MADRID (EFECOM). El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social presentada por Vox, con lo que continuará su tramitación.

El pleno del Congreso ha rechazado con 175 votos en contra, 137 abstenciones del PP y solo los 33 votos de Vox a favor la enmienda que consideraba la norma "una propuesta meramente cosmética, cuando no agresivamente ideológica" que busca incrementar "la dependencia de subvenciones y ayudas públicas" de las entidades de economía social.

En la defensa del proyecto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha incidido en que el objetivo es modernizar las normas reguladoras de un sector que aglutina en España a más de 43.000 entidades -como cooperativas, empresas de inserción o fundaciones- emplea a más de 2,5 millones de personas y representa más del 10 % del producto interior bruto (PIB).

Díaz ha subrayado que los cambios se han consensuado con las entidades que componen la economía social y ha criticado la falta de interés de Vox por este sector y sus necesidades.

"No quieren discutir sobre el fondo, da igual lo que se presente, sus oposiciones son siempre las mismas, consideran que legislar es una intromisión ideológica del Gobierno", ha criticado Díaz.

El diputado de Vox Carlos Hernández ha acusado en el debate al Gobierno de hacer con esta norma "más marketing que política".

El resto de grupos que han intervenido en el debate han expresado sus críticas a la enmienda a la totalidad de Vox y el PP también ha exigido al Gobierno cambios en la ley, especialmente en lo que respecta a los centros especiales de empleo.

"Discrepamos de aspectos sustanciales", ha reflexionado la diputada popular Cristina Teniente, que se ha mostrado abierta a buscar los consensos necesarios "para mejorar los defectos graves de esta ley" especialmente lo relacionado con los centros especiales de empleo.

La norma que ahora sigue su trámite modifica varios aspectos relacionados con la economía social.

En el caso de las cooperativas, el proyecto de ley adapta su funcionamiento a las nuevas tecnologías y exige a estas empresas que se doten de planes de igualdad cuando superen los 50 trabajadores y crea un registro de empresas cooperativas válido para todo el país.

El texto también modifica la regulación de las empresas de inserción, entre otros aspectos.