MADRID/VALÈNCIA (EP). El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mantendrá el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas, pese a la proposición no de Ley aprobada este miércoles por el Congreso que insta al Gobierno a alargar la vida útil de las centrales. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento, que recuerdan que fueron las empresas titulares y no el Gobierno las que decidieron el cierre.
"Se mantiene el calendario establecido", han subrayado. La Cámara Baja aprobó una iniciativa del PP en este sentido que salió adelante con apoyo de Vox y UPN y a pesar del 'no' de los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar), después de que los socios independentistas catalanes del Ejecutivo, ERC y Junts, optaran por abstenerse.
Cataluña tiene tres reactores en activo, el de Vandellós y los de Ascó (todos situados en Tarragona). Según cifras de la Generalitat catalana, la energía nuclear fue la principal fuente energética para la producción de energía eléctrica en la comunidad autónoma. En concreto, representó un 56,9% de la producción total, o 23.385,9 gigavatios por hora (GWh).
El PP ha sacado adelante esta iniciativa en el marco de la polémica por la central de Almaraz (Extremadura), la próxima en cerrarse. La presidenta 'popular' extremeña, María Guardiola, se han mostrado contraria a su cierre y, de hecho, ha llegado a escribir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciéndole que si "no reconsidera una bajada de impuestos a las empresas" propietarias de la central nuclear de Almaraz, que sea el Estado el que explote directamente esta planta para que pueda seguir funcionando.
A su vez, también se han dado varias protestas en la zona. El pasado 18 de enero, alrededor de 7.000 personas --según datos de la Guardia Civil-- se manifestaron en Almaraz en una concentración convocada por la Plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro'. Allí, pidieron la continuidad de esta planta entre gritos de "no se cierra" y pancartas que reivindicaron como "motor de vida y progreso".
Desde la Comunitat Valenciana, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado en varias ocasiones la petición al Gobierno de que no cierre la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y, de hecho, hace unos meses llegó a apelar a una "conjura" de la sociedad valenciana para que el Ejecutivo central "cambie su posición" y prolongue la vida útil de la instalación valenciana, frente a su cierre previsto para 2030.
Desde el sector denuncian la carga impositiva a la energía nuclear
El calendario de cierre nuclear fue acordado entre las empresas dueñas y Enresa en 2019 y está recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Este acuerdo marca que las siete centrales nucleares españolas se cerrarán de manera escalonada entre 2027 y 2035, comenzando por la de Almaraz (entre noviembre de 2027 y octubre de 2028) y terminando por la de Trillo en mayo de 2035.
Desde el sector, el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha pedido en varias ocasiones al Gobierno que sea flexible con el calendario de cierre nuclear. Así, ha recordado que las centrales producen más del 20% de la energía eléctrica que se consume en España y que el contexto actual está marcado en su opinión por el lento avance de las energías renovables.
A su vez, ha pedido tener en cuenta el retraso en el modelo de almacenamiento de los residuos nucleares y en la adaptación de las redes eléctricas, así como la "clarísima oleada nuclear" que recorre ahora mismo el mundo entero. Así, ha incidido en que España va a ser el único país con centrales nucleares en la Unión Europea (UE) que tiene centrales y que va a pararlas.
Los impuestos a la energía nuclear son otro de los choques frontales entre MITECO y el sector. Especialmente la Tasa Enresa, que el Gobierno incrementó en un 30% en 2024. Aunque Foro Nuclear considera que las centrales nucleares tendrían que seguir operando, su presidente ha puntualizado que no seguirían operando si las condiciones fiscales siguen igual.
Además, la propia central de Almaraz ha alertado de que la "asfixia económica" provocada por la alta carga impositiva a la que está sometida "pone en riesgo su viabilidad" a pesar de los "excelentes resultados" con los que concluyó el año 2024. La producción bruta generada entre las dos unidades de la central al finalizar 2024 fue de 15.655 GWh y evitó la emisión de 5,5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.
El calendario de cierre nuclear fue acordado por las empresas
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha insistido a las comunidades autónomas en que el calendario de cierre del parque nuclear, previsto entre 2027 y 2035, fue acordado por las empresas y plasmado en un protocolo firmado en 2019 y que ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado su modificación.
"El Gobierno trabaja en una doble vertiente con la energía nuclear: garantizar la seguridad de suministro, que avalan los estudios que recoge el PNIEC, y promover una transición justa en los territorios donde cierren las centrales", añadió.
Con relación a la fiscalidad de las centrales, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno no ha modificado la imposición a las centrales.
Respecto al coste de gestión de los residuos radiactivos, un coste operativo de las centrales, Aagesen ha recordado que este Gobierno se encontró en vigor un plan de gestión de los residuos de 2006, "totalmente desfasado, y ha habido que elaborar un nuevo plan, el séptimo, aprobado a finales de 2023".
"Este plan calcula los costes de gestión de los residuos en 20.000 millones, que deben sufragar las empresas titulares de las centrales, de acuerdo con el principio de 'quien contamina, paga'", ha explicado, antes de cuestionarse: "¿Los que piden reducir la fiscalidad nuclear quieren que esos 20.000 millones los paguen los españoles en lugar de las empresas?".
