VALÈNCIA. La reforma del sistema de financiación autonómica figura por primera vez entre los planes oficiales del Gobierno de Pedro Sánchez, después de ocho años en los que el Plan Anual Normativo de cada ejercicio desmentía los discursos voluntaristas de la exministra de Hacienda María Jesús Montero.

El Plan Anual Normativo (PAN) es un documento que el Gobierno aprueba cada año para anunciar qué leyes o reglamentos prevé que sean aprobados por el Consejo de Ministros. Es una hoja de ruta que nunca se cumple en su totalidad pero que muestra las prioridades del Ejecutivo central.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el PAN para 2026 —con cierto retraso sobre lo que es habitual—, que por primera vez incluye la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), con el objetivo, según el Gobierno, "de acometer una actualización y reforma" del sistema de financiación autonómica (SFA) "para hacerlo más eficiente y equitativo".  

Montero presentó el pasado 9 de enero en rueda de prensa el primer proyecto de reforma del SFA, pactado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que logró un rechazo casi unánime por parte de los gobiernos de las 15 CCAA afectadas (todas excepto País Vasco y Navarra), incluidas algunas controladas por el PSOE como Asturias y Castilla-La Mancha. Solo Cataluña se posicionó a favor.

La vicepresidenta primera anunció entonces que abriría una ronda de reuniones con cada una de las comunidades, pero abandonó el Gobierno a finales de marzo, para ser candidata en las elecciones de Andalucía, sin que el proceso hubiese avanzado y sin haber celebrado ni una sola de esas reuniones.

Su sucesor en el Ministerio de Hacienda, el valenciano Arcadi España, afirmó el pasado 1 de mayo que su departamento va a ir agendando reuniones con las comunidades autónomas sobre la propuesta del modelo de financiación, tal como prometió Montero.

Ley de Presupuestos, sin especificar de qué año

Tras el Consejo de Ministros de este martes, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció en rueda de prensa que el Gobierno tiene previsto aprobar 179 propuestas normativas en el año 2026, entre las que ha incluido los presupuestos generales del Estado (PGE).

Sin embargo, el PAN no especifica si esos PGE serán todavía los de 2026 o ya los de 2027, dado lo avanzado que está el ejercicio. Al respecto, Bolaños recordó que la presentación de Presupuesos "es una obligación política" —también constitucional— y que el Gobierno tiene "voluntad", si bien no confirmó si se presentarán este año o ya renunciarán para presentar las cuentas en 2027.

El ministro señaló que "ahora no es el momento" ante la guerra de Irán que, según afirmó, genera "incertidumbres económicas" que "hacen muy difícil" que el Gobierno pueda tener "un cuadro macroeconómico que sea preciso y que no esté muy condicionado por las incertidumbres que tienen que ver con el panorama internacional que existe hoy en nuestro planeta".

De las 179 nuevas propuestas normativas, 10 son leyes orgánicas, 38 son normas ordinarias y 131 son reales decretos. Asimismo, el 31% de las normas que se aprobarán son incorporaciones al derecho nacional de normativa europea.

"La intención del Gobierno es continuar fortaleciendo el estado del bienestar, garantizando el crecimiento económico y, por supuesto, tener una posición en política internacional (...) que apueste por el derecho internacional, la paz en el mundo y los valores democráticos", reivindicó Bolaños.

El ministro también avanzó que el grado de ejecución del informe de evaluación del Plan Anual Normativo de 2025 es "muy alto", cifrándolo en un 82%: un 36,18% de normas previstas ya aprobadas y un 46,23% en tramitación avanzada.

Normas para 2026

Algunas de las normas anunciadas por el Gobierno para este año, con la explicación de sus objetivos, son las siguientes: 

Ley Orgánica de Integridad Pública, que supone "un salto cualitativo" en la estrategia para combatir la corrupción en el ámbito público.  

Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que establece su tipificación como delito penal autónomo contra la integridad moral.

Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que, por primera vez, aborda de forma conjunta la lucha contra todas las formas de trata. 

Ley de democracia en la empresa, que impulsa una participación más eficaz de las personas trabajadoras en sus compañías.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para adaptar la Ley de 1995 a los desafíos del trabajo en el siglo XXI.

Ley relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas, que transpone la directiva comunitaria en la materia. 

Modificación del Estatuto de los Trabajadores para establecer las garantías adecuadas frente al despido, reformando el régimen indemnizatorio y dando cumplimiento a la Carta Social Europea.

Ley del Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita, que sustituirá a la actual norma tras más de 30 años en vigor. 

Ley Orgánica de protección del derecho al honor, más garantista y adaptada al entorno digital.

Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que reformará el sistema de financiación autonómica "para hacerlo más eficiente y equitativo".

Modificación de la Ley Orgánica de protección a la infancia (LOPIVI), que refuerza la prevención y reparación de los menores frente a la violencia. 

Ley Orgánica de Juventud y Derechos de las Generaciones Futuras, que promoverá la participación de las personas jóvenes en la vida política, social, económica y cultural.

Ley de consumo sostenible, que actualiza la normativa en lo relativo a esta cuestión.

Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que incluye medidas medidas para promover el buen uso de la IA en el ámbito de la Administración General del Estado y un régimen sancionador aplicable a los sistemas de IA introducidos en territorio español.

Ley de medicamentos y productos sanitarios, que adapta el sistema para hacer frente a los avances científicos disruptivos y profundiza en la racionalización del gasto farmacéutico.