ALICANTE. Júbilo entre los alcaldes de la provincia de Alicante y en el seno de la Diputación después de que el Ministerio de Hacienda haya rectificado su fracasado decreto sobre el uso de los remanentes de crédito (el dinero no gastado por las administraciones locales desde 2012). Como ha anunciado la titular de Hacienda, María Jesús Montero, el futuro decreto del Gobierno eliminaría el cumplimiento de la denominada regla de gasto, lo que cada año obliga a los consistorios a cumplir con las previsiones de ingresos y gastos; se prorrogaría para el  2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles (las que no generan gastos de mantenimiento con nuevo personal); se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. Y por último, también se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

Los alcaldes están a la espera de la letra pequeña de ese futuro decreto, pues, sólo que permitiera utilizar el superávit de 2019, ya supondría una inyección total por parte de los ayuntamientos y la Diputación superior a los 250 millones de euros. Ahora bien, todos muestran mucha cautela con los detalles de la medida. Y una medida que se descarta el uso acumulado de los remanentes de los ayuntamientos; es decir, sólo se podría gastar el superávit  de 2019, y claro está, el consistorio que disponga de ello. Si tiene dinero en las cuentas bancarias de otros años, no podrá hacerlo, como ya ha matizado el ministerio: "El nuevo Real Decreto-ley no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso", ha explicado el departamento de Montero.