MADRID (EFECOM). El pleno del Senado aprobó ayer en una votación confusa la ley Sinde, recogida como disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, que permitirá el cierre de páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor por orden judicial.

La ley antidescargas, aprobada con 244 votos a favor y 12 en contra, recibió el respaldo de PSOE, PP y CiU y el rechazo de los senadores de ERC, ICV, CC, PNV, Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista y Grupo Mixto.

El resultado de la votación generó cierta confusión entre los medios de comunicación que seguían en el Senado el trámite de la ley Sinde, ya que los senadores votaron la propuesta de los senadores José Manuel Pérez Bouza, del BNG y de Narvay Quintero, de CC, para que la enmienda no entrara en el texto de la Ley de Economía Sostenible y se remitiera sin ella al Congreso.

Así, el resultado fue 12 votos a favor y 244 en contra de la enmienda, lo que generó un lío y provocó que, tras la votación, la portavoz del PSOE, Carmela Silva, explicara a los periodistas que la votación suponía que las enmiendas sobre la ley Sinde y la reforma del canon digital hubieran salido adelante con 244 votos a favor y 12 en contra.

Sin embargo, fuentes parlamentarias explicaron que la votación sobre la ley Sinde y la reforma del canon digital se produjo con la aprobación del dictamen de la Ley de Economía Sostenible, que la comisión de Economía del Senado aprobó por unanimidad la pasada semana y en el que se incluían ya las enmiendas.

El dictamen fue aprobado con 248 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

A pesar del embrollo en las votaciones, la ley Sinde volverá al Congreso de los Diputados en el mes de marzo, apenas tres meses después de que en esta cámara todos los grupos excepto el PSOE rechazaran la iniciativa el 21 de diciembre.

El texto de nueva disposición final segunda de la ley de Economía Sostenible introduce algunas modificaciones respecto al original, pues en la nueva ley Sinde el juez interviene desde el primer momento en el proceso de cierre de una página web.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde aseguró ayer que, tras ser aprobada en el Congreso a mediados de marzo y desarrollar su reglamento, "los primeros casos" podrían aplicarse para el verano.