en la "opacidad" con la que se ha hecho esta vez, pues las enmiendas transaccionales solo se conocen cuando se redacta el informe de la ponencia, poco antes de su votación final. 

La fórmula utilizada, además, desvirtúa el sentido de este tipo de enmiendas, que sirve para que diferentes grupos puedan acercar posturas sobre enmiendas ya existentes y poder llegar a acuerdos. En este caso, se ha utilizado una enmienda del PP sobre el cribado neonatal para 'colar' esta cuestión, algo que no deja de ser reseñable, más si cabe por las habituales discrepancias de los populares con los otros dos grupos con los que ha pactado esta medida.

Desde Civio han venido denunciando que, en cuestión de semanas, "el precio real de cada medicamento que pagamos entre todos quedará sellado por ley, sin que el asunto haya tenido un solo debate público a su altura". La entidad ha venido reclamando a los grupos parlamentarios que no saquen adelante esta reforma y que el Supremo pueda resolver los recursos planteados "sin interferencia" y defienden: "Si el Estado paga, la ciudadanía debería tener derecho a saber cuánto y en qué condiciones".