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VALÈNCIA (EP/C.G.). A la telenovela del Teatre Principal de València todavía le quedan varios episodios por emitir. El pleno de la Diputació de València se enzarzaba este martes en un agitado debate a raíz de la moción presentada por Ens Uneix en la que, en otras cosas, planteaba iniciar los trámites para la transmisión de la titularidad de la sala a la Generalitat y al Ayuntamiento de València. 

Esta propuesta, al menos en el caso del gobierno local, se ve con buenos ojos a juzgar por las declaraciones de la alcaldesa María José Catalá, quien ha defendido públicamente este modelo. Desde la Generalitat, sin embargo, se ha optado por mantener un perfil bajo en estas semanas en lo referente a la crisis del Principal.

La moción fue aprobada con los votos a favor de PSPV, Compromís y Ens Uneix y en contra de PP y Vox, una propuesta que ha agitado el tablero político y cuya ejecución sería, de acuerdo con el Partido Popular de la Diputación, “irresponsable”. Así lo han indicado a Europa Press fuentes del grupo, que dirige el 'popular' Vicente Mompó, que han advertido la aprobación de una moción "al ser política, no obliga a ejecutarla como tal”.

Desde el PP defienden que su postura es que están "al lado de la cultura", que sería "irresponsable" dejar la propiedad del espacio y que, de hecho, no se la cederán "a nadie" sin antes "sentarse, dialogar y comprobar que tanto el resto de administraciones como sector de las artes escénicas están de acuerdo”. Cabe recordar que, dos meses después del cierre de la sala -propiedad de la Diputació y cogestionada por la Generalitat- todavía no se ha dado una reunión y emitido una postura conjunta entre instituciones sobre el futuro del teatro. 

A este respecto, el PP se remite a la normativa y al artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que define la moción como "una propuesta que se somete directamente al pleno”. En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia contencioso-administrativa "coinciden en que las mociones de contenido político no son actos administrativos resolutorios". 

"No crean, modifican ni extinguen situaciones jurídicas, no producen efectos frente a terceros y no pueden ejecutarse por sí mismas. Expresan la voluntad política de la corporación, fijan una orientación y encargan al gobierno provincial que actúe en una dirección determinada. Su valor está en el compromiso institucional que formulan, no en una eficacia jurídica inmediata", exponen.

Espacio de coordinación interadministrativa

En la misma línea, hacen notar que "el punto aprobado no dice que la Diputación vaya a ceder la titularidad del Teatre Principal, sino que, a través del espacio de coordinación interadministrativa, se iniciarán negociaciones con las demás administraciones para acordar, en su caso, la transmisión de la titularidad 'mediante la fórmula jurídica y patrimonial que resulte procedente'".

Para que la titularidad cambie de manos "tendrían que darse varios pasos", explican. El primero, un acuerdo con la administración receptora, que también tendría que querer y poder asumir el inmueble. Después, la elección de la fórmula adecuada entre las que permite la legislación patrimonial.

Y, por último, prosiguen, "la tramitación del expediente que exigen la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: valoración del bien, informes de Secretaría e Intervención, información pública y, si se tratara de una cesión gratuita, un nuevo acuerdo plenario adoptado por mayoría absoluta, como exige el artículo 47.2.ñ) de la Ley de Bases de Régimen Local".

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