España atraviesa un momento decisivo de su historia democrática. En un contexto internacional marcado por la inestabilidad, la polarización y el avance de la ultraderecha, nuestro país ha demostrado que existe otra forma de gobernar: con diálogo social, con políticas públicas que protegen a la mayoría y con una idea clara de progreso compartido. Los datos, tozudos e incontestables, confirman que bajo el liderazgo del gobierno progresista de Pedro Sánchez, España no solo resiste, sino que avanza.
Hace apenas unos días, el presidente dirigía una carta a la militancia socialista en la que recordaba algo esencial: los resultados avalan la gestión de este gobierno. Y no se refería solo al crecimiento económico, sino a algo mucho más profundo y duradero: la cohesión social y la vertebración territorial. Nuestro modelo funciona. Funciona porque se basa en el diálogo social, en la justicia redistributiva y en la convicción de que el progreso no puede dejar a nadie atrás.
Eso no significa caer en la autocomplacencia. Queda mucho por hacer. Quedan empleos de calidad por crear, salarios que deben seguir subiendo y desigualdades estructurales que aún persisten. Precisamente por eso, porque somos conscientes de lo que falta, los progresistas tenemos hoy más que nunca la obligación moral de no detenernos. De no retroceder frente a una ola reaccionaria y ultraderechista que, con la complicidad de la derecha convencional, pretende devolvernos a un pasado de recortes en derechos y libertades menguantes. Los derechos no se conquistan para siempre; se defienden cada día.
España es hoy punta de lanza en la defensa del derecho internacional, de la paz y del multilateralismo, pero también en la defensa de los derechos laborales y sociales. El salario mínimo interprofesional ha subido como nunca, la temporalidad se ha reducido de forma drástica, el paro ha descendido y la afiliación a la Seguridad Social marca récords históricos. Las pensiones están protegidas, revalorizadas conforme al coste de la vida, y las rentas básicas garantizan una red de seguridad para quienes más lo necesitan. Esa es la diferencia entre gobernar pensando en las mayorías o hacerlo para unos pocos.
Nada de esto ha sido fácil. El gobierno de España ha tenido que avanzar en un contexto de enorme dificultad política, marcado por la falta de lealtad institucional de muchos gobiernos autonómicos del Partido Popular. Lo vemos con la ley de vivienda, boicoteada deliberadamente por quienes tienen las competencias para aplicarla, no porque no funcione, sino porque prefieren encallar un problema que afecta a miles de familias antes que reconocer un avance del Gobierno de España. Lo mismo ocurre con el sistema de financiación autonómica, claramente caduco, que exige acuerdos y altura de miras.
Pero el Partido Popular no quiere, ni puede, acordar con Pedro Sánchez. Primero, porque hacerlo significaría legitimar su liderazgo resolviendo los dos grandes problemas estructurales del país: la vivienda y la financiación autonómica. Y segundo, porque está atrapado por VOX en la mayoría de comunidades donde gobierna, consciente de que cualquier avance social pondría en riesgo esos pactos que sostienen su poder territorial.
La paradoja es evidente: nunca el Gobierno de España ha transferido tantos recursos a las comunidades autónomas para sostener los servicios públicos y el Estado del bienestar. Y, sin embargo, muchos gobiernos del PP optan por no reforzar la sanidad, la educación o los servicios sociales. Prefieren bajar impuestos a las rentas más altas, externalizar servicios públicos y convertir derechos en negocio, debilitando deliberadamente lo público.
Mientras tanto, una parte de la ciudadanía asiste con hastío al ruido mediático permanente, a la estrategia de desgaste basada en escándalos inflados o inexistentes, a los ataques a instituciones fundamentales como la Fiscalía General del Estado, mientras se protege a delincuentes confesos por puro interés partidista. Todo para evitar que se hable de lo esencial: del bienestar, de la economía, de los derechos. Porque saben que, objetivamente, el país nunca ha estado mejor.
Y sí, hay retos. Muchos. Pero como recuerda el presidente Sánchez, los progresistas tenemos el deber moral de luchar por el progreso, especialmente cuando el progreso está en peligro. Y ese deber tiene hoy un nombre claro: feminismo.
Los avances en igualdad llevan firma socialista. Y no los van a borrar las conductas deplorables de unos pocos. El PSOE es mucho más que los abusos intolerables de tres seres despreciables que no representan a nadie. Son millones de personas, y especialmente millones de mujeres, que han luchado y seguirán luchando, poniendo la cara, defendiendo derechos. Porque los valores del PSOE no tienen nombre y apellidos: tienen historia, militancia y compromiso.
Las socialistas y los socialistas no vamos a recibir lecciones de quienes han votado sistemáticamente en contra de todos los avances en igualdad. Votaron contra el derecho al divorcio, contra el derecho al aborto, contra el derecho al matrimonio igualitario. De quienes siempre han defendido los privilegios del patriarcado y hoy quieren devolvernos al blanco y negro. Por muchos medios que tengan y por mucho que intenten colonizar la inteligencia y la voluntad de nuestros jóvenes, sigue valiendo la pena luchar para que nuestras hijas y nietas sean más libres que nuestras abuelas.
En la Comunitat Valenciana, este debate entre avanzar o retroceder tiene un nombre propio y una herida abierta. Durante más de un año, los valencianos y valencianas hemos vivido sumidos en una cadena de mentiras sostenidas por el president Mazón y avaladas por Feijóo para ocultar una gestión negligente el día de la DANA, una gestión que costó la vida a 230 personas. Hoy, cuando el proceso judicial ha empezado a destapar esas falsedades, el Partido Popular ha optado por una huida hacia adelante: sustituir a Mazón por otro peón del mismo equipo, intentando imponer un relato de falsa normalidad, manteniendo en el Consell a buena parte de quienes aquel día actuaron con irresponsabilidad y abandono. Pero aquí sí ha pasado algo, y muy grave.
La sociedad valenciana no merece un gobierno que mienta, que eluda responsabilidades y que permanezca en el poder para seguir haciendo negocio mientras la sociedad valenciana sigue reclamando verdad, reparación y justicia. Y solo habrá verdadera reparación cuando los valencianos y valencianas puedan elegir un Consell que no les mienta ni les abandone.
Porque cuando el progreso está en juego, rendirse no es una opción.
Feliz año nuevo.
