El ministro de Economía, Luis de Guindos, también ha anunciado que los jueces tendrán potestad para reducir las deudas de los desahuciados si el banco se beneficia en la venta
VALENCIA. Los jueces tendrán potestad para reducir las deudas que les quedan pendientes a las familias víctimas de desahucios por impago de la hipoteca si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda, según el proyecto de ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Además, la norma limitará los intereses de demora que se pueden aplicar a estos créditos y limitará a 30 años plazo máximo para conceder hipotecas para vivienda habitual.
Así lo ha avanzado este miércoles el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su intervención ante el Pleno del Congreso, en la que ha avanzado así algunos de los cambios que el PP propondrá durante el plazo de enmiendas parciales para este proyecto de ley, con el objetivo de "mejorar la normativa porque la dramática situación que atraviesan muchas familias españolas merece el mayor esfuerzo y entendimiento de todos".
REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA
En este sentido, se reformará la Ley Hipotecaria y la regulación del mercado hipotecario para "equilibrar la posición de las partes" respecto de asuntos como las exigencias de cláusulas, tasaciones e intereses de demora. En concreto, se limitarán los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero para "evitar el c3ecimiento desorbitado de la deuda y facilitar que los deudores hipotecarios puedan afrontar el pago".
Además, se "reforzará la independencia" de las sociedades de tasación con respecto a los bancos, limitando la presencia de éstos en el accionariado de las sociedades --que se reducirá del 25 al 10%-- y se "endurecerán los supuestos de infracción". Las entidades de crédito tendrán asimismo que "aceptar cualquier tasación homologada de un bien que aporte el cliente" y el incumplimiento de este precepto será sancionable, lo que "incrementará la competencia y objetividad del mercado de las tasaciones".
El Consejo de Consumidores y Usuarios y otras autoridades administrativas estarán facultadas además para "requerir al Banco de España que inicie un procedimiento sancionador contra una tasadora".
