Llegaron las elecciones extremeñas, y la esperada debacle del PSOE. Los socialistas habían estado gobernando Extremadura desde los inicios de la democracia, con mayorías que casi nunca bajaban del 40% de los votos y en ocasiones superaban el 50%. El domingo pasado, en cambio, el PSOE a duras penas alcanzó el 25% de los votos, 18 escaños. Once escaños y casi veinte puntos menos que el PP.

Bien es cierto que los conservadores no han logrado su objetivo de desembarazarse de Vox, y que, de hecho, Vox ha crecido y se ha hecho más imprescindible para ellos que antes de las elecciones. Con lo cual podría colegirse que la arriesgada decisión de María Guardiola, presidenta de Extremadura, le ha salido mal, pues apenas ha incrementado sus apoyos mientras Vox doblaba los suyos. Pero las elecciones le han hecho un gran servicio a su partido en el ámbito nacional, porque constituyen la primera prueba de resistencia del PSOE y de Pedro Sánchez tras más de un año sin celebrar procesos electorales. Y el resultado de la prueba es devastador.

El PSOE se ha hundido sin remisión en una región teóricamente afín, y todo el mundo ha comenzado a hacerse a la idea de que la mayoría PP-Vox es inevitable. Esto significa que el PP se resignará a pactar con Vox (en Extremadura y en todas partes), pero también incidirá en una desmovilización del voto de izquierdas para detener el acceso de la ultraderecha al poder, porque dicho acceso no se va a poder impedir mediante la movilización del electorado, muy deteriorado en su apoyo a Sánchez y a su ala izquierda (Sumar), como lo está el propio Gobierno. Y sustancialmente porque las razones para apoyar a Pedro Sánchez, más allá del mantra de que, si no está él, vendrá alguien peor para los intereses de las izquierdas, ya no es ni remotamente suficiente para la mayoría.

No lo es porque la precariedad parlamentaria del actual Gobierno le impide ejecutar sus políticas. Pero, sobre todo, porque, suponiendo que pudiera ejecutar dichas políticas, ¿cuáles serían estas, exactamente? Pedro Sánchez ha gobernado más de siete años, durante los cuales no ha hecho nada, o muy poco, por mitigar el problema de la vivienda, ni la precarización laboral, ni la degradación de los servicios públicos, ni los problemas de convivencia de muchos barrios y municipios españoles. Y además, en paralelo, han surgido escándalos que atacan a dos puntales de este Gobierno: la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de las mujeres. Escándalos frente a los cuales el PSOE no ha reaccionado, ni ha dado explicaciones, de manera convincente

La desmovilización, por tanto, es un hecho. Y no sólo es una cuestión de que los votantes del PSOE se vayan y ya volverán. Algunos no se van a la abstención, sino al PP o al ala izquierda "crítica" (Podemos), o incluso a Vox. Pese a lo cual, la respuesta de Pedro Sánchez, en la Ejecutiva del PSOE posterior al desastre electoral en  Extremadura, fue que "Los votantes volverán en las Generales". Que es más o menos lo mismo que, con displicencia, ha dicho la vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero: que los votantes han sido unos vagos ahora en Extremadura, pero que bueno, cuando lleguen las Generales ya irán a votarles. Por miedo a la derecha. El mismo argumento desde 2019. Por apoyar sus políticas y las realizaciones de este Gobierno no, qué cansado gobernar para hacer cosas, mejor estar para que no estén otros. Igual no son sólo los exvotantes del PSOE los que son unos vagos.

En resumen: frente al peor resultado de la historia del PSOE (y el peor de la historia por catorce puntos de diferencia con el segundo peor, no por un par de décimas), cero autocrítica. Ninguna consideración sobre la obvia vinculación existente entre estos pésimos resultados y la deriva, pronunciada y prolongada, del Gobierno de España y de su presidente desde que obtuvo la investidura en 2023 y comenzaron a aflorar, por un lado, múltiples escándalos de dispar gravedad, pero que afectaban a los más íntimos colaboradores de Pedro Sánchez, y, por otro, la evidencia de que el Gobierno no podía gobernar (aunque tampoco es que gobernase mucho, en lo que se refiere a desarrollar políticas progresistas, cuando sí tenía la mayoría para hacerlo). Alguna alusión a que, bueno, tal vez el problema es que pusimos a un candidato procesado por la justicia con juicio previsto en unos meses, que intentó librarse de la imputación forzando a su propio partido para obtener el aforamiento, y que resulta que está procesado por haber enchufado al hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Pero ahora, con una ministra de Pedro Sánchez, Pilar Alegría en Aragón, seguro que les va mucho mejor.

A ver qué explicación peregrina ofrecen Pedro Sánchez y sus acólitos de cara al nuevo descalabro electoral que asoma en lontananza, si es que se molestan en decir algo. Mientras tanto, cada día que pasa queda más claro ante la opinión pública que el único propósito del presidente para resistir en el poder tiene muy poco que ver con la "resistencia" frente a la malvada ultraderecha que pretende dar la vuelta a las maravillosas políticas de progreso del Gobierno, cualesquiera que éstas sean, y mucho con que pretendan moverle del sillón. A él y a los que actualmente dependen del Gobierno, que son muchos. Y si mientras tanto la izquierda se hunde más y más en sucesivas comunidades autónomas y ayuntamientos, pues no pasa nada. Ya volverán los votantes en las Generales. Y si no vuelven (espoiler: no volverán), pues que les quiten lo bailao.