El Constitucional avala pagos fraccionados del impuesto de sociedades de grandes empresas

MADRID (EFE). El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el actual sistema de pagos fraccionados del impuesto de sociedades para grandes empresas, rechazando que sea inconstitucional o que vulnere el principio de capacidad económica.

En una nota, el TC explica que el pleno ha desestimado una cuestión de inconstitucionalidad procedente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre la regulación de los pagos fraccionados de las grandes empresas, aquellas con cifra de negocios superior a 10 millones de euros en el impuesto sobre sociedades.

El litigio se originó cuando una empresa reclamó por el perjuicio financiero sufrido por haber abonado a Hacienda en concepto de pagos fraccionados una cantidad mayor al impuesto definitivo.

Según explica la nota, a la que no acompaña la sentencia, que se hará pública en los próximos días, la empresa alegaba la vulneración del principio de capacidad económica, ya que lo abonado en concepto de pagos fraccionados resultaba superior a lo que debía abonar la sociedad al hacer la liquidación del impuesto definitivo.

La sentencia razona que el método cuestionado no grava rentas "irreales" ni "ficticias", sino que hace una medición razonable de la renta en términos reales (no estimados), netos (no brutos) y actuales (del ejercicio en curso), aclara la nota.

El cálculo del importe de los pagos fraccionados se realiza aplicando al resultado contable positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los tres, nueve u once primeros meses de cada año natural -un tipo del 23 %-, en tanto que el tipo general del gravamen del impuesto es del 25%.

De este modo, el resultado contable puede ser igual, mayor o menor que la base imponible.

La sentencia concluye que es una forma razonable de cuantificación porque el resultado contable es fiel reflejo de los beneficios de la entidad.

Asimismo, subraya que los pagos fraccionados son un tipo de pago a cuenta que se aplica también en otros tributos como el IRPF, y son una obligación tributaria autónoma y provisional respecto de la obligación tributaria principal.

Cinco de los magistrados han formulado un voto particular contra el fallo, señala el comunicado.