VALENCIA. Desde que llegó a la presidencia de la Generalitat, Alberto Fabra intentó marcar distancias con su antecesor, sobre todo en la gestión de los números. Las barbaridades que habían sucedido en la autonomía durante el mandato de Camps no se repetirían. Se intentaría hacer las cosas con seriedad y rigor. Se acabaría con el despilfarro. Por eso, cuando se asumió el cierre de RTVV, el Consell se puso de perfil, como si la cosa no fuera con ellos, y como si la culpa de dicha decisión debiera achacarse, únicamente, a una funesta "herencia" indeterminada. 

El problema es que sabemos por qué se ha llegado a esta situación. Sabemos que el gobierno autonómico es el principal responsable, y que Fabra no es en absoluto ajeno al desenlace final. No quiero dejar de reconocer algunos pequeños méritos, como el nombramiento de una persona (Rosa Vidal) que, a la hora de la verdad, ha demostrado independencia de criterio. La relativa, timidísima, mejora en los informativos. O el intento de arreglar una situación en verdad insostenible. 

Pero estos méritos palidecen ante lo estruendoso del fracaso, y sobre todo ante la decisión final de cerrar RTVV. La consumación del desastre, con unos motivos muy claros, y que deslegitiman totalmente a nuestros gobernantes para escudarse en ridículas comparaciones con los servicios públicos esenciales, que a los pocos días de proferirse podemos poner en perspectiva, con noticias como la decisión del TSJ de "devolver" a la Generalitat su condición de avalista del Valencia CF y su gigantesca deuda, que no tiene nada que envidiar a la de RTVV.

Cabe suponer que, en consecuencia, en breve el Consell nos anunciará su decisión de liquidar el club, que al fin y al cabo es una institución privada. Que puede que sea una medida impopular, pero ¿qué importa? Aquí tiene la Generalitat, y su presidente, Alberto Fabra, una inmejorable oportunidad para demostrar la firmeza de sus convicciones y de su compromiso con la educación y la sanidad públicas. ¿Acaso las eventuales consecuencias de la desaparición del Valencia CF (una institución privada, a diferencia de RTVV) deberían interferir en lo más mínimo con el propósito supremo del Consell por defender los servicios públicos esenciales? 

Por otra parte, si esos servicios públicos están ahora en riesgo, no es sólo a causa de la crisis económica.  La crisis es el marco en el que han estallado décadas de despilfarro y mala gestión. En RTVV, en el Valencia CF y en la Generalitat. Una forma de hacer las cosas condensada en proyectos faraónicos de cartón piedra, poco o nada meditados, y en donde pesaba mucho más una concepción del brillo y el glamour enormemente pacata que la vocación por hacer crecer a la Comunidad Valenciana y aumentar la prosperidad de sus ciudadanos (algunos, sin duda, sí que se volvieron muy prósperos; pero la mayoría ya sabemos cómo estamos).

Y como consecuencia, también, de la incapacidad del Consell para hacer oír su voz frente al Gobierno central para mejorar el modelo de financiación, principal responsable de la quiebra técnica en que nos encontramos desde hace años. Todos estos factores no son nuevos, y el cierre de RTVV es una consecuencia más, que no evitará el deterioro de los demás servicios públicos. Porque también RTVV es un servicio público que nos han escamoteado; no sólo cuando, en unos días, se cierre definitivamente, sino desde hace mucho tiempo.

EL DESMANTELAMIENTO DEL AUDIOVISUAL VALENCIANO

El previsto cierre de RTVV tiene muchos efectos colaterales, algunos de ellos insospechados. Pero uno de los más claros es que la desaparición del ente público autonómico deja totalmente a la intemperie a la mayoría del sector audiovisual valenciano, que, directa o indirectamente, tenía en RTVV a su cliente principal. Una situación en absoluto insólita, dado que RTVV es el medio de comunicación más potente que opera en la Comunidad Valenciana (y, de hecho, para eso se creó; para que los valencianos contasen con un medio propio, que llegase a donde otros no llegaban y hablase de temas que los medios privados dejaban a veces de lado). Pero que sí es cierto que ha generado una dependencia excesiva por parte de las empresas audiovisuales.

Esa dependencia ha sido, en parte, buscada por las propias empresas, que ante todo querían contar con contratos con RTVV, mucho más rentables y seguros que cualquier otra cosa que pudieran hacer. Sobre todo en la época dorada, en la que RTVV repartía juego entre todas y pagaba exageradamente bien. Lo hacía por el atávico descontrol de las cuentas que nos ha llevado a esta situación y también, en parte, porque algunas de estas productoras tenían magníficas conexiones con los directivos de Canal 9.

Pero, en buena medida, las empresas trabajaban para RTVV porque no había muchas alternativas. Y no las había porque la oportunidad de crear un sistema audiovisual privado de cierta dimensión en la Comunidad Valenciana se dejó escapar con la concesión de licencias que hizo el Consell de Camps en 2005, recientemente tumbada por el Supremo.

No se ha creado apenas una industria audiovisual privada orientada hacia la TDT local y autonómica, por la sencilla razón de que esta TDT local y autonómica tenía muy poco de local y de autónoma, puesto que está compuesta, en su mayoría, por televisiones de ámbito nacional que programan en cadena o por licencias realquiladas a diversos engendros de tarot y teletienda. Y así, poca industria audiovisual se genera (a la Bruja Lola le basta con una cámara fija que enfoque su afán por escrutar el futuro en unas cartas o en los posos del café).

En esta situación, el sistema audiovisual valenciano se orientó sustancialmente en torno a RTVV, de manera que cuando RTVV iba bien (o mal, pero fluía el dinero), las productoras se enriquecieron. Cuando empezó a retrasarse en los pagos, a pagar cada vez peor... comenzaron a pasarlo mal. Cuando RTVV entró en la indigencia, las productoras también lo hicieron, cerrando o cesando en su actividad a la espera de ver la resolución del contrato programa. Y cuando, finalmente, dicho contrato programa se ha desvanecido, y con él, el modelo que había delineado la Generalitat para la nueva RTVV, las productoras se verán abocadas, en su mayoría, a la extinción.

Es un fenómeno particularmente duro para quien esto escribe, que se dedica a dar clases a estudiantes de Periodismo (y durante muchos años, también de Comunicación Audiovisual). Estudiantes que entran en la Universidad de Valencia con algunas de las mejores notas de corte de toda la Comunidad Valenciana. Que, por formación y capacidad, tienen mucho que aportar a la sociedad. Pero que ven, por desgracia, cómo la sociedad en la que viven cada vez les cierra más y más puertas. Y no sólo a ellos.

#prayfor... EL PSPV DENUNCIA EN EL JUZGADO A QUINTELA Y JARABA POR EL 'CASO TRISKEL'

Uno de los ejemplos más acabados del expolio al que fue sometido RTVV fue, sin duda, el caso Triskel, que esta semana ha salido de nuevo al primer plano de la actualidad merced a la denuncia del PSPV contra Fernando Lázaro Quintela, entonces director de Antena de RTVV, y José López Jaraba, el director general que le contrató (y que ahora, a su vez, trabaja para la productora de Quintela).

Este asunto salió por primera vez a la luz, hace casi dos años, en esta misma columna: la productora Triskel realizó tres documentales para RTVV (sobre temas tan "valencianos" como los GAL, Rubalcaba o el juez Garzón) por los que cobró un precio desmesurado (600.000 € en total). Los documentales, además, fueron emitidos por Intereconomía antes de que se estrenaran en Canal 9 (es decir, que RTVV ni siquiera tenía la exclusiva). Y, sobre todo, la productora Triskel compartía domicilio social con otras productoras propiedad de Fernando Quintela, y sus integrantes eran los mismos que llevaban años trabajando para Quintela.

Como puede verse, el caso tenía prácticamente todos los ingredientes soñados por cualquier periodista o político de la oposición. Y, además, se añadía el matiz de que en este caso el expolio ni siquiera se produjo en la mencionada "época dorada", sino hace dos años, con la crisis ya omnipresente y RTVV en un estado lastimoso. Cabría preguntarse si el objetivo último del expolio era reinvertir los 600.000 € en escuelas y hospitales, aunque fuesen de gestión privada.