¿Seguirías trabajando si dejarlo te asegurara una mejor pensión?

Pensemos en una persona soltera, de 52 años, sin descendientes, que ha heredado el piso en el que vive de sus padres, ya fallecidos, y que trabaja desde los 18 años, percibiendo por ello el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Llegada a esta edad, esta persona se enfrenta a la alternativa de: seguir trabajando hasta los 65 años cobrando el SMI o dejar de trabajar, pero percibiendo cualquier tipo de ayuda que tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos le pueden otorgar.

Tras informarse, nuestro protagonista descubre qué, a partir de los 52 años puede percibir un subsidio del SEPE de 480€ al mes que puede compatibilizar con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por aproximadamente 179€ al mes y algún tipo de renta mínima de la Comunidad Autónoma Valenciana, donde vive, de aproximadamente 50€ al mes. En total, 709€/mes netos, ya que no hay ni IRPF, ni cotizaciones.

Por otra parte, aunque no trabaje, el Estado sigue cotizando por él, por el 125% de la base mínima.

En el caso de que esta persona decidiera seguir trabajando hasta los 65 años, percibiría un ingreso mensual bruto de 1.184€ que se transformaría en 1.109€/mes netos, tras el IRPF y las cotizaciones sociales.

En resumen, si trabajara después de los 52 años percibiría un importe neto de 1.109 euros/mes y si no lo hiciera de 709€/mes.

Pero ¿qué pasaría una vez jubilado a los 65 años?

Curiosamente, si el trabajador hubiera optado por trabajar hasta los 65 años, su pensión anual bruta estimada estaría en torno a 15.000€/año. En cambio, si hubiese optado por dejar de trabajar y vivir de los subsidios, su pensión anual bruta estimada estaría en torno a los 17.000€/año.

En este artículo se asume como hipótesis que las necesidades básicas del trabajador están cubiertas en ambos casos, los cálculos son aproximados y el planteamiento es necesario para la reflexión posterior.

¿Qué decisión tomaría el lector?

En términos de bienestar, este dilema refleja un clásico de la microeconomía: consumo frente a ocio. Cuando los ingresos cubren solo lo esencial, el valor adicional del dinero disminuye y la utilidad del tiempo libre y la reducción de esfuerzo laboral puede ser decisiva. La elección depende, por tanto, de las prioridades personales

Lo que plantea este dilema, tanto desde el punto de vista del trabajador como desde el punto de vista del resto de la sociedad es sí la opción de dejar de trabajar y vivir de los subsidios, a pesar de poder seguir trabajando y aportando a la sociedad, es ética, legal, legítima y defendible desde el punto de vista moral.

Desde luego la decisión es legal y legítima. Elegir la opción de dejar de trabajar y vivir de los subsidios no significa incumplir un deber, significa ejercer un derecho otorgado por la legislación vigente.

Se puede criticar esta opción desde un punto de vista moral y social, entendiendo que no es aceptable dejar de contribuir a la sociedad y vivir a su costa. Pero, asumiendo, solo a modo de hipótesis, como aceptable está crítica, ¿quién es el realmente responsable de la situación? ¿el trabajador que toma una decisión en función de la normativa o el legislador que la aprobó y que posibilita la elección entre ambas opciones?

La responsabilidad es del legislador, no del trabajador:

-La ley es la que establece el subsidio y la compatibilidad de ayudas.

-Al permitir que una persona pueda optar por cobrar un subsidio hasta la jubilación en lugar de trabajar, el legislador crea la situación que genera la elección.

-Si la sociedad considera que esto representa un “desequilibrio”, debe pedirle al legislador que cambie el diseño normativo, no criticar el comportamiento individual del trabajador.

Este hilo argumental y esta conclusión es perfectamente aplicable a cualquier decisión que tomen los agentes económicos, situaciones que encajan en la llamada “teoría de los incentivos perversos”.

Vemos constantemente críticas sociales o partidistas en RRSS ante decisiones individuales de empresarios, trabajadores y consumidores: tipos de contratación utilizados, bajas por enfermedad dudosas y prolongadas, cambios de residencia, ficticias o no, para pagar menos impuestos, etc.

En estas situaciones nos encontramos con un elemento común, la decisión de los agentes económicos, que moral y socialmente reprobable o no, se hace en términos de utilidad individual y, normalmente, está amparada en una normativa y en una aplicación de esta que lo permite. Tanto si la normativa es equivocada, como si los encargados de aplicarla no lo hacen o lo hacen de manera errónea, la responsabilidad máxima es del legislador y de los gobernantes que lo permiten, pues tienen capacidad suficiente para modificar la norma o para conseguir que esta se aplique de acuerdo con su espíritu, estableciendo los controles y sanciones oportunas a los agentes sociales que intentan aprovecharse de los resquicios del sistema.

Las decisiones se toman en función de la utilidad individual que representan. Entre las consideraciones que tienen en cuenta los agentes económicos está el riesgo de incumplir una norma y las consecuencias de hacerlo. Que no haya consecuencias o que el riesgo de que las haya sea muy reducido, aumenta la probabilidad de que cualquier trabajador, empresario o consumidor tome decisiones en contra de la norma, pero qué a nivel individual aumentan su utilidad.

En definitiva, son el legislador y los encargados de aplicar las normas aprobadas en las Cortes Generales, los responsables de que los ciudadanos adapten su comportamiento a lo querido por la sociedad. Si no hacen su trabajo, lo más probable es que las de decisiones de dichos ciudadanos se alejen de lo social, ética y moralmente deseable.