El Gobierno de España se parece cada vez más a la Real Federación Española de Fútbol, donde la cacicada está a la orden del día. La última, el amaño del reciente sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, en el que se cambiaron las reglas para que al Real Madrid y FC Barcelona les tocaran, sí o sí, equipos de segunda división.

En 2019, Rubiales decidió cambiar el formato de la Supercopa cuando ya se conocían los dos finalistas, Barcelona y Valencia, y coló a Real Madrid y Atlético para formar un torneo de cuatro que se jugaría en Arabia Saudita.

Pero la cacicada no quedó ahí. Rubiales decretó que Real Madrid y Barcelona cobrarían ocho veces más que el Valencia, idea que le dio Gerard Piqué, promotor de la iniciativa, según se supo luego por unos audios desvelados por El Confidencial: "A ver, Rubi, se paga 8 al Madrid y 8 al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación 6 kilos, tío". Piqué se adjudicó 4 "palos" como muñidor del apaño.

Esta semana, Oriol Junqueras ha hecho de Piqué, y Pedro Sánchez, de Rubiales con una nueva cacicada gubernamental como la que ya perpetró con la quita de la deuda autonómica. El líder de un partido minoritario y el presidente del Gobierno han pactado sin ningún rubor cuánto nos toca en el reparto a cada uno de los españoles. Solo nos falta el audio.

Al líder de ERC hay que reconocerle el mérito de hacer posible lo que durante siete años y medio era imposible por culpa del PP, según María Jesús Montero: que el Gobierno cumpliera con su obligación de presentar una propuesta de reforma del actual sistema de financiación que tanto perjudica a los valencianos. Resulta que sí se podía.

Una propuesta, la presentada este viernes, llena de burdos artificios para lograr su principal objetivo, que es sobrefinanciar a Cataluña para contentar a ERC.

Dicho lo cual, debemos celebrar que ya tenemos propuesta, como veníamos reclamando los valencianos a todos los gobiernos desde 2014, cuando gobernaba Rajoy.

Es cierto que las formas han sido las peores, con la escenificación en La Moncloa de una triste realidad, que es que para el Sánchez hay una comunidad de primera –tres, si incluimos a País Vasco y Navarra– y catorce de segunda.

Pero el vicio de origen, la foto de Sánchez y Junqueras, quedaría en una mera anécdota si se lograse aprobar un nuevo sistema de financiación. Lo importante es la propuesta, que, siendo injusta por el favoritismo hacia Cataluña, no pinta mal para la Comunitat Valenciana. 

Se nota que la vicepresidenta primera ha hecho el esfuerzo por reducir la brecha de 1.500 euros por habitante –"intolerable", según ella misma–, entre la comunidad peor financiada, la valenciana, y la que más recibe, que en la actualidad es Cantabria.

Si los políticos en España estuvieran preocupados por mejorar las cosas, se sentarían a hablar sobre dicha propuesta, la mejorarían, le sacarían más dinero al Gobierno para que la diferencia con Cataluña no fuera tan grosera y aprobarían el nuevo modelo porque es muy necesario para los valencianos. 

Pero como el tacticismo les nubla el horizonte, unos y otros están más preocupados por calcular cuántos votos pueden sacar que cuántos millones le tocan en el nuevo reparto.

Uno de los más prudentes ha sido Juanfran Pérez Llorca, quien afeó a Sánchez las formas pero evitó pronunciarse sobre el fondo hasta estudiar "en profundidad" la propuesta.

Contrasta con las alharacas de otros barones del PP y del socialista García-Page, cuya comunidad también sale bastante beneficiada al estar en la actualidad entre las infrafinanciadas. 

El president de la Generalitat dice que no aceptará el nuevo modelo si la Comunitat Valenciana no está en la media de financiación por habitante y si no se aprueba un fondo de nivelación para 2026. Es una buena base de negociación.

Lo primero está garantizado por la puerta de atrás –estilo Montero–, porque la vicepresidenta anunció que las CCAA que queden por debajo de la media recibirán una compensación, por el mismo importe, a través del Fondo de Competitividad Interterritorial.

Y el fondo de nivelación, que aportaría unos 1.700 millones ya este año, lo debería negociar el president de la Generalitat –¡llámame iluso!– con un Sánchez que antepone cualquier rédito político que pueda obtener a la justicia distributiva, como ya demostró con la quita o con el impuesto a la banca. Seguro que estaría dispuesto a aprobarlo mañana mismo a cambio del voto a favor de la Comunitat Valenciana para el nuevo modelo.

También podría apretar Compromís, que ve "insuficiente" la propuesta pero está abierta a respaldarla si se mejora. Y no estaría de más –¡vuelve a llamarme iluso!– que el PSPV volviera a apoyar a los valencianos en esta batalla, aunque le supusiera a Diana Morant tener que apretarle a Sánchez.

De paso, podrían exigir que se enmendase en el Congreso la propuesta de quita de la deuda autonómica, que encierra una trampa para los valencianos similar a la que castiga a los madrileños en la propuesta de nuevo modelo.

La propuesta supone 3.669 millones más para la Comunitat Valenciana, que no serán tantos porque Montero ha colado triquiñuelas como incluir en la suma impuestos que ya cobra la Generalitat. Pero aunque fueran solo 3.000 millones, está muy por encima de las expectativas que teníamos y del déficit actual de las cuentas de la Generalitat. 

Solo por eso, Pérez Llorca debería negociar, saliéndose de la línea marcada por el PP nacional, para que la Comunitat Valenciana deje de ser el pagafantas que busca la justicia universal mientras las autonomías que viven sin tantas urgencias ponen palos en las ruedas de cualquier reforma.

Es obvio que no es una propuesta justa y que Cataluña se beneficia de un favoritismo insultante en la forma y en el fondo. Pero menos justo es el sistema de financiación que los valencianos padecemos desde 2009, y el resto de comunidades no han hecho ningún gesto en 18 años para tratar de corregir el agravio, más bien todo lo contrario. Incluido Núñez Feijóo cuando gobernaba Galicia.