VALÈNCIA. Las esperanzas de cobrar los 40 millones de euros que costaron las obras del circuito urbano de València nunca han ido mucho más allá del balance del antiguo EIGE, la empresa autonómica que pagó un trazado que no iba a costar "ni un euro" a los ciudadanos, tal y proclamó en su día el expresidente Francisco Camps.

El truco para que le saliera gratis a la administración consistía en cobrárselos en un futuro a los dueños de los terrenos, cuando se produjera el desarrollo de la actuación urbanística. La razón: el trazado iban a ser las calles del futuro barrio, de modo que repercutía en beneficio de los dueños del suelo.

En efecto, el Eige (rebautizado ahora como EVha), que es quien tiene el agujero en sus cuentas, sigue reclamando el abono. Pero el Ayuntamiento de València, que es quien debe cobrarle el montante a los dueños de los terrenos ya hace meses que desliza un planteamiento bien distinto: que los propietarios tan solo paguen a la administración local por la obra que realmente les resulte aprovechable.

La pregunta clave entonces es qué se podrá aprovechar del circuito abandonado y qué no, y el plano que ha trascendido sobre la nueva distribución del PAI deja entrever que se trata solo de dos rectas -y ello en caso de que realmente sea aprovechable el asfalto que se construyó para la infraestructura deportiva-.

En concreto, el nuevo dibujo, en el que desaparece el resto del trazado y los canales de agua previstos inicialmente, contempla la prolongación de la Avenida de Francia y de la Alameda, pero no el resto de la serpiente del circuito al otro lado de la Avenida Manuel Soto Enginyer.

Fuentes conocedoras de la actuación urbanística indican que esta cuestión deberá resolverse a través de un acuerdo con los dueños, puesto que un intento forzoso por parte del Ayuntamiento de cobrar una cantidad sobredimensionada podría llevar el asunto a un litigio que el consistorio tendría muchas opciones de perder.

Preguntadas al respecto, fuentes de Atitlan -la firma que abanderó la compra de 100.000 metros cuadrados en dicho espacio junto al fondo británico Hayfin Capital, la familia Martinavarro y el empresario Francisco Martínez- afirman que no conocen todavía el detalle del nuevo diseño y que, en consecuencia, no pueden cuantificar todavía cuál sería el pago justo al Ayuntamiento de València.