MADRID (EP). La tasación encargada por el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) indica que el piso de 250 metros cuadrados ubicado en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y que según el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, le habría ofrecido al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos en 2019 como supuesta garantía de obras "preadjudicadas", valía entonces 1,4 millones de euros y tenía como carga un alquiler a 20 años.
El magistrado Leopoldo Puente encargó este informe pericial, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que De Aldama asegurara en un escrito que ese inmueble era en realidad una "garantía" de las obras públicas supuestamente "preadjudicadas" a empresas vinculadas a la trama por parte de Transportes y los organismos dependientes del Ministerio.
El perito explica que "la valoración se realiza por el método comparativo, tomando como principales indicadores la situación actual del mercado inmobiliario de la zona, la actual evolución al alza de los precios debida a las circunstancias económicas actuales, así como las características del inmueble, su ubicación dentro del edificio y los costes de referencia de la Comunidad de Madrid".
Con ello, ha establecido que el precio del metro cuadrado en esa zona de la capital se sitúa actualmente en torno a los 8.000 euros, lo que para esos 250 metros cuadrados arroja un total de 2.017.194,73 euros.
No obstante, el valor de la casa a fecha de 24 de abril de 2019, como exigió el magistrado instructor, sería de 1.442.914,68 euros, unos 5.700 euros por metro cuadrados, precisa. En este sentido, señala que en estos seis años se ha revalorizado un 39%.
Según consta en la información registral facilitada al perito, se trata de una vivienda de 250 metros cuadrados situada en la 19ª planta de un edificio en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu que consta de cuatro dormitorios, un vestidor, dos baños, aseo, despacho, comedor, sala de estar, cocina, cuarto de lavado y planchado, dormitorio de servicio y tres terrazas.
El informe detalla que desde 2016 es propiedad de una empresa (Batarse y asociados), si bien tiene como carga un arrendamiento de 20 años, a contar desde 2012, con Royal Premier Hoteles.
Figura también una hipoteca por valor de 700.000 euros, como principal --más 20.650 euros de intereses ordinarios, 83.300 de intereses de demora y 28.000 euros de costas--, en 240 meses desde 2022 y con vencimiento en 2042.
En los datos proporcionados por el Registro de la Propiedad de Madrid se refleja también que por orden del Juzgado Central de Instrucción Número 5, a cargo del juez Santiago Pedraz, que investiga un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos vinculado a De Aldama, hay una prohibición preventiva de venta "o cualquier otra operación" desde el 7 de octubre de 2024.
Las acusaciones de Aldama
En su escrito al Supremo, De Aldama aseguró que, "entre otras relaciones económicas, se proyectó una operación, por la cual Ábalos adquiriría, sin contraprestación, el inmueble del Paseo de la Castellana número 164 de Madrid", propiedad del empresario, como "garantía" del cumplimiento del "compromiso" por parte de "determinadas constructoras" de "abonar comisiones, si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos, preadjudicados".
De Aldama sostuvo que con este objetivo se llegó a concertar el 24 de abril de 2019 una especie de contrato fiduciario que reflejaba un alquiler con opción a compra y que expiraba el 14 de febrero de 2024.
"Ábalos no tenía capacidad financiera para afrontar la compra del inmueble sito en Paseo de Castellana número 164, valorado entonces en aproximadamente 1,9 millones de euros antes de su reforma", por lo que este contrato le permitía "asegurarse el cobro de las comisiones futuras" y, "una vez abonadas, el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo", expuso De Aldama.
En este sentido, el presunto conseguidor aclaró que "el inmueble nunca fue ocupado por Ábalos". "De hecho, se encontraban realizándose obras de reforma que impedían su ocupación y, obviamente, no se pagó renta alguna, al tratarse de un mero contrato de fiducia", señaló.
