En la lucha contra las inundaciones, las palabras no bastan. Tampoco los planos, ni los proyectos que no se ejecutan. Lo saben bien las industrias del entorno de la calle Pintor Joaquín Sorolla, en el polígono Ciudad Mudeco de Quart de Poblet, que volvieron a sufrir las consecuencias de la Dana del pasado 29 de octubre. Otra vez. Y van muchas. Demasiadas. Ninguna ha servido de lección.

Pero esta vez no fue solo un problema para las naves industriales. Esta vez, Quart ha registrado 2.376 expedientes en el Consorcio de Seguros, por valor de más de 52 millones de euros, a los que hay que sumar otros 32 millones que el Ayuntamiento invertirá en obras públicas. Entre las reclamaciones, 181 corresponden a industrias que emplean a miles de personas. Y hubo otra novedad: se inundó el casco urbano de Quart de Poblet.

El agua, esta vez, llegó más allá. Bajó con fuerza, sin contención, y se coló también en viviendas, calles y bajos del núcleo urbano a través de la vía de servicio que conecta Quart con la rampa de subida de Bonaire. En ese punto están iniciando un proyecto para el que no han convocado a Quart ni nos han dado audiencia pública en los próximos días.

El 29 de octubre, vecinos y vecinas que nada tenían que ver con el polígono vimos cómo el agua subía por las puertas, inundaba aparcamientos y trasteros y dejaba a su paso un rastro de barro, miedo e impotencia. Quieren resolver el problema de inundación de Aldaia y Alaquàs, pero no arreglan el origen del agua que causa una catástrofe en nuestros pueblos vecinos.

Los daños en Aldaia y Alaquàs suman 25.000 expedientes, 300 industrias afectadas, 16.000 vehículos dañados y 230 millones de euros en reclamaciones. ¿De dónde venía esa agua? ¿Para qué sirven tantos estudios de coste-beneficio si, en 20 años y tras 68 episodios de inundación registrados, la administración del Estado no ha solucionado nada? ¿Será suficiente la obra que ahora se anuncia, que plantea una capacidad de 130 metros cúbicos por segundo, o el agua buscará de nuevo su paso histórico?

¿Cómo puede ser que esto siga ocurriendo, sabiendo lo que se sabe y existiendo informes que lo advertían? La respuesta es tan sencilla como indignante: la Confederación Hidrográfica del Júcar ha decidido actuar prioritariamente aguas abajo, evitando afrontar el origen del problema por miedo a abrir el debate sobre la urbanización irregular desde Riba-roja hasta Quart de Poblet.

Se ha proyectado una nueva canalización del barranco de la Saleta en Aldaia y Alaquàs para proteger ciertas zonas del municipio vecino, pero no se ha hecho nada para frenar las aguas que llegan desde Quart. Nos han eliminado del proyecto original: en lugar de intervenir en el tramo que pasa bajo la A-3, junto a la base de la ONU y sus grandes antenas, se han limitado a "naturalizar" el barranco.

El agua sigue cayendo, acumulándose y corriendo sin freno por un antiguo cauce —el del barranco de Cañadafría o del Pozalet— que la urbanización descontrolada con fábricas sin permiso, muchas promovidas por corruptos franquistas y luego amnistiadas por los primeros gobiernos democráticos, ha borrado de los mapas. Pero no de la realidad. No quieren verlo y solo quieren solucionar los daños de la Aldaia del Bonaire: el de los cines y tiendas que seguían abiertos la tarde-noche del 29 de octubre.

Un informe estatal de 2022 ya identificaba claramente esta zona como un punto crítico, clasificado como Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Advertía que incluso lluvias frecuentes (T10) podían provocar anegamientos de hasta metro y medio. Y, aun así, ninguna de las actuaciones previstas por las administraciones contempla una intervención seria en este tramo. Ninguna.

Pero lo más preocupante es que el desvío del barranco de la Saleta hacia el sur, sin reforzar su capacidad, puede estar generando un problema aún mayor. En lugar de absorber el agua que baja desde Quart, el nuevo trazado la dirige directamente hacia el Barrio del Cristo, una zona ya de por sí vulnerable y que no está preparada para soportar caudales de esa magnitud. Lejos de proteger a más población, esta obra puede estar trasladando el riesgo de una parte del municipio a otra, sin resolver el origen del problema. 

Y eso no es todo. El destino final de esas aguas desviadas es el canal del Plan Sur del Túria, una infraestructura diseñada para proteger Valencia tras la riada de 1957. Pero el Plan Sur tiene un límite de capacidad. Y si se satura con escorrentías mal gestionadas, como las que bajan desde Quart y Aldaia, puede verse comprometida también la evacuación del propio río Túria. Y sin demogogia, son palabras mayores. Que el Plan Sur limita con Patraix, San Marcelino o Malilla.

En momentos de lluvias torrenciales, el Plan Sur podría encontrarse con agua descendiendo por el cauce del río… y con otra que le llega lateralmente. Si se bloquea ese punto de confluencia, Quart de Poblet podría sufrir un efecto rebote del Túria en su tramo final. Y entonces el desastre sería mayúsculo. Algemesí con la confluencia del Magro y el Xúquer es un ejemplo bien traído. 

Además, hay que mirar aún más arriba. Las lluvias torrenciales no entienden de límites municipales. En el episodio del 29 de octubre, empresas del área industrial de Riba-roja también sufrieron inundaciones importantes. Todo ese volumen de agua, en su viaje natural, desciende hacia Manises y Quart. Pero se topa con un dique inesperado: el aeropuerto de Manises, que actúa como barrera. Al no tener salida natural, el agua se acumula, rebota y se desvía lateralmente… hacia Aldaia.

Estamos ante una tormenta perfecta de irresponsabilidades: el agua baja desde Riba-roja y se desvía por el aeropuerto hacia Aldaia; baja desde Quart sin control; y todo ese volumen termina en un canal, el del Plan Sur, que no puede con todo. Y las medidas que se ejecutan, lejos de aliviar la presión, redibujan el riesgo y lo reparten de forma desigual.

Las industrias han hecho lo que han podido: zanjas, bombas, barreras improvisadas. Pero no es su responsabilidad proteger a todo un municipio. Esa es tarea de las administraciones. Lo que no es aceptable es que se inviertan recursos públicos en obras que no previenen la catástrofe, sino que la trasladan.

Hoy no hablamos solo de naves, ni de planos, ni de estadísticas. Hablamos de dignidad. De vecinos que sacan el agua con cubos. De trabajadores que pierden su jornada. De familias del Barrio del Cristo que pueden ver sus casas inundadas la próxima vez. De empresas en Riba-roja que ya sufren las consecuencias. De una infraestructura crítica como el aeropuerto, que se convierte en tapón hidráulico. De un canal del Túria que podría desbordarse si nadie actúa con responsabilidad.

La canalización es necesaria, sí. Pero debe planificarse territorialmente, con coherencia, justicia y visión a largo plazo. Porque lo que no se soluciona en origen, se repite. Y en Quart de Poblet —y en toda la comarca de l’Horta— ya no se puede permitir ni una gota más de irresponsabilidad. Proteger a empresas y a la ciudadanía. A más de 800.000 personas y sus bienes. El 25% de PIB valenciano y casi el 3% del estatal.

Lluís M. Campos es concejal de Compromís en Quart de Poblet