El otro día en lo de la Ser, Arcadi España volvió a conminar a Pérez Llorca a que se siente a negociar la propuesta del Gobierno de nuevo modelo de financiación autonómica. En los corrillos posteriores, despejó una duda que me asaltaba: ¿cuando habla de "negociar", se refiere a que el Gobierno está dispuesto a modificar la propuesta, o va a hacer como Montero con la quita de la deuda, que dijo que iba a negociarla y luego la envió al Congreso sin cambiar una coma? Respondió el ministro que el Gobierno, "por supuesto", está abierto a introducir cambios, no en los sustancial pero sí en los detalles.

Salí del evento dispuesto a escribir la enésima columna sobre financiación autonómica, instando en este caso al president de la Generalitat a sentarse a negociar, pero recordé a tiempo que esa columna ya la escribí hace seis meses. Así que la enlazo aquí: "Una cacicada negociable", y paso a ocuparme de un asunto mucho más entretenido, como es la corrupción y la condena de 24 años de cárcel que le ha caído a otro de nuestros paisanos: José Luis Ábalos.

Que lo de José Luis Ábalos es un castigo ejemplar es tan cierto como que ahora mismo, con la que está cayendo, hay políticos que están prevaricando, malversando, cohechando..., en definitiva, robando. Puede que con el tiempo descubramos que alguno de ellos es de los que más indignados proclaman que ¡esto es intolerable!, como Ábalos cuando nos dio aquellas lecciones de limpieza al defender la moción de censura en 2018.

Hacen falta más castigos ejemplares porque la sensación de impunidad no se ha perdido entre los políticos corruptos y, muchos menos, entre los funcionarios corruptos, que también los hay y rara vez son condenados.

También hacen falta, si hablamos de delitos, condenas ejemplares contra la corrupción más habitual en la administración española, que es el enchufismo, poco perseguido y aún menos castigado. Los jueces no quieren saber nada del artículo 406 Código Penal, que castiga "a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello". La mayoría considera el enchufismo un asunto contencioso-administrativo, no penal. 

En los pocos casos en que una víctima a quien han birlado su plaza acude a la vía penal está sola ante todo un departamento —sea en un hospital, universidad, ayuntamiento o empresa pública— que dice no conocer al enchufado y que transforma las evidencias en errores involuntarios. Siembran la duda y se van de rositas, y después se van de copas a celebrar su impunidad.

Hace falta contundencia, ejemplaridad y también rapidez, que es una de las grandes carencias de la justicia española. Se están juzgando hechos sucedidos hace 15 y hasta 20 años, que cuando acaban en condena siempre es con la atenuante de dilaciones indebidas, lo que ha conlleva que la pena sea menor que la merecida si se hubiesen juzgado los hechos a tiempo. Además, cuando la sentencia es absolutoria, las dilaciones acaban siendo una injusticia.

Y luego está lo del corruptor Aldama, que no va a entrar en prisión por colaborar con la justicia. No es la primera vez que ocurre y tiene lógica cuando se trata de un testigo de cargo imprescindible para pillar al resto. Lo que es escandaloso no es que un delincuente se libre de la cárcel por dar el do de pecho, sino que se libren corruptos o corruptores cuyo testimonio no es necesarios para armar el caso, como ocurrió en la Gürtel valenciana, donde absolutamente todos los empresarios que confesaron se libraron de la trena. ¿No tenía el fiscal suficiente con el testimonio de uno o dos?

En la Gürtel, por cierto, algunos acumulan penas muy superiores a los 24 años de Ábalos.

PS: Dice Ursula von der Leyen que los 946 millones de euros que la todopoderosa Unión Europea ha concedido a España para la reconstrucción, 20 meses después de la Dana, son "una expresión concreta de la solidaridad de la UE con nuestros amigos españoles". Efectivamente, esa mísera aportación, junto a la poca vergüenza de la presidenta de la CE, que no se ha dignado a visitar la zona afectada para no mancharse los zapatos de polvo —igual que su vicepresidenta y exministra de España Teresa Ribera—, retratan a una institución cuya cercanía con el pueblo se plasma en un comunicado oficinesco lanzado desde un despacho situado a 1.300 kilómetros de Paiporta donde proclaman: "Europa está con vosotros".