No está en mí ánimo crear alarmismo, más bien ser realista, a la par que, una vez más, manifestar –como simple ciudadano y como representante de un colectivo empresarial– cómo la reiterada infrafinanciación que sufrimos en la Comunitat Valenciana nos está llevando a una situación financiera default con dificultad de pagos en plazo y, por supuesto, importantes recortes en nuestras necesarias y prioritarias inversiones, máxime cuando las obras y actuaciones de reconstrucción económica y social tras la catástrofe producida por la Dana 29-oct-24, requiere de sobreesfuerzos económicos que el Gobierno del Consell –ante la práctica ausencia y cicatería calculada del Gobierno de la nación– ha tenido que hacer frente, con cargo a endeudamientos, las obras de Emergencia.

Sólo a modo de recordatorio, unas cifras y ratios que reflejan nuestra realidad económica:

–Nuestro ratio poblacional es del 11,8 % (5.467.242 hab. CV/49.315.949 hab. Nacional) mientras que nuestro PIBcv (2024), al ser tan sólo de 139.420 M€, nuestra aportación al PIB nacional es sólo el 8,744%.

–Nuestra financiación/cápita (población ajustada) es de 3.141€/hab. lo que supone -249€/hab/año frente a la media nacional y -1.936€/hab/año a la mejor financiada (Cantabria) o -315 € menor que un catalán o -222€ menor que un madrileño. Ello ya nos supone 1.361 millones €/anuales de infrafinanciación. El modelo vigente lleva pendiente de revisión desde el año 2014, una actualización postergada –tanto por Rajoy como por Sánchez– que se mantiene el modelo del 2009, pese a la infrafinanciación que genera en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.

–En consecuencia, nuestro PIB/Cápita. (2024) es de 27.611 €/año/ valenciano frente a una media de 32.633€/año/ español. Por primera vez históricamente, los ciudadanos valencianos (renta/cápita) estamos un 15% por debajo de la riqueza media española.

–Igualmente, según las estimaciones de Fedea cerraremos el 2025, con un déficit del 1,4%, el peor de todas las CCAA.

A consecuencia de todo ello nuestra deuda financiera asciende a 60.696 Millones de euros, equivalente al 39,90% de nuestro previsto PIB 2025. Deuda que el actual Consell de PPCV ha conseguido al menos contener, aún con el esfuerzo inversor que han supuesto las obras de Emergencia Post-Dana. Ante tal situación se prevé que los próximos PGV-2026 (pendientes de la investidura del nuevo Presidente de la Generalitat) y posterior debate parlamentario nos obliguen a llevar a mínimos las inversiones prioritarias que necesita la Comunidad Valenciana, y ahí es donde la iniciativa privada y el modelo concesional, en sus múltiples versiones/facetas puede, debe, y es necesario que así suceda, acudir en auxilio colaboración y ayuda con transparencia, eficacia y eficiencia a potenciar prioritariamente las inversiones en sanidad y la movilidad pública metropolitana.

Hablemos de Sanidad: En España, al igual que Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Portugal, Finlandia y Suecia, estamos acogidos al modelo Sanitario Beveridge (William Beveridge-1948) que enfatiza que la salud, como derecho humano que es, su cobertura debe ser universal y es el Gobierno el que a través de los impuestos debe garantizar su correcta, eficaz y eficiente prestación. Por el contrario, países como Alemania, Austria, Francia, Bélgica y Países Bajos, están acogidos al sistema Bismark (implantado por el Canciller Otto Bismarck) que se financia con cuotas obligatorias de empresarios y trabajadores, con impuestos específicos y finalistas, y gestionados por entidades no gubernamentales.

Según datos aportados por el Ministerio de Sanidad, en España actualmente tenemos 450 hospitales que pertenecen al Sistema Nacional de Salud (SNS) y 310 hospitales al Sector Privado con un total de 156.000 camas, lo que supone una ratio de 3,16 camas cada 1.000 habitantes. Muy similar a Italia y Reino Unido (3,4 camas/1000 hab.) y muy por debajo de países de referencia, como Alemania y Francia con 8,2 y 6,4 camas respectivamente por cada 1.000 hab. En cuanto a la Comunidad Valenciana, tenemos 63 hospitales –37 públicos y 26 privados– con un total de 14.050 camas, lo que supone un ratio de 2’7 camas por cada 1.000 habitantes.

Por otra parte, los datos que nos ofrece el Ministerio de Sanidad en cuanto a la capacidad asistencial por CCAA (dotación de camas en funcionamiento y estancia media por paciente) y en consecuencia la capacidad máxima anual de ingresados que admitiría atención continuada, la disparidad entre CCAA es muy significativa. Ante un ratio medio española del 14,9%, las autonomías mejor dotadas son Cataluña con el 23,7%, el País Vasco con el 19,7 % y Aragón con el 19,5%. La Comunidad Valenciana presenta un 15,5% de cobertura.

Siguiendo estudios de la OCDE, actualizados en cuanto a costes por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, y ajustados los precios, igualmente, a las últimas licitaciones habidas, hemos calculado la inversión que supondría el construir hospital tipo de 1.000 camas.

Valorando en 340.000 € / cama, las infraestructuras (proyecto y dirección de obra i/licencias y tasas; obras de construcción, instalaciones de agua, luz, aire acondicionado, aparatos elevadores, gases medicinales, comedores, almacenes, cocinas, etc.) y en otros 90.000 €/ cama en equipamiento médico-sanitario, resultaría necesaria una inversión de unos 430 millones de euros por hospital tipo de 1.000 camas. Además, igualmente y en base a datos del Ministerio de Sanidad, el mantener operativa y en funcionamiento una cama, del Sistema Nacional de Salud supone unos 185.000 euros/cama/año.

Este estudio y sus correspondientes ratios de capacidad asistencial referidos a la Comunidad Valenciana nos lleva a unas carencias, y consecuentemente a la necesidad de dotarnos de unas 3.900 camas adicionales, equivalentes a una inversión de 1.680 Millones de euros, y para mantener operativo este incremento de 3.900 camas, necesitaremos otros 721,5 millones de mayor dotación anual en la Consellería de Sanidad.

Dado que, en los Presupuestos del 2025, la Consellería de Sanidad tenía asignado dentro de su presupuesto total de 9.186,974 M€, para Gastos de funcionamiento (4.278 M€) y para Inversiones (469 M€), habría que incrementar unos 2.100 M€ - que supone un incremento del 23% s/2025- los presupuestos de Sanidad para el ejercicio 2026 y parte del año 2027. Deseo/necesidad notoriamente improbable dada nuestra situación financiera.

En cuanto a la falta de médicos, los datos conocidos y ratificados por la Organización Médica Colegial de España (OMC) tampoco es favorable, antes, al contrario, para la Comunidad Valenciana. Se apunta que tenemos 2.216 médicos menos en activo por habitante en comparación con la mesa nacional.

Tenemos 527 facultativos por cada 100.000 habitante, frente a una media nacional de 568 facultativos. Por el contrario, Madrid cuenta con 671 y Asturias y Navarra, con 642, o País Vasco con 632.

La Comunidad Valenciana repite entre las peor situadas en cuanto a especialistas, en esta categoría no se cuentan los facultativos de Medicina Familiar, Pediatría y Urgencias.

Esta carencia y necesidad de dotar de personal médico a nuestra Comunitat, ahonda si cabe más, las dificultades en dotar de Inversiones para nuevos Centros Hospitalarios.

Recuperar el modelo concesional para seguir invirtiendo en infraestructuras –ahora nos referimos a las sanitarias–, palancas del crecimiento económico y atención social, hoy en día son una necesidad. Como estamos viendo, los Presupuestos Públicos – PGVA– 2026 y siguientes años, están cada vez más encorsetados. En este contexto, cabe apostar como única solución por la Colaboración público-privada, con esquemas tanto de concesión de pago por el usuario, como por fórmulas de pago diferido por parte de la Administración Autonómica. Fórmulas de colaboración Público-Privadas que permiten iniciar las obras/Inversiones, sin necesidad de contar con la disponibilidad de fondos, ya que el socio privado adelanta la inversión y el pago queda laminado a lo largo de todo el periodo concesional.

Igualmente existe una eficiencia derivada de la equidad intergeneracional y del reparto proporcional que las concesiones permiten.

Finalmente apuntar sobre el Complejo Sanitario proyectado en Campanar (antigua Fe, ya demolida): por qué no rebautizarlo como la Nueva Ciudad Sanitaria Doctor José Mir Pallardó, eminente cirujano especializado en trasplantes hepáticos, con 1.680 trasplantes en su carrera profesional, nacido en Mislata, con numerosos premios y distinciones: Premio Rey Jaime I de investigación médica; Premio Valenciano del siglo XXI año 2005; Medalla del Ministerio de Sanidad al Mérito Civil 2003; miembro honorario de la Sociedad de Cirujanos de Chile 1995; Perú 2001, etc.

Y por qué no acometer este Complejo Sanitario poniendo ya nuevamente en práctica con transparencia, concurrencia, con el previo informe de la ONE (Oficina nacional de Evaluación) y siguiendo las recomendaciones de OIReScom (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública), consistente en flexibilizar el cálculo de la tasa de descuento y definiéndola como a rentabilidad esperada por el mercado para cada proyecto, que deberá definirse de forma individualizada por el Órgano de Contratación según el método de Coste Medio Ponderado del Capital (WACC):

Todo con luz y taquígrafos, huyendo de falsos mantras contrarios a la externalización y dar entrada a la iniciativa privada en los asuntos públicos. Seguir avanzando hacia una Comunidad Valenciana, también en Sanidad, más prospera, puntera, equitativa y solidaria.

Manuel Miñés Muñoz es director-gerente y secretario General de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana