El Supremo rechaza recurso de Vox contra la decisión de permitir el voto a los hijos de la 'ley de nietos'

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MADRID (EP). El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó Vox frente a la negativa de los magistrados a suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' ante la cercanía de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Mediante un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo apunta que "si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar, la respuesta podría haber sido distinta".

"En el estado tan avanzado del proceso electoral en curso", "a menos de dos semanas" de la cita con las urnas, "no resulta posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo como el pretendido, que permita, no solo su conclusión con antelación al día de la votación, e incluso al del escrutinio general por las Juntas Electorales Provinciales, sino también que se garantice el derecho a ser oídas las personas afectadas y que antes de esas fechas pueda darse respuesta a sus alegaciones", argumenta.

Los magistrados remarcan que las operaciones exigirían realizarse en tiempo hábil y respetando las garantías inherentes a los derechos de las personas afectadas, "extremo que no merece ninguna consideración de la parte recurrente y en el que ponen especial énfasis las partes correcurridas".

"No permitiría su conclusión a tiempo, en primer lugar, porque las operaciones a realizar están lejos de resultar lo sencillas que afirma la formación recurrente", agregan.

Al hilo, inciden en que esas operaciones, como sostienen la Fiscalía y la Abogacía del Estado, "tienen una mayor complejidad, pues no se trata de identificar a los hijos e hijas de las 901 personas con certificación consular y que, por tanto, quedan fuera de la suspensión cautelar, y no necesitan identificarse porque están correctamente en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)".

"Lo que habría que hacer, de acordarse las medidas cautelares pretendidas, es --abundan-- identificar, de las 189.678 personas incluidas" como hijos de nacionalizados, a quienes adquirieron la nacionalidad española por ser descendientes "de las 113.326 personas que tienen suspendida la inscripción en el CERA".

Y a la par afirman que "tampoco podrían satisfacerse las indeclinables garantías de defensa de los afectados", y que exigirían, al menos, el emplazamiento de los interesados. "Cumplimentar todos esos trámites indeclinables, por fugaces que sean los plazos que se otorguen, no permitirían tampoco resolver en tiempo hábil las reclamaciones presentadas, de manera que el censo definitivo pudiera estar cerrado con la debida antelación a la votación", añaden.

Seguridad jurídica y estabilidad electoral

Fue el pasado 9 de noviembre cuando el alto tribunal rechazó suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por esa disposición de la Ley de Memoria Democrática, de forma que podrán votar en las generales.

Los magistrados desestimaron las peticiones de Vox e Iustitia Europa que reclamaban extender la suspensión del voto a los hijos, mientras que la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se mostró en contra por "no resultar conformes y ajustadas a derecho".

Al respecto, hicieron hincapié en que la suspensión cautelar del voto a los nacionalizados se adoptó el 10 de septiembre, "mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales", y que ratificaron su decisión el 12 de octubre, "en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral".

"Por el contrario, la pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el CERA, a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados", argumentaron.

El Supremo consideró que "iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral".

"Por todo ello, en estas circunstancias, la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales", concluyó.

No obstante, los magistrados sí que mantuvieron la suspensión ya acordada, rechazando en otro auto las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares afectados personados en el proceso.

"Ahora con mayor intensidad, después de conocer la relación nominal de las personas que aparecen afectadas por las medidas cautelares acordadas en nuestros autos anteriores, su considerable cifra y las presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al CERA, persisten las razones que llevaron a apreciar la existencia de este último requisito", consideraron.

 

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