La financiación autonómica es un debate complejo, técnico y cargado de implicaciones políticas. Pero la complejidad no puede convertirse en una coartada para ignorar los hechos. Y el hecho central del nuevo modelo de financiación presentado por María Jesús Montero es claro: la Comunitat Valenciana recibiría 3.669 millones de euros más al año.

La propuesta no es una cifra opinable, ni un cálculo interesado, ni una promesa sujeta a condiciones: es el incremento real de recursos que nuestra comunidad recibiría con el nuevo sistema de financiación. Dinero para que la Conselleria de Sanidad no vuelva a dejar colgadas a más de 90.000 mujeres fuera del programa de cribado de cáncer de mama. Dinero para que la Generalitat Valenciana no vuelva a abandonar colegios que aún arrastran daños de la Dana. Dinero para reforzar infraestructuras, servicios públicos y cohesión social a lo largo y ancho de nuestra Comunitat.

Y, aun así, ante todo esto, el Partido Popular parece decidido a decir “no”. No a más recursos. No a la Comunitat Valenciana.

Conviene decirlo con claridad: decir “no” a este modelo tiene un coste. Y ese coste lo pagaríamos los valencianos y valencianas.

La Comunitat Valenciana arrastra desde hace años una anomalía conocida por todos: somos una de las autonomías peor financiadas de España. Lo hemos sido con gobiernos del PP y con gobiernos del PSOE, pese a que desde que gobierna Pedro Sánchez la Comunitat Valenciana ha recibido más recursos que nunca del Estado: 30.000 millones de euros adicionales en comparación con la etapa de Mariano Rajoy.

La diferencia es que ahora, por primera vez en mucho tiempo, hay una propuesta concreta de nuevo modelo de financiación que no solo reconoce esa infrafinanciación histórica, sino que la corrige y sitúa a la Comunitat entre las comunidades que más recursos ganarían.

Por eso sorprende —y preocupa— que el PP prefiera el ruido a los datos, la duda al compromiso y el cálculo partidista a la defensa de los intereses valencianos.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha centrado su primera reacción en criticar las formas del Gobierno de España y en señalar que “es pronto para valorar” la propuesta. También ha expresado reservas sobre una posible subida de impuestos y ha condicionado cualquier apoyo a la existencia de un fondo de nivelación.

Todo eso forma parte del debate político legítimo. Pero no puede servir para eludir la cuestión central: la Comunitat Valenciana gana 3.669 millones con este modelo.

Las formas pueden discutirse. Los detalles pueden analizarse. Pero los números están ahí. Y lo que no es razonable es utilizar excusas para justificar una posición que, de facto, mantiene a la Comunitat en la infrafinanciación.

Decir que “estar en la media no es nada extraordinario” es, en realidad, admitir el problema: llevamos años sin estarlo. Y ahora que existe una propuesta para paliarlo, el PP decide mirar hacia otro lado.

Durante años, el Partido Popular ha hecho bandera del agravio financiero valenciano. Ha denunciado la infrafinanciación y ha reclamado más recursos para la Comunitat. Sin embargo, cuando llega una propuesta que mejora de manera clara nuestra posición, el discurso cambia.

Oponerse a este modelo no es una posición neutral. Supone renunciar voluntariamente a miles de millones de euros que mejorarían la vida de los valencianos y valencianas. Supone anteponer la estrategia partidista al interés general. Y supone, en la práctica, aceptar que la Comunitat siga recibiendo menos de lo que le corresponde.

No se trata de independentismo, ni de privilegios, ni de acuerdos políticos ajenos a la Comunitat Valenciana. Se trata de financiación. Y la financiación se mide en recursos, no en eslóganes.

Este no es un debate abstracto. Cada euro que dejamos de recibir se traduce en menos médicos, menos docentes, menos atención a la dependencia y menos infraestructuras.

Por eso, rechazar de entrada un modelo que incrementa en 3.669 millones la financiación valenciana no es una decisión inocua. Tiene consecuencias. Y esas consecuencias las pagamos todos y todas.

Defender a la Comunitat Valenciana no debería ser tan difícil. La pregunta es sencilla:
¿defenderla es aceptar un modelo que nos da más recursos?

¿O bloquearlo para no conceder una victoria política al Gobierno de España?

A veces la política es complicada. Esta vez no.

Apoyar el nuevo modelo de financiación es defender los intereses de los valencianos y valencianas. Bloquearlo es hacerles pagar el precio de una estrategia partidista.

Es, en suma, el Partido Popular haciendo de Partido Popular. En la Comunitat Valenciana ya conocemos bien este patrón: cuando la realidad choca con el relato, el PP sacrifica la realidad. Para el Partido Popular, lo importante no es que entren 3.669 millones más en esta tierra, sino no perder la “iniciativa de comunicación”.

¿Verdad, Feijóo?

Aunque el coste lo paguemos, una vez más, los valencianos y valencianas.

José A. Díez es portavoz de Economía del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes