La celebración del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, nos invita a hacer balance sobre los avances conseguidos y a renovar nuestro compromiso con una de las causas más nobles por la que seguir luchando: la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.

La Constitución Española de 1978 fue el hito fundamental que consagró legalmente el principio de igualdad y la plenitud de derechos sin distinciones, dejando atrás discriminaciones injustificables.

La igualdad es una causa transversal que no merece ser instrumentalizada ni pertenece a sigla alguna. Nadie tiene el monopolio ni puede atribuirse en exclusiva la lucha por la igualdad, que es mérito y conquista de toda la sociedad y tarea de todos los gobiernos y partidos a lo largo de la democracia.

Lamentablemente, el clima divisivo alentado por el actual Gobierno dificulta seguir haciendo de la igualdad un objetivo compartido. Mientras se soslayan debates sobre los problemas reales de las mujeres, se alimentan el enfrentamiento y la ruptura en la sociedad y entre organizaciones sociales.

La falta de diálogo y rigor legislativo y la negativa a escuchar a expertos y voces discrepantes han causado un retroceso real en libertad y seguridad para las mujeres. Quienes han ganado en libertad han sido los agresores sexuales beneficiados por la nefasta Ley del “solo sí es sí”.

Hasta las feministas socialistas “clásicas”, marginadas por el sanchismo, han denunciado el borrado jurídico de las mujeres y la desprotección de la infancia causados por la Ley Trans, y han apelado a reflexionar internamente ante los escándalos, contradicciones e incoherencias que han deslegitimado y dañado irreparablemente el discurso feminista oficial.

Un cóctel explosivo de casos de machismo, corrupción, prostitución, ocultación y desprotección de las víctimas ha destapado la doble moral del “Gobierno más feminista de la democracia”. Lo que faltaba era ver que un alto mando policial, de la máxima confianza del ministro, fuera acusado de violación y acoso a una subordinada.

El 8M significa denuncia y reivindicación, pero también homenaje y reconocimiento a quienes literalmente se juegan la vida en la defensa de los derechos humanos negados a las mujeres.

Vaya mi reconocimiento a mujeres como Aminata Soucko, de Mali, que dirige en Valencia la Red Aminata, asociación dedicada a la atención de mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina, brutal práctica que afecta también a niñas y constituye una forma extrema de discriminación y desigualdad. Con motivo del 25N, la Diputación de Valencia, de la mano de su vicepresidenta Natàlia Enguix, concedió el premio Celia Amorós a esta entidad por su encomiable lucha contra esta lacra.

Rindamos tributo a las valientes mujeres iraníes que, bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, desafían un régimen teocrático que reprime con torturas y ejecuciones arbitrarias cualquier manifestación de protesta. Escuchemos el grito de libertad de la periodista Masih Alinejad, exiliada y amenazada por enfrentarse a la opresión de un sistema totalitario.

Recordemos a la joven Mahsa Amini, torturada hasta la muerte en 2022 en Teherán por no llevar el velo según las estrictas normas. Sirva su memoria para tomar conciencia y denunciar las atrocidades que se perpetran contra las mujeres en tantos rincones del mundo, sin olvidar a las mujeres afganas, sometidas a la crueldad del “apartheid de género” del régimen talibán y obligadas a vestir el burka.

El reciente debate parlamentario sobre la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos ha retratado la hipocresía del PSOE y demás izquierda radical, al justificar, en nombre de la libertad religiosa, lo que no son más que instrumentos sumisión y control sobre el cuerpo y la libertad de la mujer, mecanismos de dominación masculina y de segregación. El velo integral es la institucionalización del sometimiento y la invisibilidad femenina.

Es tal el desbarajuste moral de ciertos sectores de la izquierda autoproclamados feministas, que en pleno siglo XXI hay que hacerles entender que defender el burka ―una humillante cárcel de tela― no es precisamente feminista.

El Partido Popular defiende que ninguna tradición ni creencia puede justificar prácticas que invisibilizan, discriminan u oprimen a la mujer. Esto no va de señalar religiones ni de inmigración, sino de costumbres aberrantes que niegan los derechos de la mujer. Esto va de derechos humanos.

Al margen de relatos sesgados y retóricas interesadas, el Partido Popular seguirá firmemente comprometido con la igualdad de derechos y de oportunidades, contribuyendo a abrir puertas y derribar muros. Urge poner el foco en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y apostar por medidas reales y efectivas para que las mujeres sean verdaderamente libres para elegir en todos los ámbitos y alcanzar sus propios objetivos personales y profesionales.

Laura Sáez, diputada de Hacienda y alcaldesa de Carlet