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Fedeca avisa de que la jornada de 35 horas en la AGE sin aumentar la plantilla ni el salario es una "trampa"

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MADRID (EP). La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha avisado de la "trampa" que supone la aplicación de las 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) sin aumentar la plantilla ni mejorar el salario.

En un comunicado, han valorado favorablemente la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos a 35 horas semanales porque puede favorecer la conciliación y el bienestar de los funcionarios, pero ha avisado de la imposibilidad de mantener la misma calidad de los servicios públicos trabajando menos horas.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha avanzado este viernes que en la primera quincena de abril se pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), una medida que ha contado con el respaldo de CCOO, UGT y CSIF.

Sobre la cuestión, Fedeca ha subrayado que, si se pretende mantener los mismos niveles de servicio con una menor jornada, ello implicará necesariamente un incremento de la productividad que debe ser reconocido y remunerado adecuadamente.

"Exigir más eficiencia sin una compensación acorde supondría trasladar la presión sobre los empleados públicos sin abordar los problemas estructurales de la organización administrativa", han señalado desde la entidad.

Por otro lado, Fedeca ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que esta medida se presente como una mejora retributiva, al aumentar el salario por hora trabajada.

En esta línea, ha recordado que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20% desde 2010, una situación que no se está revirtiendo con las recientes subidas salariales acordadas entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.

Por todo ello, Fedeca ha insistido en la necesidad de abrir un diálogo realista y constructivo sobre la estructura de la función pública, la planificación de efectivos y la dotación de los recursos necesarios para garantizar un servicio público de calidad.

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