MADRID (EFECOM). El Gobierno está elaborando un informe sobre el impacto que puede tener la dación en pago -la devolución al banco de un inmueble para saldar un préstamo hipotecario- sobre el sistema financiero.
Así consta en una respuesta a la pregunta escrita de la diputada de ERC-IU-ICV Nuria Buenaventura en la que pide al Ejecutivo su opinión sobre una sentencia de la Audiencia de Navarra, que desestima el recurso de un banco contra una sentencia previa, según la cual no había lugar a continuar con un procedimiento de ejecución después de que el banco embargara la vivienda garantía de préstamo.
La respuesta gubernamental explica que para la implantación de la dación en pago se tendrían que analizar antes una serie de factores, como es el hecho de que habría un impacto directo "muy profundo" sobre el sector financiero español (especialmente en el mercado hipotecario), al reducir el valor de la garantía inmobiliaria en España, "tradicionalmente muy cualificada al incluir la garantía inmobiliaria y personal".
Además, según el Ejecutivo, requeriría imponer por vía legal un modelo de contratación restrictivo de la autonomía de la voluntad de las partes.
También sostiene que incrementaría el coste del acceso al crédito hipotecario de los ciudadanos y que debería ejecutarse mediante reformas de normativa con rango de ley.
La respuesta recuerda que un artículo de la Ley de Economía Sostenible prevé garantizar la protección de los usuarios ante las entidades de crédito, con la inclusión de medidas relacionadas con la transparencia de las condiciones financieras de los préstamos y créditos hipotecarios.
Según el Gobierno, esto permitirá que las decisiones de contratación de préstamos hipotecarios se tomen con mayor información, de forma que se reduzca el sobreendeudamiento y se eviten sus consecuencias en situaciones de crisis económica.
El pasado miércoles, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que la dación por pago pondría en peligro la solvencia del sistema financiero español, mientras que la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, aseguró que éste "no es en absoluto el momento" de plantearla.
